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XALAPA.- Como si no fuera suficiente con los señalamientos de abusos cometidos por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, un juez federal ordenó cesar de inmediato cualquier arbitrariedad contra una familia, entre ellos un menor de cinco años, al conceder la suspensión de plano en el juicio de amparo 564/2025. La resolución del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Veracruz establece que “se decreta la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, para el efecto que las autoridades responsables de inmediato se abstengan de realizar contra los quejosos cualquier acto que atente contra su dignidad humana”. La medida se dictó contra la Fiscalía General del Estado y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), señaladas por presuntos actos de incomunicación y tortura psicológica en agravio de Samantha Guadalupe Francisco Rosas, su hijo de cinco años y otros familiares. La madre del menor, Wendy Rosas Rafael, dijo que el 19 de junio su hija y sus suegros acudieron al penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes, para visitar al padre del niño y que, al salir, fueron detenidos por policías ministeriales sin explicación. “Violentaron sus derechos por 48 horas. Al niño se lo llevaron y no nos avisaron; se lo llevaron detenido”, aseguró. El menor fue trasladado a Xalapa por agentes de la UECS con los ojos vendados. “El menor está muy afectado. Me lo entregaron el día lunes. Estuvo los primeros días con ella, y luego lo trasladaron al DIF Conecalli”, dijo. “El niño refiere que lo vendaron de los ojos. Fue algo espantoso, fue algo traumático para mi hijo. Lo vendaron desde el momento en que lo trasladaron desde Amatlán, de La Toma, hasta las oficinas en Xalapa”, agregó. El juez también ordenó que cese “de inmediato la incomunicación de la que se dice son objeto los directos quejosos” y requirió a las autoridades “informar a este juzgado en el término de 24 horas, computado legalmente, sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano”. La resolución advirtió que “la violación de esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad conforme con lo que dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo”. De igual forma, instruyó al actuario a constatar las condiciones físicas de los involucrados. “Se comisiona al actuario adscrito para que, en el momento de la notificación, dé fe de las condiciones físicas de los quejosos, las cuales puedan ser apreciadas por sus sentidos”. La abuela del niño presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y sostuvo que “exige justicia para su nieto y familia”. Así las cosas.
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