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| Propietarios de restaurantes acusan al Invea por extorsiones. | ||||||
| A cambio de lo que definieron un acto de "corrupción y extorsión", reciben pitazos con horas de anticipación para cerrar su negocio, en caso de que tengan clientes, con la finalidad de que no sean sorprendidos por el nuevo operativo. | ||||||
| Sábado 05 de Julio de 2025 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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Relataron que después de que verificadores colocan sellos de suspensión o de clausura a sus negocios –acompañados por decenas de policías– y de que acuden al Invea para conocer a detalle los documentos que deben presentar y las multas a pagar para reabrir, reciben en sus teléfonos personales propuestas para pagar "la colegiatura", con cuotas de 10, 12 y 15 mil pesos. A cambio de lo que definieron un acto de "corrupción y extorsión", reciben pitazos con horas de anticipación para cerrar su negocio, en caso de que tengan clientes, con la finalidad de que no sean sorprendidos por el nuevo operativo. En caso de que se coloquen sellos de reposición de suspensión o clausura de actividades, "no pasa nada porque ellos mismos regresan al siguiente día y los quitan para que el negocio siga abierto, porque está de por medio el pago de la colegiatura". Consideraron que se trata de "una mafia", ya que los empresarios o encargados de los negocios con los sellos reciben las llamadas y mensajes por WhatsApp con su expediente, número de folio y datos personales como número celular o fijo del negocio, cuya información "supuestamente sólo tiene el Invea". Los quejosos –que prefirieron omitir sus nombres o las ubicaciones de los establecimientos– comentaron que han accedido a pagar las extorsiones para seguir operando, porque las pérdidas al primer mes de estar cerrados son de más de 80 por ciento, pues tienen que seguir con el pago de renta, luz, agua y salario de los trabajadores. Por segunda ocasión en lo que va de la semana, ayer se manifestaron frente al Invea, y tras la primera mesa de trabajo después del mediodía, se acordó que se revisarán de manera individual cada uno de los casos de establecimientos mercantiles, entre los que se encuentran pizzerías, restaurantes, bares y fondas, entre otros. "Somos personas generadoras de empleo y no de violencia", y señalaron que los locatarios que han pagado multas no han podido reabrir después de al menos cuatro meses por la burocracia que significa obtener documentos como número oficial y alineamiento, uso de suelo e impacto zonal, a pesar de que algunos tienen permisos permanentes. Los establecimientos de los quejosos que acudieron a la reunión de ayer se encuentran en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztapalapa e Iztacalco. |
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