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| En entrevista, Quintana destaca el viraje en la postura del gobierno mexicano frente a un fenómeno que afecta a miles de familias. | ||||
| Lunes 15 de Noviembre de 2021 | ||||
| Por: La Jornada | ||||
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En víspera de la primera visita oficial del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), argumenta: “Es importantísimo que el Comité ́venga a observar el fenómeno. No sólo son desapariciones forzadas (involucra a agentes del Estado), sino sobre todo perpetradas por particulares (trata de personas o reclutamiento forzado del crimen organizado). En entrevista, Quintana destaca el viraje en la postura del gobierno mexicano frente a un fenómeno que afecta a miles de familias. Se trata de una visita largamente postergada: “No puedo hablar por el gobierno anterior, desconozco las razones. Pero sí sabemos que no sólo no invitó al Comité, sino que además (lo más grave) negaba en foros internacionales que existieran personas desaparecidas”. La visita podría catalizar –expone– un mayor compromiso de los gobiernos, las fiscalías y las comisiones estatales para “fortalecer la respuesta institucional, la coordinación interinstitucional y que entendamos que todos tenemos obligaciones en la búsqueda, no sólo de una autoridad estatal o federal. No sólo las comisiones de búsqueda, también las fiscalías, con las cuales se han tenido tensiones y resistencias”. Actualmente únicamente hay 35 sentencias por desaparición. Esta administración asumió la crisis como una realidad, con independencia de las cifras, y dio pasos en el plano internacional e interno para afrontarla. Y reconoce que el reclamo de los familiares de víctimas impulsó que desde hace ocho años el CED gestionara –infructuosamente– una visita a México con el objetivo de verificar este fenómeno. –¿Existe hoy una auténtica disposición a la supervisión internacional? –Absolutamente. El Comité y otros organismos internacionales no pueden hacer estas visitas a ningún país sin invitación expresa. El CED lo había solicitado, pero el Estado mexicano no había aceptado. Es un paso muy importante para el escrutinio internacional que se haya aceptado, primero, la competencia contenciosa del Comité en 2020. Existe, entonces, total apertura. No obstante la renuencia de los gobiernos anteriores, en 2015 y 2018, el CED hizo observaciones sobre la situación en México, acota Quintana. Aun cuando admite que las cifras disponibles sólo permiten asomarse apenas a las dimensiones de la crisis mexicana, enumera las acciones dispuestas en estos dos años para construir un marco legal e institucional para encararla. “La infraestructura por parte del Estado en la búsqueda de personas desaparecidas; el trabajo que se hace desde la subsecretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda; el impulso que se ha dado desde los estados, entre otras. Por estas medidas, hoy tenemos un mejor acercamiento a cuántas personas, quiénes, en dónde. Hay una mejor idea que nos permite tomar decisiones no sólo de búsqueda, sino de política pública “Elaboramos el registro, hemos estado en miles de jornadas en terreno con las familias. Hemos creado el protocolo homologado de búsqueda, el mecanismo extraordinario de identificación forense.” –Se da la visita cuando México está por llegar a 100 mil desaparecidos, ¿es el problema más agudo en América Latina? –En toda la región hay crisis importantes de desaparición. Sólo en algunos estados existen mecanismos de búsqueda o atención a víctimas como en México. Son países que han tenido que dar una respuesta a una situación extraordinaria: Colombia, El Salvador, Perú, Argentina, Guatemala. El fenómeno en México es muy particular. No se puede comparar con lo que sucedió en países con conflictos armados internos. Tiene una naturaleza propia. |
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