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| PAN pide al Senado evaluar desaparición de poderes en Sinaloa tras acusación de EU contra Rocha Moya y otros funcionarios. | ||||||
| El PAN advirtió que México no puede permitir que quienes tienen la responsabilidad de combatir al crimen organizado estén bajo sospecha de vínculos con él. | ||||||
| Mircoles 29 de Abril de 2026 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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Acción Nacional destacó que Sinaloa enfrenta desde hace más de un año y medio una situación de violencia constante, con pérdidas humanas y afectaciones económicas, sin que el gobierno estatal haya logrado restablecer la seguridad. En ese contexto, sostuvo que un gobierno bajo este nivel de señalamientos no cuenta con las condiciones para enfrentar la crisis ni para garantizar la tranquilidad de las familias. Por ello, el PAN consideró que se debe evaluar de manera inmediata en el Senado de la República la desaparición de poderes en la entidad, como una medida prevista en la Constitución para situaciones extraordinarias. “No se trata de una medida extrema, sino de una respuesta necesaria ante una situación que ha rebasado a las autoridades locales”, señaló el partido a través de un comunicado. Finalmente, Acción Nacional advirtió que México no puede permitir que quienes tienen la responsabilidad de combatir al crimen organizado estén bajo sospecha de vínculos con él. EU imputa a Rocha Moya y mandos policiales por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este miércoles una acusación formal contra once funcionarios —actuales y anteriores— de Sinaloa, entre quienes se encuentra el gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, y mandos de corporaciones policiales estatales y municipales. De acuerdo con la fiscalía estadounidense, los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos a cambio de protección política, apoyo institucional y sobornos millonarios. En la acusación también se señala a Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Díaz Vega, Damaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Aviles, Alberto Jorge Contreras Nunez, identificado como “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipolito, alias “Tornado”, Juan de Dios Gámez Mendivil y Juan Valenzuela Millan, alias “Juanito”, por delitos de tráfico de drogas y conductas relacionadas con armas de fuego. Al gobernador Rubén Rocha Moya se le acusa de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. De ser declarado culpable, enfrenta una condena de cadena perpetua o, en su defecto, una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión. |
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