XALAPA.- Un caso que pinta de cuerpo entero la forma de operar de la Fiscalía General del Estado, haciendo uso de una justicia selectiva para golpear a los enemigos del gobierno en turno, es el de José Manuel “N”, exsecretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, quien ha sido acusado del homicidio de René Tovar, excandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones de Herrera. Y es que, luego de que el pasado 9 de marzo, el Juez Decimoséptimo de Distrito con sede en Xalapa determinó concederle la protección de la justicia federal al ex funcionario del Senado, ni tarda ni perezosa, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que procedería contra la determinación haciendo uso de los recursos legales que la Ley de Amparo supone. Todo, con el objetivo de evitar que salga en libertad, lo que le concede el amparo pues éste deja sin efecto el auto de vinculación a proceso y, por ende, la prisión preventiva que enfrenta el ex funcionario desde diciembre de 2021. Es así que durante el pasado mes de marzo la Fiscalía interpuso diversas impugnaciones contra la determinación: la primera de ellas tuvo lugar el 23 de marzo como un recurso de queja. Posteriormente, el 25 de marzo, se recibió en el Juzgado el escrito signado por la víctima indirecta del homicidio, así como el oficio FGE/FIM/1960/2022, signado por el fiscal octavo adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales. En ambas se interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el 9 de marzo. Para el 28 de marzo se recibieron otros oficios signados por el fiscal decimosegundo adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, así como el de la fiscal primera adscrita a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, con un nuevo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el 9 de marzo. El amparo a José Manuel ´N´ tiene a su vez otros pendientes. Por ejemplo, hay un recurso de queja ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal previsto para resolverse este 21 de abril, aunque no contra la sentencia del 9 de marzo. De acuerdo con los defensores del imputado, el objetivo de la Fiscalía y del Gobierno de Veracruz es seguir manteniendo en prisión a quien fuera brazo derecho del senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.
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