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| SCJN desecha 6 de cada 10 denuncias. | ||||||
| Bateó las denuncias interpuestas por presuntas omisiones o actos irregulares de sus propios trabajadores | ||||||
| Domingo 24 de Agosto de 2025 | ||||||
| Por: Excelsior | ||||||
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En el informe final de la gestión de la ministra presidenta Norma Piña Hernández, se detalla que de enero de 2023 a este mes de agosto se dio trámite a mil 130 expedientes, a los que se sumaron 27 que estaban en trámite al 31 de diciembre de 2022. De ese total de mil 158 asuntos ingresados ante la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA), egresaron mil 081 a través de la emisión de mil 096 determinaciones, ya que en 15 asuntos se emitieron dos resoluciones. A la fecha están en trámite 76 expedientes. De las mil 096 determinaciones, en 666 asuntos, equivalentes a 60.7%, se desechó la denuncia y/o se emitió acuerdo de incompetencia. Otras 22 se tuvieron por no presentadas, en siete casos se concluyó anticipadamente la investigación, en 38 se determinó la conclusión y archivo de la investigación y en 363 casos se elaboró informe de presunta responsabilidad administrativa. Se dio prioridad a la atención de los asuntos relacionados con acoso laboral, sexual o cualquier otra forma de violencia sexual y de género. En estos casos, se dio intervención a la Dirección General de Prevención, Atención y Seguimiento a Casos de Violencia de Género para brindar acompañamiento y atención especializada a las personas presuntamente afectadas”. Sólo en 34 casos se decretaron medidas cautelares, tanto para evitar la revictimización de las personas presuntamente afectadas, como para proteger a los testigos y el desarrollo de la investigación. En los dos años y ocho meses de la presidencia de Norma Piña se impusieron 36 sanciones derivadas de procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos por el pleno de la Corte o por su presidencia. De estos castigos, nueve fueron amonestaciones privadas y hubo seis amonestaciones públicas. También, siete inhabilitaciones, cuatro suspensiones, tres sanciones económicas, tres apercibimientos públicos, dos privados y dos destituciones. Además, se realizó la anotación de 11 registros de personas servidoras públicas a quienes se consideró responsables de faltas administrativas, pero respecto de las que la autoridad resolutora se abstuvo de imponer sanción”, detalla el informe. Se destaca que se robustecieron los medios para facilitar la presentación de denuncias por corrupción, entre los que destaca el buzón electrónico de denuncias, el cual fue vinculado con el Sistema Electrónico de la Suprema Corte. Esto se materializó en un aumento significativo en las denuncias. “En los dos años y ocho meses comprendidos en el periodo que se reporta se integraron mil 130 expedientes, en comparación con los 919 de los primeros cinco años de funcionamiento de la UGIRA”, resalta el reporte. |
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