XALAPA.- Aunque se trata de montos no tan grandes, lo cierto es que las observaciones sobre presunto daño patrimonial realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelan un desorden administrativo en diversas áreas de la administración estatal, lo cual es un caldo de cultivo para la corrupción. En ese tenor, en el marco de la tercera entrega de la Cuenta Púbica 2020 del gobierno de Veracruz, la ASF detectó un presunto daño patrimonial por más de 119 mil pesos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. La ASF auditó el 70 por ciento de un millón 187 mil 89 pesos transferidos al gobierno veracruzano mediante el Fondo de Infraestructura Social. Al 31 de diciembre de 2020, el gobierno de Veracruz comprometió el 99.4 por ciento y pagó el 63 por ciento de los recursos disponibles, en tanto que, al 31 de marzo de 2020, pagó el 95.0 por ciento de los recursos disponibles a esa fecha. La auditoría observó que una obra operaba con deficiencias derivado de daños en diversas áreas y otra se encontraba sin operar debido a la falta de conexión eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad por un monto de 15,144.2 miles de pesos. De igual forma, por realizar tres transferencias con recursos del Fondo de Infraestructura Social ante la Secretaría de Desarrollo Social por un monto de 72,710.2 miles de pesos (para ejecutar el convenio GOB VER-CFE DISTRIBUCIÓN-01/2020), de los cuales no se presentó la documentación comprobatoria y justificativa que acreditase que los recursos se devengaran dentro de los plazos establecidos y que la aplicación de los mismos se destinase a cumplir con los objetivos del fondo. También encontró pagos irregulares por cuatro obras que no contaron con la documentación que acredite la ejecución de las mismas, su terminación, la entrega recepción, que funcionen, operen y beneficien a la población, por un monto de 32,141.9 miles de pesos. Por lo anterior, la ASF determinó que el gobierno de Veracruz registró un probable daño a la Hacienda Federal por un monto de 119 mil 996.3 pesos. En cuanto a los objetivos del fondo, dijo que se cumplieron parcialmente ya que el Gobierno de Veracruz destinó el 87.2 por ciento de los recursos pagados a obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres, y mejoramiento de vivienda) y el 1.8 por ciento a gastos indirectos, con lo que se atendieron los conceptos de gasto establecidos para el fondo en la Ley de Coordinación Fiscal. Sin embargo, invirtió el 1.3 por ciento de los recursos pagados del fondo en una obra que opera con deficiencias ya que presentan daños en diversas áreas y una obra que se encuentra sin operar debido a que falta la conexión eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Igualmente, 6.3 por ciento en tres transferencias con recursos del Fondo de Infraestructura Social al ejecutante que fue la Desarrollo Social, para llevar a cabo el convenio “GOB VER-CFE DISTRIBUCIÓN-01/2020”. El gobierno estatal no presentó la documentación comprobatoria y justificativa del gasto que acredite que dichos recursos se devengaron dentro de los plazos establecidos en la normativa, que la aplicación de dichos recursos se destinó a cumplir con los objetivos del fondo y que beneficia a la población. Y, finalmente, 2.8 por ciento en cuatro obras que no cuentan con la documentación que acredite la ejecución de las obras, su terminación, la entrega recepción, que funcionan, operan y benefician a la población objetivo, conceptos que no cumple con el objetivo del fondo. Así las cosas.
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