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| Piden prisión perpetua para asesinos de ambientalista hondureña. | ||||||
| En una audiencia ante un tribunal, la fiscalÃa argumentó que los cuatro autores materiales del asesinato de Cáceres, coordinadora del Consejo CÃvico de Organizaciones Populares e IndÃgenas de Honduras (Copinh), "obraron con alevosÃa" cuando la mataron en la comunidad occidental de La Esperanza. | ||||||
| Jueves 10 de Enero de 2019 | ||||||
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En una audiencia ante un tribunal, la fiscalÃa argumentó que los cuatro autores materiales del asesinato de Cáceres, coordinadora del Consejo CÃvico de Organizaciones Populares e IndÃgenas de Honduras (Copinh), "obraron con alevosÃa" cuando la mataron en la comunidad occidental de La Esperanza. Indicó que los cuatro aprovecharon la oscuridad de la noche del 2 de marzo del 2016 para romper la puerta de entrada a su casa y matar a la ambientalista de 44 años, antes de huir en un vehÃculo. Los defensores de los cuatro acusados, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Edilson Duarte y Oscar Torres, demandaron la pena mÃnima, de 20 años por asesinato, y 13 años y cuatro meses por intento de asesinato. Los cuatro fueron acusados también de "tentativa de asesinato" del mexicano Gustavo Castro, quien esa noche acompañaba a Cáceres en la casa y al que dejaron herido creyendo que habÃa muerto. En tanto, la fiscalÃa pidió también cadena perpetua para los otros tres acusados: el gerente ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Sergio RodrÃguez; para el ex jefe de seguridad de esa compañÃa, Douglas Bustillo, y al mayor del ejército, Mariano DÃaz. Los defensores de los tres pidieron 20 años de prisión. El 30 de noviembre, el tribunal declaró culpable a RodrÃguez, DÃaz, Bustillo y otro ejecutivo de DESA por contratar a cuatro sicarios para que mataran a Cáceres, a cambio de unos cuatro mil dólares. Los ejecutivos de DESA pensaron que matando a Cáceres podÃan seguir la construcción de una hidroeléctrica en el rÃo Gualcarque, en territorio indÃgena, según el fallo. La dirigente indÃgena habÃa sido amenazada de muerte por ejecutivos de DESA por encabezar manifestaciones para detener la construcción, por lo cual tenÃa medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Antes de que el tribunal dicte sentencia, la Sala de lo Constitucional debe resolver dos amparos presentados por familiares de Cáceres y dirigentes del Copinh, quienes recusaron al juzgado por temor a que pretenda salvar de responsabilidad a prominentes banqueros hondureños socios de DESA, a quienes consideran autores intelectuales del crimen. |
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