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Foto:
Maria Luisa Severiano
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.- La llegada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) del caso de la muerte de la abogada Digna Ochoa no solo representa la oportunidad de demostrar que se trató de un asesinato y no de un suicidio, sino también de comprobar qué hay elementos para hablar de un “crimen de Estado”, señalaron los familiares de la víctima y la organización que la acompaña.
En conferencia de prensa, David Peña, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social (GADHJS), recordó que desde el asesinato de Ochoa y Plácido, ocurrido en 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ComIDH) abrió de oficio un expediente para analizar de qué forma se llevó a cabo la investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sobre el caso, instancia que clasificó lo ocurrido como un presunto suicidio.
Sin embargo, recordó el abogado, en mayo de 2019 la ComIDH emitió un informe de fondo en el cual señaló que las autoridades capitalinas habían cometido irregularidades graves en la indagatoria, entre ellas no investigar las amenazas previas en contra de Digna Ochoa, por lo que emitió una declaración de responsabilidad del Estado mexicano por este aspecto.
Jesús Ochoa y Plácido, hermano de Digna, destacó que al llegar el caso a la CorIDH, “hoy existe la posibilidad inminente de ofrecer las pruebas que guardamos con mucho celo para que investigaran a un probable asesino. Esto no fue más que un crimen de Estado “.
En el mismo sentido, la abogada Karla Micheel Salas, también integrante del GADHJS, coincidió en qué “hay muchos elementos para decir que fue un crimen de investigación”, al no haberse agotado las líneas de investigación que sugerían un probable caso de homicidio.
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