De Veracruz al mundo
Ley de Pueblos Indígenas es un 'despojo legalizado' contra la autodeterminación de las comunidades originarias: Colectivos.
Agregó que “esta iniciativa de ley y el proceso de consulta traicionan la confianza que las comunidades depositan en el gobierno, en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y en sus autoridades municipales. Vemos una ley que dará continuidad al proyecto neoliberal de despojar, privatizar las tierras y territorios de los pueblos indígenas del país, lo cual inició con la reforma al artículo 27 constitucional en 1992”.
Domingo 18 de Octubre de 2026
Por: La Jornada
Foto: .FB Frayba Derechos Humanos y DESMI A.C.
Ciudad de México.- El Colectivo Caminos de Vida y Resistencia, conformado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI), entre otras agrupaciones, afirmó que “la imposición de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, representa “un despojo legalizado, así como la negación perpetua de reconocer el derecho colectivo de la autodeterminación de los pueblos originarios”.

Agregó que “esta iniciativa de ley y el proceso de consulta traicionan la confianza que las comunidades depositan en el gobierno, en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y en sus autoridades municipales. Vemos una ley que dará continuidad al proyecto neoliberal de despojar, privatizar las tierras y territorios de los pueblos indígenas del país, lo cual inició con la reforma al artículo 27 constitucional en 1992”.


Expresó que “lo han dicho ya los pueblos, el proceso de consulta ha violado artículos Constitucionales, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se excluyeron a comunidades y miles de personas que no estaban registradas en el Catálogo previamente en el INPI a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Faispiam)”.

Señaló que “un documento de 453 artículos, 37 días o menos para estudiarlos, vocabulario técnico, las comunidades no contaron ni con el tiempo suficiente para el estudio ni con los conocimientos básicos para su compresión, unido a esto la ausencia de la traducción en los diferentes idiomas”.

Y para terminar de cerrar el proceso, añadió, “se armaron asambleas regionales de menos de 5 horas de trabajo para escuchar la palabra de las comunidades para incluirlas en el documento. Realmente nos deja mucho que pensar todo este montaje del reconocimiento de la palabra de los pueblos originarios”.


Sostuvo que “parece que la historia de resistencia no terminará con esta ley, al contrario, se duplicarán el esfuerzo. Las principales críticas y protestas se refieren al contenido y fondo de la propuesta presidencial, pues la consideran ‘regresiva’ y hasta ‘inconstitucional’”.

El Colectivo destacó que “el ejercicio de la autonomía y de la libre determinación de los pueblos originarios nunca ha venido de arriba; los pueblos lo han ganado a base de mucha organización, de análisis, de acuerdos y lamentablemente con mucho desgaste, represión, criminalización y masacres. Así lo dice la historia y hay que ubicarla en su justo lugar”.


Afirmó que “ahora son las mismas autoridades oficiales que levantan la bandera de la lucha zapatista, de los Acuerdos de San Andrés para decir que la nueva Ley indígena es respuesta a lo que han demandado por años y ahora el gobierno les está haciendo justicia. Gritan con tanto orgullo, ‘¿quién puede decir que esta ley está mal?’, por lo menos se tiene el registro de 112 comunidades, municipios y regiones de 15 pueblos indígenas y afromexicanos en todo el país que han manifestado inconformidad o rechazo a la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, tanto por su contenido como por la forma en que se ha sometido a consulta”.

Subrayó que “ante una guerra impuesta por el Estado, que busca perpetuar el despojo de los bienes comunes que han sostenido la vida de nuestros pueblos durante más de 500 años, los pueblos originarios continúan defendiendo sus territorios. Territorios que han sido cuidados y habitados por generaciones; espacios donde se recrean las culturas, se resguardan los lugares sagrados, se fortalece la vida comunitaria y se renueva, día a día, el vínculo profundo con la madre naturaleza”.


Para nuestros pueblos, dijo, “la madre tierra no es una mercancía ni un recurso para la explotación y la acumulación de riqueza, como la conciben los gobiernos y el capital. Es fuente de vida, alimento y cobijo; es el territorio donde se arraigan la memoria, la identidad, la espiritualidad y las formas comunitarias de existir. Son dos miradas, dos concepciones del mundo y dos formas de vida en confrontación: una que pretende imponerse mediante la fuerza y a través de leyes que, lejos de recoger el sentir y la voluntad de los pueblos, se elaboran y aprueban sin su consentimiento real”.

Manifestó que “frente a ello, los pueblos continuarán resistiendo y construyendo sus propias formas de organización comunitaria y autonomía, así como alternativas de vida inspiradas en la cosmovisión del Lekil Kuxlejal y el Ich’el ta muk’: El buen vivir, el respeto profundo a todo lo que tiene vida y el reconocimiento de la dignidad de las personas y de los pueblos”.

Concluyó: “Desde esta raíz, la construcción de paz nace de la búsqueda permanente del equilibrio y la armonía con la madre tierra, con los seres humanos y con el Gran Espíritu. Es una paz que se teje desde la comunidad, el cuidado de la vida, el respeto a la dignidad y la recuperación del equilibrio del corazón: Kuxetel O’ntonal, Slamalil O’tanil”.

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