XALAPA.- Por considerar que la actitud de la recién llegada magistrada Ahleli Antonia Feria Hernández, adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Veracruz, es autoritaria, ilegal y contraria al artículo transitorio décimo de la más reciente reforma judicial, que reconoce y protege los derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial Federal, el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal A.C. lanzó un pronunciamiento en contra de la togada. Y es que, apenas instalada en el cargo, la magistrada exigió la renuncia inmediata de todo el personal de confianza, incluyendo a cinco secretarias de base, bajo el argumento de que “se trata de una nueva administración”, que no existe vínculo laboral con ella y para presionar, incluso les retiró los expedientes, obstaculizando el curso de los asuntos judiciales. Por lo anterior, el gremio calificó la actitud de la togada como autoritaria, ilegal y contraria al artículo transitorio décimo de la más reciente reforma judicial, que reconoce y protege los derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial Federal señalando además que esta conducta pone en riesgo la estabilidad laboral y abre la puerta a despidos injustificados. A través de un comunicado, el Colegio exhortó a los sindicatos del Poder Judicial y al propio Órgano de Administración Judicial, a intervenir de inmediato para frenar lo que consideraron una violación flagrante de los derechos laborales. Habría que recordar que Feria Hernández no ganó la magistratura por méritos propios ni en los procesos formales, sino que consiguió el cargo a través de una resolución judicial: ella y otras aspirantes que habían perdido recurrieron al argumento de alternancia de género para anular las constancias de mayoría ya entregadas por el INE a quienes habían sido designados legítimamente como magistrados. Es decir, su llegada al Tribunal fue resultado de una estrategia legal para desplazar a quienes ya habían sido nombrados, no de una votación directa ni de una evaluación transparente de capacidades. A la falta de legitimidad de origen de la magistrada se suma un estilo de imposición y desconocimiento de la ley que coloca en incertidumbre a trabajadores con años de experiencia en la Judicatura. Así las cosas.
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