Revelan que redes de importación utilizaron al puerto de Tuxpan para internar millones de litros de diésel; solo 3 buques suman casi 600 mdp de evasión fiscal MEMORANDUM 1.- Al rechazar impugnaciones que buscaban impedir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) combatir resoluciones favorables a empresarios investigados por la Fiscalía General de la República (FGR), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó abierta la disputa judicial por un presunto contrabando de 21.5 millones de litros de diésel en el puerto de Tuxpan. Investigaciones de la FGR y auditorías del SAT apuntan a que redes de importación utilizaron el puerto de Tuxpan, Veracruz, para descargar e internar millones de litros de diésel, eludiendo controles fiscales. Aunque el SAT mantiene abierta una controversia judicial por la presunta importación irregular de 21.5 millones de litros de diésel no declarados ante la aduana de Tuxpan, como parte de un cargamento mayor transportado en 2019, existen, presuntamente otros cargamentos que suman aproximadamente 89.2 millones de litros. En este marco, tres buques mercantes quedaron bajo investigación de la FGR: Akeraios, Atlantic Bay y un tercero de nombre reservado, que atracaron en las terminales marítimas de Tuxpan. Akeraios: buque petrolero que arribó con 28.7 millones de litros de diésel, de los cuales únicamente se declararon 2.8 millones ante la aduana. El perjuicio fiscal estimado por este cargamento fue de 205.3 millones de pesos. Atlantic Bay: otro buque que ingresó la misma cantidad (28.7 millones de litros), reportando falsamente solo 7.1 millones de litros. La evasión fiscal calculada aquí fue de 173 millones de pesos. El tercero de nombre reservado, cuyo nombre aparece censurado en las sentencias judiciales por motivos de confidencialidad o debido a que el proceso legal sigue su curso, transportó el cargamento más grande: 31.8 millones de litros, declarando solo 4.7 millones, lo que generó un daño al erario de 215 millones de pesos. Los cargamentos marítimos ingresaban al país siendo declarados formalmente ante la aduana de Tuxpan como "aditivos químicos" o preparaciones exentas de algunas obligaciones arancelarias. Sin embargo, los análisis técnicos posteriores demostraron que los tanques contenían diésel automotriz de importación terminada. Tras la inmovilización de las naves, las autoridades aduaneras aplicaron sanciones legales y abrieron las carpetas de investigación por falsedad en la declaración de mercancías. Con relación a las impugnaciones, el Pleno resolvió cuatro recursos de queja relacionados con la admisión de amparos promovidos por el SAT, sin pronunciarse sobre la responsabilidad penal de los investigados ni determinar definitivamente qué autoridad federal tiene competencia para representar a Hacienda en estos procedimientos. El amparo y la queja del SAT, que llegó hasta la Corte, se originó porque un Tribunal Colegiado tumbó la vinculación a proceso de los implicados. Detrás de la revocación provisional estuvo una presunta omisión procesal de la FGR. Para el Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito, que puso bajo lupa el expediente 133/2024 radicado en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Veracruz, ese yerro impedía continuar el procedimiento contra Edgar Marín Meza Moreno, presidente de la empresa Administración de Impulsora de Productos Sustentables. En diciembre pasado, el tribunal con sede en Veracruz dejó sin efecto la decisión del juez de control que había vinculado a proceso a Meza Moreno. Consideró que faltaba un requisito de procedibilidad, una condición necesaria para ejercer la acción penal. De acuerdo con el fallo, correspondía dar participación a la Dirección General Jurídica de Aduanas de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), como representante de la víctima u ofendida por el presunto contrabando previsto en el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación. Para la audiencia inicial, sin embargo, se notificó a la Secretaría de Hacienda por conducto de un funcionario del SAT. El colegiado sostuvo que esa actuación impedía analizar los hechos y tener por satisfechos los requisitos para vincular al empresario a proceso. Revocar esa decisión por una omisión procesal no significó establecer que el combustible hubiera ingresado legalmente al país ni la responsabilidad del investigado en el presunto contrabando. El Pleno resolvió cuatro recursos de queja y mantuvo firmes las admisiones de los amparos promovidos por el SAT. Dos asuntos concluyeron tras el desistimiento de los recurrentes, Edgar Marín Meza Moreno y Mario Alberto Guijarro Tamayo, dueños de Impulsora de Productos Sustentables y Dersa Oil & Gas, respectivamente, mientras que en otros se desestimaron las objeciones contra la admisión. Los proyectos estuvieron a cargo del presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y de las ministras María Estela Ríos González y Loretta Ortiz Ahlf. Las resoluciones judiciales impugnadas por el SAT favorecieron a los empresarios investigados, aunque sus situaciones procesales fueron distintas: una confirmó la no vinculación a proceso de Meza Moreno y otra dejó sin efecto la vinculación de Guijarro Tamayo, según los antecedentes expuestos en la sesión de la Corte. Cuatro años separan la declaratoria de perjuicio y la presentación de la investigación ante un juez. El primer documento lo presentó un funcionario de la Administración General Jurídica del SAT el 4 de mayo de 2020. El tribunal reconoció que entonces tenía facultades para emprender acciones legales. Cuando la FGR judicializó la carpeta, el 25 de julio de 2024, ya estaba vigente el Reglamento Interior de la ANAM, que entró en vigor el 1 de enero de 2022. Esa secuencia sustentó la conclusión del colegiado de que Aduanas debía intervenir. Dentro de la investigación también figuraba un dictamen contable del 22 de febrero de 2023 que estimó un perjuicio fiscal, según lo expuesto por la fiscalía al formular la imputación. El tribunal mencionó ese documento al examinar las actuaciones posteriores al cambio institucional. En marzo, la Corte decidió atraer los recursos de queja después de que Meza Moreno impugnara la decisión de dar entrada a un amparo del SAT. Su intervención se concentró en esa disputa sobre la admisión, sin resolver el fondo de la reclamación del organismo fiscal. Corresponderá ahora a un Tribunal Colegiado de Circuito resolver los amparos del SAT y determinar si estuvo fundada la decisión que revocó la vinculación a proceso del empresario.
