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AFP.
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Seattle.- El plan del presidente, Donald Trump, de retirar financiamiento federal a las instituciones que proporcionan atención de afirmación de género para jóvenes transgénero permanecerá bloqueado a largo plazo bajo la decisión de un juez federal en Seattle el viernes por la noche. La jueza Lauren King había otorgado previamente una orden de restricción temporal de dos semanas después de que los fiscales generales demócratas de Washington, Oregon y Minnesota demandaran a la administración Trump; Colorado se ha unido al caso desde entonces.
La orden temporal de King expiró el viernes, y ese día sostuvo audiencias antes de emitir una orden judicial preliminar que bloquea la mayor parte del plan de Trump mientras se espera una decisión final sobre el fondo del caso. La jueza rechazó una parte del desafío de los estados respecto a las protecciones de la orden contra la mutilación genital femenina, argumentando que “no existe una amenaza creíble” en tales casos.
Dos de las órdenes ejecutivas de Trump están en cuestión en el caso. Una, “Defendiendo a las Mujeres del Extremismo de la Ideología de Género”, llama a retirar fondos federales a programas que “promueven la ideología de género”. La otra, “Protegiendo a los Niños de la Mutilación Química y Quirúrgica”, solicita que el gobierno federal corte la financiación de investigaciones y subvenciones educativas para instituciones, incluidas escuelas de medicina y hospitales, que proporcionan atención de afirmación de género a personas menores de 19 años.
Varios hospitales en todo el país dejaron de proporcionar atención, incluidos bloqueadores de la pubertad y tratamientos hormonales, tras la orden. Los programas de Medicaid en algunos estados cubren la afirmación de género, y la orden de Trump “Protegiendo a los Niños” sugiere que esa práctica podría terminar.
También plantea la posibilidad de que los profesionales médicos puedan ser acusados penalmente por proporcionar afirmación de género bajo una ley que prohíbe la mutilación genital médicamente innecesaria de menores de edad — una noción que los estados consideran repugnante y legalmente insostenible.
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