Por Francisco Berlín Valenzuela*
CUARTA PARTE
NOVENA FALACIA
LOS PARTIDOS POLÍTICOS PUEDEN EXIGIR DEMOCRACIA A LA SOCIEDAD SIN PRACTICARLA EN SU VIDA INTERNA.
La existencia de partidos políticos constituye uno de los elementos fundamentales de los sistemas democráticos, pues estas organizaciones tienen la responsabilidad de canalizar las demandas sociales, representar diferentes corrientes de pensamiento y ofrecer alternativas para acceder al ejercicio del poder público, siendo, por lo tanto, un puente entre el pueblo y el gobierno.
Sin embargo, su sola existencia no garantiza que cumplan verdaderamente estas funciones democráticas, pues en la práctica observamos que, en muchas ocasiones, la subordinación de unos partidos a los intereses de otros desvirtúa su propia vocación democrática.
Una de las contradicciones que merece examinarse es la ausencia de democracia en la vida interna de algunas organizaciones partidistas. Se habla de participación ciudadana, pluralismo y respeto a la voluntad popular, pero cuando llega el momento de elegir a sus dirigentes, definir sus programas o seleccionar a sus candidatos, las decisiones pueden quedar concentradas en pequeños grupos de poder, afines al gobierno en turno o a los factores reales de poder predominantes.
La selección de candidaturas constituye un ejemplo particularmente importante. Si los ciudadanos deben elegir libremente a sus representantes, resulta razonable preguntar: ¿con qué fundamento democrático se les ofrecen a los electores candidaturas cuyas designaciones no fueron resultado de procedimientos abiertos, transparentes y participativos dentro de sus propias organizaciones?
Más allá de la influencia que ejercen los grupos de poder y los hombres fuertes que, mediante prácticas de verdadero cacicazgo, controlan las decisiones internas de algunas organizaciones partidistas, existe otro problema igualmente preocupante: la comercialización de las candidaturas.
En determinados casos, las postulaciones dejan de responder a los méritos, la capacidad, la trayectoria y la honestidad de quienes aspiran a representar a la sociedad, para convertirse en posiciones cuyo acceso depende de la disponibilidad de recursos económicos. Las candidaturas que han sido objeto de comercialización adquieren entonces un precio y solamente quienes pueden pagarlo tienen posibilidades reales de obtenerlas.
Esta práctica representa una grave deformación ética de la democracia, porque quien compromete recursos económicos para conseguir una postulación puede llegar al ejercicio de un cargo público con la pretensión de recuperar la inversión realizada, subordinando el interés colectivo a sus propios intereses.
Cuando esto sucede, la representación popular corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de recuperación de inversiones particulares, en lugar de constituir un ejercicio de servicio a la sociedad.
De esta manera, la voluntad ciudadana comienza a quedar desplazada, antes incluso de que se emita el primer voto.
También merece especial atención la existencia de organizaciones políticas cuya actuación parece subordinada a los intereses de otros partidos, convirtiéndose en partidos satélites dentro del órgano parlamentario, circunstancia que puede desdibujar su identidad y reducir su autonomía como instrumentos de representación ciudadana.
A ello se agregan las negociaciones parlamentarias cuando los votos y las decisiones legislativas dejan de responder primordialmente a convicciones, principios y compromisos programáticos y se realizan a espaldas de la representación ciudadana, para convertirse en instrumentos de intercambio de beneficios o posiciones políticas.
Los partidos políticos deben ser organizaciones que fomenten la formación cívica, la participación de sus militantes y la discusión plural de los asuntos públicos. No pueden convertirse exclusivamente en estructuras destinadas a conquistar y conservar posiciones de poder, prescindiendo de la voluntad de los ciudadanos a quienes deben representar.
La democracia no puede reducirse a la competencia electoral ni al reparto de posiciones de gobierno. Exige congruencia entre los principios que se proclaman y las prácticas que se realizan.
No puede exigirse a la sociedad una conducta democrática que los propios partidos políticos no están dispuestos a practicar en su interior.
De ahí que la democracia no puede considerarse auténtica cuando quienes tienen la responsabilidad de representar la voluntad popular comienzan por desconocerla en los procedimientos mediante los cuales acceden a las candidaturas y al poder.
DÉCIMA FALACIA
LA DEMOCRACIA PUEDE FUNCIONAR SIN CIUDADANOS INFORMADOS, VIGILANTES Y PARTICIPATIVOS.
Quizá una de las falacias más preocupantes consiste en suponer que la democracia puede sostenerse exclusivamente mediante la celebración periódica de elecciones, sin que los ciudadanos tengan interés en conocer, comprender y vigilar los asuntos públicos.
La democracia requiere ciudadanos informados, capaces de analizar las decisiones gubernamentales, conocer sus derechos, comprender sus obligaciones y decididos a participar responsablemente en la vida colectiva.
La participación ciudadana no se agota en acudir a las urnas. Comprende también el interés por los problemas nacionales, el seguimiento de las políticas públicas, la vigilancia del comportamiento de los representantes y, de manera muy señalada, la exigencia de transparencia y rendición de cuentas.
Una sociedad desinformada o indiferente frente a los asuntos públicos puede convertirse en terreno propicio para que los grupos de poder actúen sin controles suficientes y lleven a cabo políticas autocráticas, contrarias a la voluntad del pueblo, propiciando con ello un aletargamiento de la conciencia ciudadana y una creciente apatía frente a las autoridades gubernamentales.
Por ello, la educación democrática debe constituir una tarea permanente, que comience desde la formación de los niños y continúe durante todas las etapas de la vida.
