XALAPA.- A casi 13 años de distancia, la Auditoría Superior de la Federación logró ganar un amparo en contra de la Fiscalía General de la República para que investigue un presunto desvío de recursos de casi 21 millones de pesos durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán. Y si bien la acusación no alcanza al ex mandatario priista, sí llegaría a algunos de sus colaboradores, como los ex titulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Rafael Murillo Pérez y Javier Duarte de Ochoa; y el ex titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Víctor Arredondo Álvarez. También estarían involucrados los ex contralores Mauricio Audirac Murillo y Clara Luz Prieto Villegas, así como el ex director del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos. La semana pasada, la Fiscalía General de la República informó a la Auditoría Superior de la Federación que continúa la integración de la carpeta de investigación, relacionada con el desvío de casi 20 millones 976 mil 486 pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos. Lo anterior, derivado del amparo presentado por la ASF en contra de la FGR por no haber procedido legalmente en varios expedientes que abarcaban casos, tanto del gobierno duartista, como del fidelista. En este caso en particular, se precisa que el Ministerio Público Federal Encargado de la Mesa XIII- SP- UEIDCSPCAJ de la Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México, hizo del conocimiento del Juzgado Federal los trámites que se encontraba realizando a fin de dar cumplimiento al fallo protector. Sin embargo, al día de hoy, no ha informado si ya integró la averiguación previa, y por tanto el juez Federal resolvió que en consecuencia, requiérase nuevamente al Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la mesa XIII adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la Procuraduría General de la República, con residencia en la Ciudad de México, para que en el término de tres días hábiles, contados a partir de que se encuentre notificado del presente proveído, informe a esta potestad federal si al día de hoy, ya integró la indagatoria.
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