Colectivos exigen desarme de paramilitares en ChalchihuitÃ¡n

Monday 09 de November de 2026

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Colectivos exigen desarme de paramilitares en ChalchihuitÃ¡n.

Decenas de organismos civiles exigieron "desarticulaciÃ³n, desarme y castigo inmediato a los grupos civiles armados de corte paramilitar, cuyos lÃderes materiales e intelectuales, han sido claramente identificados y seÃ±alados, por parte de autoridades, comisionados y comuneros de ChalchihuitÃ¡n". Ello, en respuesta a los acuerdos que oficialmente se tomaron en diciembre pasado entre las partes y el gobierno en relaciÃ³n al conflicto entre los municipios tzotziles de ChalchihuitÃ¡n y ChenalhÃ³, en la regiÃ³n de Los Altos.

Lunes 01 de Enero de 2018

Por: jornada.unam.mx

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Ciudad de MÃ©xico.- Decenas de organismos civiles exigieron "desarticulaciÃ³n, desarme y castigo inmediato a los grupos civiles armados de corte paramilitar, cuyos lÃderes materiales e intelectuales, han sido claramente identificados y seÃ±alados, por parte de autoridades, comisionados y comuneros de ChalchihuitÃ¡n". Ello, en respuesta a los acuerdos que oficialmente se tomaron en diciembre pasado entre las partes y el gobierno en relaciÃ³n al conflicto entre los municipios tzotziles de ChalchihuitÃ¡n y ChenalhÃ³, en la regiÃ³n de Los Altos.

El colectivo de organismos de la sociedad civil integrantes de la MisiÃ³n Civil de ObservaciÃ³n de la Zona Altos demanda el reconocimiento, por parte de los gobiernos federal y de Chiapas, "del estatus legal de desplazamiento forzado interno, de todas las familias y personas bajo esta inhumana situaciÃ³n, producto de la violencia armada de tipo paramilitar, en el marco del conflicto agrario ChalchihuitÃ¡n-ChenalhÃ³". Dicho reconocimiento "implica la aplicaciÃ³n inmediata de la DeclaraciÃ³n de los Principios Rectores de Desplazamiento Interno de la ONU y de la Ley para la PrevenciÃ³n y AtenciÃ³n del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas".

Ante la presencia de los paramilitares de ChenalhÃ³ que provocaron desde octubre el Ã©xodo de miles de indÃgenas, impune aÃºn ahora que se ha militarizado el Ã¡rea, los organismos apremian para que se garantice "seguridad plena para el libre trÃ¡nsito y el abasto de productos bÃ¡sicos y medicinas en toda la zona", asÃ como "seguridad plena" para la observaciÃ³n de derechos humanos.

Los organismos manifiestan repudio al "Comisionado Especial para ChalchihuitÃ¡n y ChenalhÃ³" designado por el ejecutivo estatal. Solicitan el "retiro inmediato" del "impuesto nombramiento de Fortino VÃ¡zquez PÃ©rez", independientemente de "su nefasta trayectoria polÃtica". Consideran que "la imposiciÃ³n unilateral de cualquier comisionado viola los derechos de las comunidades involucradas, a la consulta libre previa e informada, mÃ¡xime en un contexto tan delicado como el prevaleciente".

Otra exigencia es que se faciliten condiciones para que "el problema de fondo (territorial y agrario) se resuelva a travÃ©s de un diÃ¡logo polÃtico realizado desde las estructuras comunitarias tradicionales y agrarias de ambos Bienes Comunales, recuperando su memoria histÃ³rica como pueblos, con observaciÃ³n de organizaciones de la sociedad civil". Para eso, las instancias jurisdiccionales "que en lo sucesivo conozcan y resuelvan sobre este caso", deberÃ¡n hacerlo en "apego a los derechos colectivos de los Pueblos IndÃgenas".

Finalmente, los organismos de la misiÃ³n civil hacen un "fraternal y respetuoso" llamado a las autoridades comunales, comisionados, autoridades municipales y a la asamblea general de San Pablo ChalchihuitÃ¡n "a que reflexionen y analicen, a profundidad y con la mayor seriedad, dos delicados hechos". Uno, "la decisiÃ³n de solicitar la creaciÃ³n urgente de una Base de OperaciÃ³n Mixta dentro del territorio comunal, lo que conllevarÃa la militarizaciÃ³n de toda la zona de los Altos, en el grave contexto de la reciente aprobaciÃ³n y publicaciÃ³n de la Ley de Seguridad Interior, cuyo contenido se ha considerado tan lesivo para los derechos humanos".

El segundo hecho es "la divisiÃ³n interna y contaminaciÃ³n de todo el proceso de reestructuraciÃ³n de la vida comunitaria, en un contexto electoral como lo es este 2018, que representa la intervenciÃ³n de los partidos polÃticos, cuyos lÃderes y mayorÃa de candidatos buscan Ãºnicamente el beneficio personal y de grupo, corrompiendo, engaÃ±ando y manipulando a las y los votantes potenciales".