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Surge el nombre de Enma Patricia García Rodríguez, excontralora de SESVER con Cuitláhuac, en escándalos de Taddei y el empresario José Alfredo Casillas MEMORANDUM 2.- Como si el horno estuviera para bollos en Veracruz, Enma Patricia García Rodríguez, excontralora de SESVER en tiempos del ex gobernador Cuitláhuac García, estaría vinculada en la polémica que involucra a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y al empresario José Alfredo Hernández Casillas. Y es que, hay quienes recuerdan que su salida de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) ocurrió en medio de señalamientos por presuntos actos de corrupción, antes de incorporarse a la Dirección de Recursos Financieros del Instituto Nacional Electoral, INE. Posteriormente, la excontralora llegó a la Dirección de Recursos Financieros del organismo electoral, donde asumió nuevas responsabilidades administrativas. García Rodríguez trabajó en SESVER durante la administración del ex gobernador Cuitláhuac García Jiménez pero dejó el cargo en febrero del 2025. A mediados de ese año, información periodística reveló que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Veracruz abrió la carpeta de investigación FGE/FECCEV/80/2025 contra ex funcionarios de SESVER por delitos como abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito, entre otros. Meses después, Emma Patricia llegó al órgano electoral dónde presuntamente se vio involucrada en reuniones con Hernández Casillas, un proveedor investigado por presuntas irregularidades y a quien se le señala por su cercanía con la ex presidenta consejera del INE, Guadalupe Taddei. El pasado 22 de octubre el diario Reforma publicó una investigación sobre las presuntas reuniones que sostuvieron funcionarios y exfuncionarios del organismo electoral con el citado empresario. La investigación iba acompañada de videos y fotografías. Entre las personas asistentes a esas reuniones estuvo Emma Patricia García Rodríguez. En la investigación no se señala directamente la participación que tuvo Emma Patricia, salvo el haber asistido a las reuniones y que ocupó la titularidad de la Dirección de Recursos Financieros. José Alfredo Hernández Casillas es un empresario que actualmente está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Se dedicó al suministro de materiales electorales para el órgano electoral, específicamente de la impresión de boletas. Al presunto amparo de Taddei, el empresario estaría involucrado en una red de empresas que simularon competencia para obtener licitaciones del INE.
