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| No detener búsqueda de desaparecidos, piden colectivos a autoridades. | ||||
| Denunciaron que desde principios de marzo las autoridades comenzaron a ponerles limitantes con el argumento de la pandemia. | ||||
| Lunes 06 de Abril de 2020 | ||||
| Por: La Jornada | ||||
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Denunciaron que desde principios de marzo las autoridades comenzaron a ponerles limitantes con el argumento de la pandemia. “Para nosotros no hay tregua, no hay descanso, la desaparición es una tortura continua. Además, por decreto presidencial quedó establecido que la procuración e impartición de justicia es una de las actividades esenciales que deben continuar”. En un comunicado, nueve colectivos y organizaciones como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso Honduras Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras, el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos El Salvador y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, señalaron que si bien es evidente que se modificó la operatividad, “esta crisis sanitaria no significa parar. Hay miles de restos sin identificar, se tiene que seguir avanzando con mecanismos locales y/o nacionales con apoyo internacional, que permitan identificar los cuerpos que están en custodia del Estado y garantizar el derecho a la identidad y a un entierro digno”. Demandaron que si las familias no han detenido los trabajos, las instituciones obligadas por ley a buscar a los desaparecidos, tampoco pueden hacerlo. “Sabiendo que hay que tomar las medidas sanitarias frente al Covid-19 y que nosotras desde nuestra casa seguimos trabajando, junto con las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan, hacemos un listado de acciones que están pendientes de realizarse y que para nosotros representan otras formas de búsqueda que pueden ir realizando la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y sus homólogas a nivel estatal”. Se trata de once acciones entre las que incluyeron la implementación de programas estatales, regionales y nacional de búsqueda de personas desaparecidas con cronograma de actividades que incluya la población migrante; un registro nacional y estatal de personas desaparecidas y los protocolos para su funcionamiento; lineamientos que debe realizar la Secretaría de Relaciones Exteriores para que el Mecanismo de Apoyo Exterior, para la búsqueda y justicia de personas desaparecidas en México funcione desde los países de origen desde consulados y embajadas. También plantearon realizar el estudio, sistematización, análisis de cada caso, con un enfoque de investigación macrocriminal del fenómeno de la desaparición, así como la realización de la estrategia de todos los casos, que incluya los pasos a seguir tanto en trabajo de campo como en investigación para la búsqueda por otras vías; generar metodologías de investigación y búsqueda, en vida y en campo, utilizando nuevas tecnologías que no requieran al personal en terreno, utilizando fuentes abiertas. Demandaron además informes de análisis de contexto que incorporen a los procesos de búsqueda elementos sociológicos, antropológicos y victimológicos, a fin de fortalecer las acciones de búsqueda; recabar y cruzar la información contenida en las bases de datos y registros que establece la ley, así como con la información contenida en otros sistemas que puedan contribuir en la búsqueda, localización e identificación de los ausentes; generar junto con las familias y las organizaciones que las acompañan, modelos de búsqueda y de investigación contextualizada, abandonando la mirada de caso a caso y, sobre todo, “enfocando responsabilidades en cadena de mando y en actores del estado copartícipes o cómplices”. Otras exigencias es generar junto con familias y organizaciones civiles mecanismos extraordinarios de búsqueda y de justicia; que la Ceav se ponga al servicio de las víctimas –lo que hasta ahora no ha hecho— , pues “es tiempo para que pongan en orden esa institución, para que recupere el fin para el que fue creada: que las familias cuenten con los apoyos que requieren para seguir llevando a cabo la búsqueda y la justicia”; y que los agentes del ministerio público continúen el seguimiento de los casos con las familias a través de medios electrónicos. “La pandemia también nos enseña que hay que romper con la burocracia y formalismos excesivos que son los que impiden que avancemos en la búsqueda y la justicia. Éstas son sólo algunas de las obligaciones en las que las instituciones pudieran avanzar, para que una vez pasada la contingencia, ya no exista pretexto para realizar semanalmente operativos de búsqueda en campo y por todos los medios y sobre todo identificarlos, entregarlos a sus familias y garantizar un entierro digno, verdad y justicia”. |
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