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| 'Sería inconcebible que hubiera reelección': Ramírez Cuéllar rechaza continuidad de Colmenares en la ASF. | ||||||
| El final del periodo de David Colmenares al frente de la ASF llega entre denuncias por presunto incumplimiento de funciones y cuestionamientos a su desempeño técnico, incluida una caída de 81% en la recuperación de recursos observados durante su gestión. | ||||||
| Martes 03 de Febrero de 2026 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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La declaración del legislador morenista se dio en entrevista con Animal Político, en medio de señalamientos por presunto incumplimiento de funciones durante la gestión de Colmenares y pese a que el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, no ha descartado su reelección. El periodo del actual titular de la ASF concluye en marzo de 2026. Colmenares fue designado por la LXIII Legislatura en San Lázaro el 15 de marzo de 2018 para el periodo 2018-2026. La normativa vigente permite su reelección, un escenario que Ramírez Cuéllar rechaza abiertamente al advertir que “la reelección perjudicaría muchísimo el buen funcionamiento de la Auditoría”. Para el diputado, el cargo de auditor superior implica una responsabilidad que exige distancia absoluta de intereses particulares y una conducción que fortalezca el carácter preventivo, técnico y profesional del órgano fiscalizador. “Para mí sería inconcebible que hubiera reelección” Al ser cuestionado sobre el mensaje que enviaría Morena si respaldara la continuidad de Colmenares pese a los señalamientos, Ramírez Cuéllar respondió: “Para mí sería inconcebible que hubiera reelección”. El diputado insistió en que la designación del próximo auditor debe significar “un rompimiento de inercias” y “una transformación radical”, y que el nuevo titular debe tener “un gran profesionalismo”, “una enorme honestidad” y “un alejamiento absoluto de cualquier interés particular”. Aunque dentro de Morena se han percibido posiciones distintas respecto a la eventual reelección de David Colmenares, Ramírez Cuéllar negó que exista una fractura interna. “No hemos discutido el interior de Morena en este tema. No sabemos cuáles sean los puntos de vista, yo los he expresado con mucha claridad”, afirmó. Ante el escenario de que el nuevo titular de la ASF se elija sin un consenso amplio dentro de Morena, Ramírez Cuéllar descartó que ello pueda traducirse en un conflicto interno o en un riesgo para la gobernabilidad legislativa. Aseguró que la bancada terminará alineándose en torno a una ruta común. “Vamos a encontrar un punto de acuerdo. Creo que cada día es más urgente, más necesario y creo que cada día estamos más convencidos de que hay que hacer cambios estructurales, reformas radicales, volver a rescatar el sistema de fiscalización y auditorías”, expresó. Monreal no descarta la reelección El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ha declarado que la posibilidad de mantener a Colmenares en el cargo sigue abierta. Sobre el próximo proceso de designación, indicó que la convocatoria se emitirá entre el 17 y 18 de febrero, con miras a que la Cámara concluya el proceso a principios de marzo. Monreal consideró que este nombramiento es “importantísimo”, al nivel del relevo en el Consejo General del INE. También señaló que la Cámara podría optar entre elegir a una nueva persona o ratificar al actual titular: “Lo que la asamblea determine, que puede incluso ratificar o reelegirse el que está o nombrarse uno nuevo”. Señalamientos contra Colmenares El cierre del periodo de Colmenares está marcado por críticas y denuncias. La ahora expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) —encargo que culminó el 28 de enero—, Vania Pérez Morales, presentó en diciembre una denuncia ante la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados por presunto incumplimiento de funciones. En una publicación en redes sociales hecha el 22 de diciembre, Pérez Morales escribió: “Esta denuncia es un mensaje claro: cuando una autoridad falla, se debe activar el Estado de derecho. Como parte del SNA, es relevante actuar con firmeza para que la legalidad se respete y la integridad pública no sea negociable”. En la denuncia, Pérez Morales señaló que desde 2019 no existen constancias de sesiones del Sistema Nacional de Fiscalización ni del Comité Rector, pese a que la ley obliga a reuniones ordinarias cada seis meses y extraordinarias cuando sea