De Veracruz al mundo
Apoya Ramírez Cuellar la propuesta de reforma a Ley de Presupuesto.
A unos días de que la Cámara de Diputados sea convocada para discutir el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ramírez Cuéllar evaluó que la reforma también ayudará a que el Ejecutivo no se vea atrapado en un escenario no solo de caída de los ingresos tributarios, sino de emergencia económica.
Mircoles 29 de Abril de 2020
Por: La Jornada
Ciudad de México.- La propuesta del Presidente para agregar un artículo 21 Ter a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria contribuirá a terminar con años de discrecionalidad en el manejo del presupuesto, consideró el dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.

A unos días de que la Cámara de Diputados sea convocada para discutir el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ramírez Cuéllar evaluó que la reforma también ayudará a que el Ejecutivo no se vea atrapado en un escenario no solo de caída de los ingresos tributarios, sino de emergencia económica.

En entrevista, dijo que la disposición legal vigente prevé que el mandatario en turno solicite una reasignación del presupuesto cuando la caída de ingresos sea mayor al 3 por ciento, pero no regula escenarios de mayor complejidad.

Es en ese contexto, abundó, que se presenta la iniciativa para agregar un artículo, pero resaltó que no se toca el cuerpo de facultades constitucionales en materia de aprobación y modificación del presupuesto.

Por la mañana, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, anunció que se modificará la iniciativa para definir qué se entiende por “emergencia económica” y que, en caso de una “cirugía mayor” del presupuesto, el Ejecutivo lo reenvíe a los legisladores para que lo aprueben.

Al respecto, Ramírez Cuéllar planteó que la cámara debe regular qué es una emergencia económica, quién la proclama, cómo se decide y su temporalidad, al igual que se prevén los escenarios para los términos de una declaratoria de emergencia nacional o de suspensión de garantías.

Este tipo de declaratorias, precisó, son instituciones de carácter jurídico y, por lo tanto, deben tener un principio de legalidad, que se logra con bases constitucionales o legales.



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