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XALAPA.- De acuerdo con las organizaciones que representan el caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzará el proceso contra México por el caso de Ernestina Ascencio, indígena torturada sexual y físicamente y luego asesinada, presuntamente por elementos del Ejército Mexicano, en Soledad Atzompa, Veracruz, hace 18 años. La audiencia se llevará a cabo el próximo 30 de enero. “A casi 18 años seguimos exigiendo verdad y justica para Doña Ernestina Ascencio Rosario, su familia y todas las mujeres indígenas. Este 30 de enero del 2025 se celebrará la audiencia pública en donde la Corte Interamericana juzgará al Estado por los hechos”, aseguró el Centro Heriberto Jara en un comunicado. En ese tenor, se prevé que la CIDH juzgue los hechos ocurridos cuando un grupo de activos del Ejército Mexicano que se encontraban en Soledad Atzompa, en la zona serrana de Veracruz, agredieron física y sexualmente a Ernestina que entonces tenía 73 años. Pese a sus heridas, Ernestina todavía pudo declarar qué le había sucedido, sin embargo, su testimonio fue descartado por las autoridades de ese entonces. Según la versión del Gobierno Federal, la muerte de la mujer indígena fue por problemas estomacales y no por los abusos cometidos contra ella por los uniformados. “La Corte IDH juzgará la violencia sexual y tortura que miembros del Ejército Mexicano perpetraron contra doña Ernestina Ascencio, dando como resultado su muerte por la omisión estatal de garantizarle la atención médica adecuada y oportuna que pudo salvar su vida. También juzgará al Estado por la discriminación racial feminicida ejercida contra ella por el hecho de ser mujer, indígena nahua empobrecida, monolingüe y adulta mayor”, aseguró Kalli Luz Marina. La activista señaló que las autoridades estatales no solo ignoraron el testimonio de Ernestina sobre el ataque sexual por pronunciarlo en su lengua, sino que también desestimaron evidencias clave para esclarecer los hechos. “Desviaron y archivaron indebidamente su investigación; sino que también intentaron frustrar la búsqueda de justicia de su familia, recurriendo a su secuestro para impedirles impugnar la decisión. Asimismo, se juzgará el ocultamiento de información pública para asegurar la impunidad de los perpetradores”, denunció la activista. Lo anterior ocurrió porque la familia de Ernestina fue retenida por las autoridades federales. Ellos no pudieron llegar a tiempo para presentar los recursos jurídicos para pedir justicia por lo ocurrido. El caso de Ernestina Ascencio ya tiene una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en donde se determinó que el Ejército había participado en el asesinato. Además, concluyó que hubo falta de atención médica, se ocultaron pruebas y se le negó la justicia. Así las cosas.
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