necesario. Indicó que “es evidente, el incumplimiento de las funciones del Auditor Superior de la Federación”, lo que vulnera los principios del servicio público establecidos en el artículo 109 constitucional. Afirmó que existe materia para iniciar una investigación administrativa y advirtió la posible actualización de la hipótesis prevista en el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas sobre abuso de funciones, al señalar que el auditor “se ha valido de su posición en el cargo y conforme a sus atribuciones y en omisión de ellas, ha procurado inducir a los demás integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, así como a las autoridades que participan en el Sistema Nacional de Fiscalización, al realizar actos insuficientes e ineficaces con el consecuente perjuicio al servicio público en el combate a la corrupción”. Asimismo, el desempeño técnico de la auditoría ha sido objeto de cuestionamiento. En 2024, Animal Político documentó que durante la gestión de Colmenares la recuperación de recursos públicos señalados por presuntas irregularidades cayó 81% respecto al sexenio anterior. El primer año de Colmenares, 2018, marcó una caída abrupta: frente a los 9 mil 900 millones de pesos recuperados en 2017, solo se recuperaron 2 mil 376 millones de pesos, un desplome del 82% que rompió con la tendencia previa. El diagnóstico del legislador: un sistema “inexistente” Para Ramírez Cuéllar, sin embargo, la discusión no puede reducirse a la permanencia o salida del auditor actual, sino que debe enmarcarse en un rediseño profundo del sistema de fiscalización. En la entrevista, Ramírez Cuéllar recordó que en septiembre pasado presentó dos iniciativas, una de reforma constitucional y otra de reforma a la Ley en materia de auditorías y fiscalización. El diputado subrayó que “México no puede darse el lujo de tener instituciones fiscalizadoras con una debilidad estructural”, y añadió que el sistema debe garantizar que “el gasto público se ejerza con honestidad, con eficacia, con eficiencia”. Entre los cambios estructurales que propone se encuentra que las auditorías se realicen en tiempo real, con un enfoque preventivo que permita corregir desviaciones durante el ejercicio del gasto y no años después; la eliminación de la reelección; y la creación de una estructura colegiada para evitar la concentración de decisiones en una sola persona. Advirtió que la concentración actual “puede generar redes de extorsión, intereses no deseados, ineficiencias, falta de pulcritud y alcance en las auditorías”. La iniciativa también impulsa reglas explícitas contra el nepotismo para impedir que el titular de la ASF tenga familiares cercanos en dependencias sujetas a fiscalización, pues considera que esto es “fundamental para el buen funcionamiento de la auditoría”. El diputado considera además indispensable la participación ciudadana, así como la protección de quienes denuncian irregularidades, y reclama una reducción sustancial en los plazos de revisión, que actualmente pueden tardar hasta dos años. “Dos años es muchísimo”, dijo, al subrayar que plazos tan largos vuelven “imposible las labores de prevención” y retrasan la corrección de irregularidades. Calendario y proceso: así se elige al titular de la ASF El cargo de auditor superior de la Federación tiene una duración de ocho años y admite una sola reelección. Su nombramiento corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados, que debe aprobarlo con mayoría calificada de dos terceras partes. Para competir por el puesto, las personas aspirantes deben ser mexicanas, acreditar al menos 10 años de experiencia en tareas de fiscalización, gozar de buena reputación, no haber ocupado cargos políticos en un periodo reciente, contar con título profesional y no haber sido inhabilitadas para el servicio público. El proceso se desarrolla en varias etapas: inicia con la convocatoria que emite la Comisión de Vigilancia, seguida por un periodo de 10 días naturales para el registro, la entrega de documentos y el currículum. Cinco días después del cierre se revisa el cumplimiento de requisitos y, dentro de los cinco días posteriores, se realizan las entrevistas. Con base en ello, la Comisión integra en un plazo máximo de tres días una terna que se somete a votación del Pleno. Si ninguna persona obtiene la mayoría calificada, se debe formular una nueva terna. La persona finalmente designada rinde protesta ante el Pleno. Por: Amiel Martínez |
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