De Veracruz al mundo
En Veracruz ni el Congreso ni el Poder Judicial respetan Estado de Derecho; habrían incurrido en desacato de amparos en agravio de 3 ex magistrados.
De acuerdo con la ley, para este delito se establecen penas de 3 a 9 años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.
Jueves 06 de Agosto de 2020
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.- En Veracruz no se respeta el Estado de Derecho por parte del Congreso y ahora por parte del Poder Judicial del Estado, lamentó la magistrada Concepción Flores Saviaga, al referirse al caso de los exmagistrados Gladys Lourdes Pérez Maldonado, Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, quienes promovieron incidentes ante tribunales federales en los que dan constancia que diputados del Congreso local y magistrados del Tribunal Superior de Justicia habrían violentado la Ley de Amparo en su perjuicio, por lo que podrían proceder penalmente.



En ese sentido, Flores Saviaga refirió que se deberá investigar si los integrantes de ambos poderes violentaron el artículo 262 de dicho ordenamiento, que contempla casos en que autoridades no obedezcan un auto de suspensión debidamente notificado y en los que haya resistencia a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo.




De acuerdo con la ley, para este delito se establecen penas de 3 a 9 años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.




La magistrada Flores Saviaga afirmó que sus 3 ex compañeros notificaron puntualmente al Congreso del Estado, así como a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Sofía Martínez Huerta, las suspensiones federales obtenidas a su favor.





Por lo anterior, se determinará si existe responsabilidad legal de la titular del Poder Judicial, así como del presidente del Congreso, Rubén Ríos Uribe y de los integrantes de la Junta de Coordinación Política que preside Juan Javier Gómez Cazarín.





Y es que, tanto la Magistrada Presidenta como los legisladores declararon 6 vacantes de Magistrados, incluyendo las de Pérez Maldonado, Lezama Moo y Dorantes Romero, para designar a sus relevos y a otros 3 nuevos togados a propuesta del gobernador del estado, a pesar de que ya estaban enterados de los amparos.





Así las cosas, el pasado 30 de julio, el pleno de la LXV Legislatura aprobó los nombramientos de las propuestas del Ejecutivo, siendo Ailett García Cayetano; Itzel Castro Castillo; Antonio Sobrevilla Castillo; Alma Rosa Flores Ceballos (quien suplió a Pérez Maldonado); María Lilia Viveros Ramírez (quien suplió a Lezama Moo) y Lizbeth Aurelia Jiménez (quien suplió a Dorantes Romero).





Sin embargo, debido a que las suspensiones obtenidas por los Magistrados salientes también fueron notificadas al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) se revisará la posible responsabilidad de integrantes del pleno, quienes dieron su voto a favor de adscribir a los 6 nuevos integrantes sin importar que están vigentes las suspensiones de jueces federales de algunos de sus antecesores.





En ese tenor, la magistrada Concepción Flores Saviaga señaló que los magistrados salientes ya procedieron ante tribunales y podrían hacerlo por otras vías si así lo consideran, pues con una violación a la Ley de Amparo se puede proceder ante el Ministerio Público Federal.




Flores Saviaga consideró que a los diputados locales “les falta asesoría; no interpretaron nunca lo que es una suspensión provisional y menos una definitiva, no alcanzan a entender, porque no son abogados, muchos son contadores. Hay personas que no son abogados y creo que en el Jurídico no han aprovechado la experiencia que hay de los abogados que están ahí”.





Concluyó que ahora iniciará una averiguación, un procedimiento penal en contra de todos los que hayan firmado del Congreso del Estado y a quienes hayan aprobado esos acuerdos por el pleno del Tribunal Superior de Justicia, aunque lamentó que en este caso se acredita flagrantemente la violación a la protesta de Ley que hicieron como Magistrados de cumplir y hacer cumplir las disposiciones que rigen el marco jurídico del Estado. Así las cosas.

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