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| Archivan denuncia contra secretario de Seguridad de Guanajuato. | ||||
| Martes 14 de Junio de 2022 | ||||
| Por: La Jornada | ||||
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El 10 de julio del año 2020, familiares de personas desaparecidas se manifestaron, en la glorieta Santa Fe, para exigir que se repusiera el proceso de selección del titular Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato. El personal de las FSPE arrestó a Berenice Montoya Juárez, a Karla Martínez Jiménez, a Verónica Durán Lara, a María del Carmen Ramírez y a un funcionario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por obstruir las vías de comunicación. Incluso fueron denunciadas y puestas a disposición del Ministerio Público. “El Ministerio Público volvió a decretar el no ejercicio de la acción penal, ya que a su juicio no existió abuso de autoridad, es la segunda ocasión que se archiva el caso y la segunda ocasión que se volvió a presentar impugnación ante el Juez de Control”, informó el abogado de las víctimas, Roberto Saucedo Pimentel. En la carpeta de investigación 65429/2020, el agente del Ministerio Público, Juan Ramón Espinoza Gallardo remarca que no “se advierte un uso excesivo de la fuerza” en los arrestos realizados, ni una “afectación emocional”. “Se decreta el inejercicio de la acción penal, así como el archivo definitivo”, concluyó el Ministerio Público y remarca que la determinación fue autorizada por el director Adscrito a la Fiscalía Regional “D”, José Israel Martínez Canedo. Roberto Saucedo interpuesto un recurso innominado contra la determinación del no ejercicio de la acción penal asumida por la Agencia del Ministerio Público II. La audiencia del recurso, a cargo de Paulina Irais Medina Manzano, Juez de Control del Juzgado del Sistema Penal Acusatorio y Oral, se realizará el 15 de junio a las nueve de la mañana. Cabe recordar que por estos hechos, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (Prodheg) emitió seis recomendaciones al secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca Apendinni, para que sancionara a 10 elementos de las (FSPE) que arrestaron injustificadamente a las manifestantes. Los policías estatales violaron los derechos a la libertad de expresión, de libre manifestación pública, el derecho a la seguridad jurídica, a libertad personal y a la integridad física en la modalidad de tratos crueles, inhumanos o degradantes, comprobó la Prodheg. |
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