De Veracruz al mundo
Alerta informe de CartoCrítica sobre riesgos del posible uso de fracking en provincia petrolera Tampico-Misantla.
El documento señala que esta provincia petrolera se extiende desde el sur de Tamaulipas, la Huasteca potosina e hidalguense, hasta el norte y centro de Veracruz y la Sierra Norte de Puebla, donde existen áreas potenciales, prospectivas y prioritarias para la extracción de aceite y gas húmedo mediante fracturamiento hidráulico.
Domingo 05 de Julio de 2026
Por: REDACCION GOBERNANTES
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XALAPA.- De acuerdo con el informe Fracking sin coordenadas públicas, elaborado por CartoCrítica, el posible desarrollo de fracking en la provincia petrolera Tampico-Misantla tendría un impacto directo en el norte y centro de Veracruz, al formar parte de la franja con mayor interés para la extracción de hidrocarburos no convencionales en México. El documento señala que esta provincia petrolera se extiende desde el sur de Tamaulipas, la Huasteca potosina e hidalguense, hasta el norte y centro de Veracruz y la Sierra Norte de Puebla, donde existen áreas potenciales, prospectivas y prioritarias para la extracción de aceite y gas húmedo mediante fracturamiento hidráulico. De acuerdo con la investigación, recuperar apenas 10 por ciento del recurso prospectivo en Tampico-Misantla requeriría la perforación de 21 mil 611 pozos y el uso de mil 620.8 millones de metros cúbicos de agua dulce. A cambio, se obtendría el equivalente a 5.9 años del consumo nacional de petróleo. Según el análisis de CartoCrítica, la inversión estimada para esa explotación superaría los 302 mil millones de dólares, casi 10 veces el presupuesto anual total de Petróleos Mexicanos (Pemex). El despliegue implicaría caminos, ductos, transporte de agua, manejo de residuos, tránsito pesado y ocupación recurrente del territorio. El informe advierte que el riesgo para Veracruz no se limita a la extracción petrolera, sino a sus impactos sobre el agua, la salud y las tierras comunitarias. En las áreas no convencionales de Tampico-Misantla y su radio de impacto potencial de 15 kilómetros habitan 4 millones 433 mil 535 personas. La región también concentra una alta presencia indígena. El reporte identifica 871 mil 066 personas hablantes de lengua indígena, así como territorios vinculados a pueblos nahua, totonaco, tepehua, otomí y téenek, por lo que el impacto podría alcanzar formas de vida, organización comunitaria y derechos colectivos. CartoCrítica señala además que 946 mil 644 personas en esta zona no cuentan con derechohabiencia a servicios de salud; 148 mil 339 viviendas carecen de agua entubada y 188 mil 128 no tienen drenaje, lo que incrementaría la vulnerabilidad ante posibles afectaciones sanitarias o ambientales. El análisis también destaca el impacto en localidades rurales. En la provincia Tampico-Misantla hay 132 localidades urbanas dentro del área de exposición, pero también 13 mil 521 localidades rurales, donde el monitoreo, la atención temprana y la exigencia de reparación podrían enfrentar mayores dificultades. Uno de los puntos más sensibles es la propiedad social. Cerca de 41 por ciento de la superficie de interés petrolero en Tampico-Misantla, equivalente a más de 1.4 millones de hectáreas, corresponde a ejidos y bienes comunales. Lo anterior involucraría a 2 mil 081 ejidos y comunidades agrarias. En materia hídrica, el documento advierte que el problema debe evaluarse a escala local. Aunque la región puede parecer con mayor disponibilidad de agua que el norte del país, el 74.9 por ciento del agua requerida por el fracking se ubicaría en zonas donde la operación consumiría entre 50 y 100 por ciento de la disponibilidad local. Además, 8.6 por ciento del agua tendría que obtenerse de cuencas o acuíferos sin disponibilidad actual. El informe también precisa que existe una provincia petrolera denominada Veracruz, pero sus recursos no convencionales son considerados marginales frente a Tampico-Misantla, por lo que no fue incluida en la reconstrucción cartográfica principal. CartoCrítica concluye que el desarrollo del fracking en esta franja del país representaría una intervención territorial de gran escala, con beneficios energéticos de corto plazo frente a riesgos acumulativos para el agua, la salud, las comunidades rurales y los territorios indígenas.


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