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XALAPA.- Luego de afirmar que la Fiscalía General del Estado aceptó 10 recomendaciones en materia de derechos humanos, incluidas cuatro que fueron rechazadas en la administración de Verónica Hernández Giadáns, la fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, destacó que la decisión derivó en el reconocimiento de 187 víctimas directas e indirectas. Refirió que las recomendaciones corresponden a resoluciones emitidas por organismos de derechos humanos y a expedientes reconsiderados por la actual administración. “En total son 10 las recomendaciones que he aceptado. Son cinco que dio la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una de la Comisión Nacional y cuatro que son recomendaciones reconsideradas que ya se habían rechazado. Yo las reconsideré y las acepté”, aseguró. La Fiscal General indicó que entre los casos revisados se encuentra el ataque ocurrido en el bar Caballo Blanco, en Coatzacoalcos. Jiménez Aguirre señaló que la aceptación de los resolutivos implicó el reconocimiento formal de víctimas y responsabilidades institucionales. “Estas 10 recomendaciones han conllevado el reconocimiento de 187 víctimas reconocidas directas o indirectas”, sostuvo. Refirió que la Fiscalía debe avanzar en procesos de capacitación y actos públicos de reconocimiento hacia las víctimas. “Esta institución tiene una deuda con la ciudadanía. Debemos avanzar no solo aceptando recomendaciones, sino también capacitándonos y disculpándonos de manera pública”, afirmó. Durante su exposición, la Fiscal relacionó esta política institucional con operativos realizados contra delitos de alto impacto en la entidad. Indicó que en cateos recientes fueron aseguradas mil 426 dosis de droga, 35 armas y 861 elementos balísticos. “Esto nos permite prevenir otro tipo de delitos, delitos violentos. Con estas armas muchas veces privan de la vida o lesionan”, explicó. En materia de extorsión, informó que las denuncias disminuyeron de 268 casos en diciembre de 2025 a 121 en marzo de 2026. Además, reportó la inhabilitación de 582 líneas telefónicas vinculadas con ese delito. “Estas líneas se encuentran ya inhabilitadas. Han ido a la baja porque también ha ido bajando el delito de extorsión”, señaló. La fiscal agregó que también se obtuvieron sentencias por secuestro y homicidio, así como detenciones en flagrancia derivadas de operativos coordinados con fuerzas estatales y federales. Indicó que la institución continuará con procesos de revisión y cumplimiento de recomendaciones en materia de derechos humanos.
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