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| Las desapariciones son generalizadas en México, insiste la ONU; cadáveres y fosas, “una emergencia”. | ||||
| En el informe final divulgado al término de una sesión en la que examinó la situación en México -junto con la de otros dos países-, el Comité critica que no existan datos confiables sobre desapariciones forzadas y que las condenas sean escasas en el país latinoamericano. | ||||
| Lunes 19 de Noviembre de 2018 | ||||
| Por: EFE | ||||
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En el informe final divulgado al término de una sesión en la que examinó la situación en México -junto con la de otros dos países-, el Comité critica que no existan datos confiables sobre desapariciones forzadas y que las condenas sean escasas en el país latinoamericano. Asimismo, afirma que el alto número de cadáveres sin identificar y de fosas clandestinas sin atención constituyen una “emergencia” que las autoridades deben atender. El órgano de la ONU considera también que hay obstáculos para la participación de las víctimas y sus organizaciones en los mecanismos oficiales de búsqueda e investigación, así como para que obtengan verdad, justicia y reparación integral. La existencia del Grupo de Trabajo para la Identificación Humana de México es a todas luces insuficiente debido a que escasean los servicios forenses capaces de acompañar los procesos que deberían conducir a exhumaciones e identificaciones, según han concluido los expertos del Comité. Asimismo, en el informe se pide a las autoridades mexicanas que pongan rápidamente operativo el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas, el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Fosas. Por otra parte, se expresa la preocupación que ha causado el rol otorgado a las fuerzas militares en las tareas de seguridad pública en la mayor parte del territorio nacional, así como la creciente militarización de las autoridades civiles encargadas de hacer cumplir la ley. Se teme que todo ello pueda contribuir al aumento de la desaparición forzada y de la impunidad. Por ello, se recomienda “fortalecer a las fuerzas civiles del orden y establecer un plan de retiro gradual, ordenado y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública”. En otro apartado de su informe, el Comité lamenta no haber podido realizar la visita de trabajo a México que planteó al gobierno en 2013 y sobre la que ha insistido sin éxito. Por ello, aprovechó este informe para pedir al actual gobierno que dé su consentimiento para que esa misión pueda realizarse. |
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