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| UIF congela las cuentas del Juez que no procesó a funcionario de Puerto Vallarta por corrupción de menores. | ||||
| Durante una entrevista en Palacio Nacional, Santiago Nieto puntualizó que se actualmente hay una investigación en proceso para determinar si se presenta una denuncia correspondiente. | ||||
| Lunes 17 de Agosto de 2020 | ||||
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Durante una entrevista en Palacio Nacional, Santiago Nieto puntualizó que se actualmente hay una investigación en proceso para determinar si se presenta una denuncia correspondiente. “Hemos hecho congelamiento del Juez que no vinculó a proceso al director de la Secretaría de Seguridad en el municipio de Puerto Vallarta que fue localizado con una menor en su vehículo, tanto al director como al Juez que no vinculó a proceso a este sujeto, les hemos congelamiento de cuentas y estamos en proceso de investigación para ver si presentamos la denuncia correspondiente”.
La Unidad de Inteligencia Financiera tiene convenio con varias instituciones para combatir el delito de trata de personas, por lo que el organismo puede actuar contra estos ilícitos congelando cuentas bancarias y haciendo las denuncias correspondientes. “Y en ese sentido ha sido una preocupación de la unidad el que todos los casos en donde puede ser un acto, una conducta vinculada con la trata de personas se ha vinculado, desde nuestra posición lo que podemos hacer es el congelamiento de cuentas y las denuncias correspondientes y eso es lo que hemos estado haciendo”, comentó. El Juez Jorge Luis “N” fue suspendido de su cargo el día de ayer y será sometido a una investigación. El argumento del Juzgador para no vincular a proceso al exdirector de Recursos Humanos de la Policía Municipal de Puerto Vallarta, fue que ya estaba vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil. El pasado 14 de agosto, la Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que apelaría la decisión del Juez de no vincular a proceso al exfuncionario municipal.
A través de un comunicado, la Fiscalía puntualizó que con la decisión del Juez “se vulnera el principio de legalidad y seguridad jurídica, además de que esta decisión violenta los derechos de la víctima dado que vulnera el principio de máxima protección y el interés superior de la menor de 10 años de edad, dejando además de lado la perspectiva de género”. |
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