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XALAPA.- La situación de seguridad en Veracruz ha vuelto a poner en tela de juicio la efectividad y el control por parte del gobierno estatal, especialmente a raíz del terrible asesinato del joven Brando ‘N’ a manos de policías estatales el pasado 19 de enero. Este trágico evento evidencia una falla sistémica que pudo haber sido evitada si se hubiera tenido un control adecuado desde hace mucho tiempo. Y es que parece que a raíz de ese trágico suceso, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP) ya asegura que mantiene el control de la seguridad en 18 municipios debido a que se han detectado elementos policiales que incurren en actos al margen de la ley. El titular de la dependencia, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, ha mencionado que desde el inicio de la actual administración han tenido que tomar medidas drásticas ante la vinculación de elementos policiales con actividades ilícitas; sin embargo, esta afirmación arroja dudas sobre la eficacia de las políticas de seguridad implementadas hasta ahora. ¿Cómo es posible que elementos policiales estuvieran involucrados en actividades ilegales sin que se detectara previamente? ¿Qué acciones concretas se están tomando para prevenir la corrupción y la impunidad dentro de las fuerzas de seguridad? Además, la estrategia de seguridad que pretende tener presencia en los 212 municipios, incluyendo la intervención en las policías locales con la Guardia Nacional, plantea interrogantes sobre la coordinación y la eficiencia de dicha estrategia. ¿Cómo se asegura que la presencia de la Guardia Nacional no sólo sea temporal y que realmente se esté trabajando en la capacitación y profesionalización de las fuerzas locales para prevenir futuros incidentes como el mencionado? Es evidente que se requiere una revisión exhaustiva de las políticas y los protocolos de seguridad en Veracruz, así como una rendición de cuentas por parte de las autoridades responsables. La falta de control y la impunidad en las fuerzas policiales sólo contribuyen a socavar la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales y perpetúan un ciclo de violencia e inseguridad que afecta a toda la sociedad veracruzana.
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