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XALAPA.- Vaya caso, tratando de lavarse las manos, como Poncio Pilatos, tal como lo ha hecho en otras ocasiones, el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa aseguró que es inocente del desvío de recursos durante su gobierno, aunque por primera vez reconoció que sus colaboradores sí usaron los fondos federales, pero para otros fines que consideró legales. Señaló que, al haber insuficiencia de recursos, los fondos federales que venían etiquetados para algunos objetivos en particular se usaron para el pago de la nómina del magisterio o para el pago de pensiones a jubilados del IPE, mismos que durante todo su sexenio le reclamaron los atrasos, al grado que los mandó a golpear en Xalapa. A través de sus redes sociales, Duarte de Ochoa respondió a una nota periodística donde destacó que cuando fue detenido, no fue por haber desviado un solo centavo del erario público de Veracruz. “La condena por 9 años de prisión la cual acepté mediante un procedimiento abreviado, debido a las amenazas que el estado mexicano hizo en contra de mi familia de no acceder a la condena, NO contempla un sólo peso de reparación del daño, sólo tuve que pagar 56 mil pesos de multa y ni siquiera estoy inhabilitado para ejercer en el servicio público (que no es que quiera), lo cual deja claro que no se me acusó de robar un sólo peso”, aseguró. Al responder al periodista Arturo Ángel, a quien dijo no conocer y que se ha autonombrado su biógrafo, además de que lo acusó de falta de profesionalismo y de ética periodística, Duarte de Ochoa afirmó que “la inmensa mayoría de los millones de pesos de recursos federales que acusan a mis funcionarios de haber desviado no es porque los hayan sustraído del erario público, simplemente es porque fueron utilizados para otros fines públicos, que entiendo eran prioridad para el buen funcionamiento de la administración pública estatal, y que eran distinto de lo que estaban etiquetados, como lo fueron el pago de la nómina magisterial, el pago en materia de seguridad pública o el pago del subsidio a las pensiones de los trabajadores jubilados, entre otros muchos conceptos públicos, por lo que personalmente considero que esto en ningún caso debería tomarse como un robo al erario público”, concluyó.
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