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XALAPA.- Ante la posible discusión y aprobación de las reformas restantes del llamado Plan B en materia electoral, empresarios afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hicieron un enérgico llamado a los Senadores a no atentar contra los derechos político-electorales conquistados por los ciudadanos. “Hacemos un último y enérgico llamado al Senado para que atiendan con responsabilidad las implicaciones que, tal como lo señaló el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), tendrán estas reformas en la celebración de elecciones libres”, señalaron. También extendieron su llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que, tras la revisión de las acciones de inconstitucionalidad del Plan B, se declare que las reformas no se apegan a lo establecido en nuestra Carta Magna. La Coparmex afirmó que serán los ciudadanos los más perjudicados con el Plan B, ya que se pone en riesgo la posibilidad de tramitar o reponer su credencial de elector; se desmantelaría la estructura de Módulos del INE. Además, se despedirían a cerca de 2 mil funcionarios del INE que organizan las elecciones y capacitan a los ciudadanos para que instalen las casillas y cuenten los votos, lo que a su vez, afectaría la confiabilidad del Programa de Resultados Electorales Preliminares. El organismo empresarial avaló también el análisis de los consejeros del INE, respecto a las afectaciones que habría al instituto, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE´s) y a la democracia, debido a la desaparición de vocales en las juntas distritales, lo que tendría como consecuencia la disminución del número de casillas instaladas poniendo en riesgo la elección e incluso podría darse la anulación. La Coparmex señaló que otros peligros latentes serán los relacionados con la autonomía del instituto, con la integración del padrón electoral, o con asegurar una contienda en la que exista equidad y una correcta fiscalización de los recursos utilizados para la contienda electoral. La cámara empresarial reiteró que éste no es momento de una nueva ley o legislación electoral, ya que las modificaciones propuestas, generarían incertidumbre en todo el proceso electoral de 2024 en el que se tiene prevista la participación de por lo menos 95 millones de mexicanos para renovar, entre otros cargos, la presidencia de la República, diputados y senadores, congresos estatales, así como nueve gubernaturas.
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