XALAPA.- La imposición de la Secretaría de Economía de la NOM 237 es inconstitucional y podría provocar el cierre de más de 18 mil colegios particulares en el país, afirman representantes de instituciones particulares de educación del país, quienes remarcan que su aprobación en la Secretaría de Economía, a través de la Profeco, es un duro golpe a la existencia de instituciones particulares de educación. La Alianza de Colegios Multiculturales de México (ACOMM), Alianza para la Educación Superior (ALPES), Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE – ANEP), Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP (ANEPPI), Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), entre otras, advirtieron que de ser aprobada acudirán al juicio de amparo por ser inconstitucional. Estas Asociaciones Civiles representan a más de 4 mil Instituciones de educación particular, desde nivel básico hasta superior y a más de 3.3 millones de alumnos y más de 270 mil docentes. Con esta nueva norma se incrementarán los costos de las colegiaturas en alrededor de 15 por ciento, que es lo que pone en riesgo la existencia de más de 18 mil colegios particulares en el país, que son los que por sus características y las de la población que atienden, no podrían absorber los nuevos costos. La NOM 237 es inconstitucional porque es impuesta por la Secretaría de Economía -que nada tiene que ver con la cuestión educativa-, pero que aún así busca regular cuestiones como la infraestructura educativa, de la que desconoce porque -precisamente- no es parte de su materia de trabajo, y que en cambio es algo que ya está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación. En cambio, asientan los propietarios de las escuelas particulares, esto podría generar corrupción y quien resultaría perjudicada sería la población estudiantil de cada plantel. Puntualizaron que con la pandemia el sector educativo particular fue duramente castigado por el abandono escolar de casi 400 mil alumnos, más los ajustes tecnológicos provocados por el confinamiento, y ahora la NOM 237, generará nuevas inspecciones y verificaciones que serán dirigidas a los padres de familia y que impactaran su economía. Apuntaron que a nivel nacional son más de 53 normas oficiales o leyes generales las aplicadas a los colegios particulares en México, por lo que es un exceso imponer esta nueva disposición. Algunos de los gastos y obligaciones normales que toda institución debe cumplir son licencia de uso de suelo, predial, renta, luz, agua potable y otros. Además las escuelas particulares necesitan cubrir costos de la licencia de funcionamiento, dictamen de Protección Civil, de seguridad estructural, el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), capacitación de sus docentes, autenticación del Certificado de Estudios (por ciclo escolar), entre otros. María Luisa Flores, presidenta de la Alianza para la Educación Superior (Alpes), asentó que “las instituciones particulares de los distintos grados académicos rechazamos totalmente el proyecto de la Nom 237, que se terminó de elaborar en las oficinas de la Secretaría de Economía, ya que durante las 12 sesiones que pretendían ser un diálogo nunca se nos escucharon”. El proyecto de Norma Oficial Mexicana “PROY-NOM-237-SE-2020” de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, según su justificación, pretende establecer las especificaciones que los prestadores de servicios educativos tienen que cumplir para informar a madres y padres de familia, sobre los servicios que se presten, bajo los principios de transparencia y calidad de los mismos. Sin embargo, para las escuelas particulares, la NOM 237 establece una sobrerregulación hacia las escuelas privadas y refieren que es arbitraria, ilegal e inconstitucional, por lo que piden dar “reversa” y cancelar este proyecto. “Se nos estaría obligando a trabajar sin costo y esto desencadenaría la quiebra de una escuela y se proyecta que se deje de ser un servicio público y quieren poder regularlo como una actividad comercial”, remarcó María Luisa Flores. Entre los principales rechazos hacia la Nom 237, por parte de las escuelas privadas se encuentra que deben aceptar sin cargo alguno, los pagos por concepto de colegiaturas dentro de los primeros quince días naturales de cada mes. Además, de que el incumplimiento de la obligación de pago de más de tres meses de colegiaturas o, en su caso, la omisión de más de tres pagos pactados con el proveedor del servicio, por madres y padres de familia, libera a los proveedores de servicios educativos de la obligación de continuar con la prestación, debiéndose observar lo dispuesto en el Reglamento Escolar. “Se nos estaría obligando trabajar sin costo por esos tres meses y desencadenaría la quiebra de escuelas, y la Nom proyecta que se deje de ser un servicio público y quiere poderlo regular como una actividad comercial y quiere obligar a las instituciones a que suscriban un contrato de adhesión a la Secretaría de Economía, entonces estamos en desacuerdo porque quieren sobrerregular nuestra actividad y propiciarían corrupción.”, aseguró María Luisa Flores.
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