XALAPA.- Aunque todos están metidos en el embrollo administrativo, por omisiones, la administración del morenista Cuitláhuac García Jiménez, espera que la Fiscalía Anticorrupción proceda contra Raúl Martínez Chávez, ex director general de Radio Televisión de Veracruz, RTV, por los delitos de incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad, por dejar pasar los plazos para mantener la televisora al aire. Lo anterior, a pesar de que el 3 de diciembre de 2018 se comunicó a la administración actual de RTV, que había una solicitud para renovar la concesión de banda de frecuencia que debía revisarse dentro de los 90 días posteriores a la llegada del actual gobierno; sin embargo, la revisión no se hizo y RTV tuvo que salir del aire. En la denuncia que presentó el representante legal de la televisora Víctor Alejandro Guzmán Mendiola contra Martínez Chávez, se admite que ni siquiera dieron seguimiento a las pautas contenidas en el acta de entrega-recepción que se formalizó el 3 de diciembre de 2018. Si bien es cierto que Raúl Martínez, nombrado director general por el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares no hizo la solicitud a tiempo, también lo es que el actual director de la televisora, Víctor Hugo Cisneros tampoco dio seguimiento a ésta. En la denuncia se puntualiza que el exyunista tenía que presentar una solicitud de renovación de la concesión para mantener al aire a RTV ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a más tardar entre el 11 de junio de 2017 y el 11 de junio de 2018. Sin embargo, dicha solicitud la hizo hasta el 6 de agosto de 2018, es decir, de manera extemporánea por lo que el IFT no podía ya conceder la ampliación del permiso para transmitir la programación habitual y éste venció el 31 de diciembre de 2021, fecha en la que RTV salió del aire. Entre las pruebas de la denuncia también se encuentra el oficio de entrega-recepción con fecha del 3 de diciembre de 2018, donde en el numeral 9.1 "asuntos, contratos, convenios u observaciones pendientes o en trámite de atender dentro de los 90 días naturales, siguientes a la entrega", se señala claramente que se tenía que dar seguimiento a la petición ante el IFT. "Dar seguimiento a la solicitud de refrendo de la estación transmisora de las Lajas de TV que se solicitó en el mes de agosto del 2018". Y aunque el gobierno actual justifica que ya no se podía hacer legalmente nada por encontrarse fuera de los plazos que marca la ley, también admiten que ni siquiera estaban pendientes de esa petición, pues se enteraron de su existencia hasta el 9 de marzo de 2020 cuando el IFT informó que estaba fuera de plazo. Más aún, la notificación del IFT se dio casi dos años antes de que RTV saliera del aire, tiempo en el que tampoco se llevaron a cabo acciones para evitar lo anterior. Así las cosas.
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