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| Manifestantes contra el agua sucia fueron vejadas por policías en Casa Jalisco; exigen se castigue al gobernador. | ||||||
| Otra víctima, la doctora, Daniela Álvarez Cepada, completa con lágrimas en los ojos la narrativa del horror vivido dentro de un cuarto “de 5 por 5 metros” en el interior de Casa Jalisco —la residencia oficial del gobernador, Pablo Lemus— donde fueron encerrados alrededor de 40 manifestantes quienes, afuera, habían sido detenidos con exceso de fuerza luego de rociarlos con gases lacrimógenos y chorros de agua a presión. | ||||||
| Lunes 26 de Octubre de 2026 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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Otra víctima, la doctora, Daniela Álvarez Cepada, completa con lágrimas en los ojos la narrativa del horror vivido dentro de un cuarto “de 5 por 5 metros” en el interior de Casa Jalisco —la residencia oficial del gobernador, Pablo Lemus— donde fueron encerrados alrededor de 40 manifestantes quienes, afuera, habían sido detenidos con exceso de fuerza luego de rociarlos con gases lacrimógenos y chorros de agua a presión. "Hubo una chica que convulsionó y yo como médico intenté acercarme, mínimo para acomodarla en una posición segura. No me dejan acercarme y luego llegan paramédicos que ni siquiera son buenos para darle la vuelta. Empieza a convulsionar de nuevo y yo me asusto mucho, veo que nada más le ponen una solución salina, yo les dije no le pongas eso, pero sólo le pusieron agua. Las policías decían que estaba fingiendo, se reían, una indolencia ante gente que ya estás lastimando”. Ambas coinciden en que fueron humilladas, vejadas, golpeadas, insultadas. A la abogada Arriola, que fue detenida junto con su hija de 19 años por acudir a la marcha para exigir agua sin contaminantes, la metieron a Casa Jalisco entre cuatro policías “con el pantalón abajo”, vio a otro hombre que fue metido desnudo y así lo dejaron hasta que después de un rato “le aventaron un short para que se lo pusiera”. "Los vamos a desaparecer, ya no van a salir, vamos a ir a buscarlos, tenemos sus fotos, de todos, sus nombres”, cuenta respecto a la amedrentación sufrida y las amenazas recibidas durante la 12 horas en que estuvieron retenidas. Las dos forman parte de un grupo de aproximadamente 10 víctimas que ya presentaron denuncia ante la Fiscalía General de la República por las presuntas torturas a que fueron sometidas y que también han declarado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que atrajo el caso y que en un primer informe de lo encontrado denunció que el bloque de infiltrados que generó disturbios y dio pretexto para la represión de ese 11, estaba en coordinación directa “con autoridades policiales”. Decidieron anunciar públicamente lo que sufrieron y exigieron que sea castigado el gobernador, Pablo Lemus, y los mandos policiales, empezando por el secretario de seguridad estatal, Juan Pablo Hernández, como directos responsables, aunque éste último declarara “yo no fui” la semana pasada. Aunque dijeron tener miedo porque policías investigadores de la fiscalía ya han ido a sus domicilios, señalaron que declarar de forma pública es una forma de protegerse e hicieron responsables a las autoridades estatales de cualquier agresión en su contra, conminando a la FGR a que, como ocurrió con la CNDH, atraiga las investigaciones porque “ya se han tardado”, mientras el ministerio público local está integrando carpetas de investigación apócrifas, con datos falsos y forzados durante las detenciones. También denunciaron la nula acción de la CEDHJ que no intervino durante las agresiones dentro de Casa Jalisco pese a tener personal en el interior del cuarto donde confinaban a quienes iban reteniendo y donde los seguían golpeando “con saña infinita, como si les hubiéramos hecho algo”. Confirmaron que fueron introducidas por la calle Montreal ubicada entre la residencia oficial y un asilo, llevadas hacia un cuarto que funcionaba como cocina o comedor improvisado y aunque las autoridades han negado que se tratara de Casa Jalisco, el novio de Daniela logró registrar la ubicación en tiempo real dentro del perímetro de la residencia oficial gracias a una captura de pantalla, antes de que le quitaran el dispositivo a su pareja. Horas después los detenidos fueron subidos a un camión negro sin placas ni identificación y, aunque inicialmente les dijeron que los trasladarían a la Cruz Verde debido a la gravedad de los heridos, el vehículo se desvió hacia las instalaciones de la fiscalía del estado. Allí, las vejaciones continuaron, los mantuvieron a la intemperie bajo la lluvia, empapados y con frío. A varios jóvenes los dejaron semidesnudos o sin pantalones, sin que el personal de la fiscalía les proporcionara ropa. También se les condicionó la atención médica y la emisión del parte de lesiones a que se desnudaran por completo en un consultorio, cuyas ventanas cubiertas apenas con bolsas de plástico, permitían que cualquier persona afuera los viera. José Francisco Salazar González, abogado defensor de cuatro de las víctimas incluidas Gabriela y Daniela —doctor constitucionalista y profesor en la Universidad de Guadalajara—, dijo que lo ocurrido configura un catálogo de violaciones de todo tipo a los derechos humanos, a los protocolos policiales y jurídicos, incluida violencia de género pues en muchos casos fueron policías hombres quienes golpearon a las mujeres retenidas. Entre los delitos contra las víctimas enumeró que fueron golpeadas, incomunicadas, humilladas y trasladadas a una "prisión privada" dentro del perímetro de la residencia oficial del gobernador, para posteriormente ser procesadas bajo irregularidades sistemáticas en la fiscalía estatal. |
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