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Violencia contra mujeres en Veracruz aumentó 59.8% durante los primeros 9 meses de 2026, al pasar de 194 casos en el mismo periodo de 2025, a 310 MEMORANDUM 3.- Vaya caso, de acuerdo con las estadísticas del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres) de la Universidad Veracruzana (UV), los registros de violencia contra las mujeres en Veracruz aumentaron 59.8 por ciento durante los primeros nueve meses de 2026, al pasar de 194 casos en el mismo periodo de 2025 a 310. El incremento equivale a 116 registros adicionales y los 310 casos documentados hasta septiembre de 2026 ya superan los 271 contabilizados durante todo 2025. Entre 2014 y septiembre de 2026, el Observatorio acumuló 6 mil 837 registros de distintas formas de violencia contra las mujeres. Durante los primeros nueve meses de este año, la combinación de violencia psicológica y física concentró 207 casos. En una estadística independiente, el organismo universitario documentó mil 267 feminicidios desde 2014 hasta septiembre de 2026. Sin embargo, a diferencia de los registros de violencia, los feminicidios disminuyeron en comparación con los primeros nueve meses de 2025 y 2026. Septiembre concentró más registros de violencia contra mujeres. De acuerdo con el OUVMujeres, septiembre de 2026 registró 64 casos de violencia contra las mujeres, la cifra mensual más alta entre enero y septiembre. Le siguieron julio, con 53 casos; junio y agosto, con 51 cada uno; marzo, con 25; mayo, con 21; enero, con 18; febrero, con 16, y abril, con 11. En el mismo periodo de 2025 se contabilizaron 194 registros. Los meses con más casos fueron septiembre, con 42; agosto, con 38; julio, con 27, y junio, con 19. La comparación entre ambos periodos muestra un incremento de 59.8 por ciento, mientras que el acumulado de los primeros nueve meses de 2026 supera en 39 casos el total registrado durante el año anterior. Las estadísticas contemplan violencia psicológica, física, sexual, patrimonial, económica y obstétrica, además de violencia digital, mediática y vicaria, entre otras categorías. Veracruz acumula mil 267 feminicidios desde 2014. A diferencia del aumento en los registros de otras formas de violencia, el Observatorio documentó una disminución en los feminicidios durante los primeros nueve meses de 2026. Entre enero y septiembre contabilizó 44 feminicidios, frente a los 54 registrados durante el mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción de 18.5 por ciento. Sin embargo, el acumulado histórico del OUVMujeres asciende a mil 267 feminicidios entre 2014 y septiembre de 2026. El año con más casos fue 2017, con 176, seguido de 2019, con 151; 2016, con 142, y 2018, con 129. En conjunto, estos cuatro años concentraron 598 feminicidios, equivalentes al 47.2 por ciento del total documentado. En los años siguientes, el Observatorio registró 95 feminicidios en 2020, 83 en 2021, 85 en 2022 y 56 en 2023. Durante 2024 contabilizó 60 casos, mientras que en 2025 la cifra aumentó a 73. En los primeros nueve meses de 2026, abril concentró nueve feminicidios y mayo ocho. En enero se registraron seis; julio y agosto tuvieron cinco cada uno; septiembre, cuatro; febrero y junio, tres por mes, y marzo, uno. Cosoleacaque y Coatzacoalcos concentran casos de mujeres asesinadas. De manera independiente a las estadísticas del Observatorio, el portal AVC Noticias documentó al menos 31 casos de mujeres asesinadas entre enero y octubre de 2026, mediante el seguimiento de reportes periodísticos sobre hechos violentos ocurridos en distintos municipios de Veracruz, tales como Tuxpan, Martínez de la Torre, Cosoleacaque, Agua Dulce, Coatzacoalcos, Minatitlán, Xalapa, Córdoba, Veracruz, Tlapacoyan, Perote y Cuitláhuac, entre otros. De estos casos, Cosoleacaque y Coatzacoalcos concentran el mayor número de agresiones. Los registros incluyen ataques con armas de fuego, agresiones con armas blancas y golpes, así como hallazgos de cuerpos en viviendas, carreteras, terrenos y otros espacios públicos. Entre los casos documentados se encuentra el de Karla Lara España, de entre 25 y 30 años, localizada sin vida el 23 de enero en Cosoleacaque. El 12 de febrero fue identificada Aylin “N”, originaria del Estado de México, cuyos restos fueron encontrados dentro de una hielera en Villa Allende, Coatzacoalcos. En Cosoleacaque, el 14 de mayo, Lizeth, de entre 20 y 30 años, fue atacada a balazos cuando viajaba con una amiga. Ambas fueron interceptadas por dos sujetos a bordo de una motocicleta y, cuando intentaron huir, los disparos alcanzaron a Lizeth. Tres días después, el 17 de mayo, Ana Lilia y Yalina, madre e hija, habrían sido privadas de la libertad y posteriormente asesinadas. Sus cuerpos fueron abandonados desde una camioneta en movimiento en calles del Barrio Cuarto de Cosoleacaque. No todos los casos documentados por AVC Noticias han sido clasificados oficialmente como feminicidios. Algunos se investigan como homicidios dolosos, mientras que en otros todavía no se ha precisado públicamente su clasificación jurídica. El seguimiento también incluye víctimas cuya identidad no había sido establecida en los reportes iniciales. El Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana integra sus registros a partir del monitoreo de 35 medios de comunicación, como parte del proyecto Asesinatos de mujeres y niñas por razón de género. Feminicidios en la entidad veracruzana. La recopilación incluye información publicada en portales periodísticos, medios impresos, sitios oficiales de la Fiscalía General del Estado, comunicados de instituciones públicas y redes sociales. Posteriormente, los casos se organizan y clasifican con una metodología basada en el Código Penal de Veracruz, que establece los criterios para identificar el feminicidio, y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que define los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Los registros del Observatorio y el seguimiento de AVC Noticias corresponden a ejercicios de documentación distintos, por lo que sus cifras no deben sumarse ni interpretarse como estadísticas equivalentes.
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