XALAPA.- Si como afirma el secretario general de Servicios Administrativos del Senado de la República, Mauricio Farah, “el estado de derecho en Veracruz ha muerto y, prueba de ello, es mantener en el cargo a la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, y las 39 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de distintas instancias del Gobierno de Veracruz”, entonces la entidad – para colmo del presidente Andrés Manuel López Obrador - vive “en un estado de chueco”, ¿o será estado de excepción?. Y es que, ante tantos agravios y manoseo legal, Mauricio Farah aseguró que en Veracruz queda demostrado que no todas las personas son iguales ante la ley ni se les aplica de la misma manera; “aún prevalecen los privilegios para los amigos del gobernador, para el resto, manipulación de la justicia. Queda claro que es una práctica habitual desdeñar la separación de poderes, el respeto a la autonomía y la no intromisión en el ejercicio público", agregó. Mauricio Farah, quien depende de la Junta de Coordinación Política del Senado, que preside el senador Ricardo Monreal, acusó que en Veracruz se cometió un delito al permitir que continuara en el cargo la presidenta del Poder Judicial. Dijo que se le dispensó la jubilación por edad como lo mandata la Constitución Política de Veracruz para poder cometer actos de venganza contra sus adversarios políticos. El funcionario del Senado de la República concluyó que hoy en día existen presos políticos, entre los cuales citó a José Manuel del Río Virgen, Yolli García Álvarez, Rogelio Franco Castán, Tito Delfín Cano, Fabián Cárdenas y Gregorio Gómez. Aunado a ello, afirmó que la respuesta del Gobierno de Veracruz ante tales injusticias es denostar y ofender el quehacer del Poder Judicial de la Federación y de la CNDH. Así las cosas.
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