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| Ante el caso de San José Iturbide, hay que perfeccionar la política contra el huachicol: Alfonso Ramírez Cuéllar. | ||||||
| Ramírez Cuéllar presentó iniciativa para combatir el huachicol fiscal con una política de Estado y fortalecer la trazabilidad de los combustibles. | ||||||
| Domingo 20 de Septiembre de 2026 | ||||||
| Por: El Heraldo de México | ||||||
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En este contexto, Ramírez Cuéllar consideró necesario que el Estado mexicano continúe perfeccionando su política contra el huachicol, particularmente frente a un fenómeno que ha evolucionado más allá de la extracción clandestina en ductos y que exige fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre toda la cadena de suministro. El diputado destacó que la iniciativa que impulsa reforma cuatro ordenamientos jurídicos con el propósito de construir una estrategia integral que combine: Prevención tecnológica Coordinación institucional Persecución penal Seguimiento de los bienes y recursos vinculados con estas actividades. “Lo que necesitamos es que la información que ya generan las empresas pueda convertirse en una herramienta efectiva de prevención. Una diferencia relevante no puede permanecer aislada en un sistema mientras otra autoridad desconoce esa señal de alerta”, afirmó. Uno de los principales componentes de la propuesta son los controles volumétricos, que permiten realizar una verdadera contabilidad física del combustible y comparar las entradas, salidas y existencias de una empresa. La iniciativa establece como referencia una discrepancia relevante cuando ésta supere el 1.5 por ciento en hidrocarburos o petrolíferos líquidos y el 3 por ciento en gaseosos, una vez descontadas las mermas técnicas certificadas. La propuesta plantea además un circuito de información más ágil entre el Servicio de Administración Tributaria y la autoridad energética. Los permisionarios deberán reportar las discrepancias relevantes dentro de las 24 horas hábiles siguientes a su detección y, en determinados supuestos, la Secretaría de Hacienda deberá formular la querella electrónicamente en un máximo de 48 horas hábiles, dando aviso a la Comisión Nacional de Energía, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. El diputado explicó que el objetivo es que una anomalía detectada en un sistema pueda activar rápidamente al resto del aparato estatal: la autoridad fiscal verifica, la autoridad energética puede adoptar medidas preventivas, la Fiscalía investiga y la autoridad financiera analiza la ruta de los recursos. La iniciativa también propone crear un delito específico para las discrepancias volumétricas injustificadas dentro de empresas reguladas, cuando exista una diferencia significativa entre el combustible recibido, entregado y existente que no pueda acreditarse mediante CFDI, pedimentos aduanales u otra documentación legalmente reconocida. De manera complementaria, se plantea combatir expresamente el denominado “huachicol de barril”, mediante sanciones para quien comercialice, suministre, ofrezca o expenda hidrocarburos en vías públicas, carreteras, baldíos, domicilios particulares o cualquier lugar distinto de los establecimientos autorizados, cuando no pueda acreditarse legalmente la procedencia del producto. “Combatir el huachicol requiere seguir la ruta del combustible, pero también la ruta del dinero. Debemos contar con instrumentos para identificar cómo entró a la cadena comercial, quién lo recibió, cómo fue trasladado, dónde se almacenó y qué beneficios económicos generó”, sostuvo. Otro componente fundamental es el fortalecimiento de los mecanismos de aseguramiento y extinción de dominio. La propuesta contempla vehículos, equipos de almacenamiento y expendio, instalaciones utilizadas para estas actividades y recursos financieros vinculados con los delitos de hidrocarburos, al tiempo que preserva los derechos de propietarios y terceros de buena fe. También plantea que, cuando el Ministerio Público solicite judicialmente una medida cautelar, el juez resuelva en un plazo máximo de 48 horas. Finalmente, Ramírez Cuéllar enfatizó que la iniciativa busca complementar y fortalecer las capacidades institucionales existentes mediante tecnología, coordinación y reglas más claras, para proteger los ingresos públicos, la seguridad energética y la legalidad en el mercado de combustibles. “Los acontecimientos de Guanajuato muestran la importancia de seguir perfeccionando nuestras herramientas. México necesita una política contra el huachicol que sea preventiva, tecnológica y capaz de seguir tanto la ruta del combustible como la ruta de los recursos que genera. Se trata de fortalecer al Estado para que pueda actuar con mayor oportunidad y eficacia, siempre con sustento jurídico”, concluyó. |
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