En esta labor, las instituciones educativas, las universidades, los medios de comunicación y, particularmente, los partidos políticos tienen una responsabilidad que no pueden eludir.
Estos últimos deben recuperar su función formativa, convirtiéndose en espacios donde se estudien los problemas nacionales, se debatan las distintas corrientes de pensamiento y se prepare a los ciudadanos para vivir en democracia, capaces de comprender la importancia de la participación política.
La democracia, es conveniente insistir, no se fortalece con ciudadanos que solamente votan, sino con personas que se interesan por el destino de su comunidad, que cuestionan las decisiones equivocadas y que exigen que el poder se ejerza conforme a la Constitución y las leyes.
Una ciudadanía informada y participativa constituye uno de los mejores instrumentos para impedir los abusos del poder.
La democracia no se hereda ni se conserva por inercia: se aprende, se practica y se defiende durante toda la vida.
REFLEXIONES FINALES
Las falacias examinadas anteriormente nos permiten advertir que las deformaciones de la democracia no siempre se encuentran en la ausencia de leyes, instituciones o procedimientos electorales.
En ocasiones, las contradicciones más profundas aparecen precisamente en la manera en que se utilizan esos instrumentos, en los intereses que determinan su funcionamiento y en las prácticas irresponsables de quienes tienen la misión de conducir la vida pública.
La democracia requiere mucho más que estructuras formales: necesita instituciones confiables, organizaciones políticas congruentes y ciudadanos capaces de ejercer sus derechos con libertad, conocimiento y responsabilidad. Por eso resulta de vital importancia comprender el papel que corresponde a la ciudadanía en la construcción, vigilancia y fortalecimiento de la democracia.
Resultan preocupantes, al respecto, las conclusiones a las que llega Latinobarómetro en su informe de 2026 sobre la situación de la democracia en América Latina, particularmente por los datos que presenta acerca de la percepción de los ciudadanos mexicanos, pues reflejan actitudes y tendencias que pueden debilitar los fundamentos de la convivencia democrática y la confianza en sus instituciones.
Espero que los lectores de este análisis comprendan que los resultados de este estudio ponen de manifiesto una realidad que merece nuestra atención: el respaldo ciudadano a la democracia en México muestra señales de debilitamiento, mientras aumenta la disposición de algunos sectores de la población a aceptar alternativas no democráticas, siempre que estas prometan resolver los problemas del país.
Uno de los indicadores internacionales más reveladores es el relativo a la preferencia por la democracia frente a cualquier otra forma de gobierno. En México, solamente el 45% de las personas encuestadas manifestó esa preferencia, cifra que representa cuatro puntos porcentuales menos que en 2024 y se sitúa siete puntos por debajo del promedio latinoamericano, que alcanza el 52%.
Otro dato que merece especial atención es que el 53% de los mexicanos encuestados manifestó que aceptaría un gobierno no democrático si este lograra resolver los problemas del país. A ello se suma que un 17% considera que, en determinadas circunstancias, un régimen autoritario podría ser necesario, mientras que un 30% declara ser indiferente al tipo de régimen político.
En cuanto a la confianza en las instituciones, los resultados también muestran señales de preocupación. El Congreso y otras instituciones públicas registran niveles de confianza inferiores al 30%, mientras que la satisfacción general de los mexicanos con el funcionamiento de la democracia se sitúa apenas en el 30%.
Fuente: Corporación Latinobarómetro, Informe 2026. Encuesta realizada entre el 7 de mayo y el 17 de junio de 2026.
Estas cifras no deben interpretarse como simples resultados de una encuesta, sino como señales de una profunda realidad que exige reflexión. Cuando una parte importante de la ciudadanía manifiesta disposición a aceptar gobiernos no democráticos, pierde confianza en las instituciones o expresa insatisfacción con el funcionamiento de la democracia, se encienden serias señales de alarma sobre la necesidad de fortalecer la cultura democrática y recuperar la confianza de la sociedad en sus instituciones.
No debemos perder de vista que el desarrollo de una nación no puede medirse exclusivamente por sus indicadores económicos o por la reducción de la pobreza de sus habitantes. También debe valorarse la fortaleza de sus instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y la capacidad del poder público para garantizar los derechos, la justicia y el bienestar colectivo.
Poco significaría para el progreso de una nación que sus habitantes lograran superar la pobreza si, al mismo tiempo, fuera el propio Estado el que cayera en una situación de pobreza institucional, de debilitamiento presupuestario y de deterioro jurídico y moral, perdiendo su capacidad para garantizar los derechos, la justicia y el bienestar colectivo.
La democracia no se concede graciosamente, no se hereda ni se garantiza por decreto: se construye, se ejerce y se defiende todos los días.
Finalmente, quisiera dejar a consideración de mis lectores una pregunta que cada uno deberá responder con absoluta sinceridad, pensando en su familia, en las nuevas generaciones y en el futuro de nuestra patria:
¿Estamos dispuestos, como ciudadanos, a asumir la responsabilidad que nos corresponde para construir, fortalecer y defender una auténtica democracia en México?
La educación democrática no consiste solamente en enseñar a los ciudadanos qué es la democracia, sino en despertar en ellos la conciencia de que también son responsables de construirla y preservarla.
*Doctor en derecho, catedrático universitario, autor de libros sobre Derecho Electoral y Parlamentario, Presidente del Instituto Nacional de Derecho Electoral y Estudios Políticos A.C., exdirector fundador de El Colegio de Veracruz y de la Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN. |
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