XALAPA.- Con la solicitud al Senado de la República para que observe, revise e investigue, las decisiones tomadas por las autoridades estatales involucradas en las violaciones a derechos humanos y violencia política de género ejercida contra Yolli “N” durante dos años, y debido a que la exmagistrada y excomisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVA) fue sometida a una intervención a corazón abierto el pasado 10 de marzo, y se prevé que la semana próxima sea dada de alta, a través de una carta firmada por 117 académicos, activistas y defensores de derechos humanos, se pidió a las autoridades del sistema penitenciario permitir que la ex funcionaria acusada de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y coalición, pueda variar la medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria. En la carta, los firmantes solicitaron que se le permita permanecer en el Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio o en todo caso que se pueda ir a su casa, debido a que resultado de la intervención quirúrgica su estado de salud se reporta grave. Los activistas denunciaron que los delitos que se le imputan a Yolli N no ameritan prisión preventiva, y pese a ello ya cumplió más de 733 días sin recibir una sentencia, por lo que la consideran una “presa política” y denuncian la obstrucción de la justicia. “El Poder Judicial de Veracruz ha dilatado su petición de acumular los dos procesos penales que enfrenta, con la esperanza de agilizar la justicia. La jueza Ludivina García Rosales, que negó ambas solicitudes, fue removida de su puesto y actualmente ese espacio está vacante, lo cual sigue afectando el caso”, señalaron. Además, Yolli N tenía una audiencia el pasado 28 de abril, sin embargo, ésta se difirió por tercera ocasión, con el argumento que el fiscal de su caso tenía otra audiencia. Por lo anterior, los académicos y defensores hicieron un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que realicen el monitoreo hacia las distintas autoridades estatales involucradas en garantizar la salud, la vida y los derechos humanos de Yollí García. Así las cosas.
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