México en una auténtica batalla de contramedidas entre los criminales y el Estado, un juego del gato y el ratón, advierten en EU MEMORANDUM 1.- En diversas mecas de pensamiento, seminarios y foros académicos avocados al análisis de la conflictividad política y geopolítica global, tales como el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, en Washington D.C.) o el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, en Reino Unido), pulula la tesis de que el narco ya no necesita ganar enfrentamientos armados para mantener el control de sus terruños y la estabilidad de sus operaciones; con un flujo casi irrestricto de capitales y dividendos, cadenas de suministro internacionales y mercados con pertrechos de guerra y tecnología completamente permeables, además del secuestro de otras economías ilícitas, las organizaciones criminales del trasiego de droga cosechan números que ascienden, al menos en México, a entre 58 y 88 mil millones de dólares por año, superando con creces la cifra presupuestada para la Secretaría de la Defensa Nacional en 2026, de unos 170 mil 753 millones de pesos, es decir, poco más de 9 mil millones de dólares. Esta diferencia entre la hacienda del hampa y el arca de las instituciones a las que se encargó su combate se extrapola, por lógica, a la cantidad de dinero que destina cada actor a esfuerzos de Innovación y Desarrollo, o simplemente para adquirir equipo, capital humano y capacidades tecnológicas extraordinarios, todos elementos que tejen hoy día una hoja de ruta para el narco en la que la inteligencia y los golpes certeros pesan más que el terror y las demostraciones de fuerza. Y existen dos breves agregados más: la geografía y el buen trato diplomático bendicen a México con profundos vínculos comerciales con China, masivo proveedor de componentes electrónicos vitales para lo que se viene, según los analistas. El otro añadido, es que mientras la burocracia podría entorpecer el ímpetu inventivo del Ejército o la Marina y sus socios en la iniciativa privada, las universidades y otras dependencias, o retrasar la compra de enseres tecnológicos, el crimen organizado se manda solo y actúa con una celeridad voraz y altamente pragmática, es el único actor no estatal e ilegal que combina grandes capacidades logísticas, de capital y de acceso a la tecnología. En un ensayo titulado Nuevas amenazas emergentes de los cárteles mexicanos, citado incluso en academias militares como West Point, los investigadores Ghaleb Krame y Eduardo Zerón García, desmenuzan de qué forma el narco en México avanza en la captura de aquello que hoy día son los tres grandes frentes de batalla entre el Estado y la actividad criminal, el aire, el territorio y el ciberespacio. Y todo parte de una sola premisa: la adopción de una capacidad por parte de los delincuentes se basa en condiciones observables. La autoridad falla en tanto tiende a reaccionar a las nuevas competencias sin observar las condiciones que la generaron y prevenir que tales destrezas se materialicen en casa. Ya a ninguna redacción o gobierno sorprende escuchar que los cárteles mexicanos han encontrado un coto de observación de nuevas tecnologías en la guerra entre Rusia y Ucrania, y aunque no ha sido tajantemente probado, se advierte que es incluso el laboratorio de sus matones, al que viajan para aprender y luego enseñar sobre el combate moderno entre sus propias huestes. De modo que entre la variopinta galería de cárteles en México han surgido unidades de zapadores, explosivistas y droneros cuyos primeros capitanes habrían realizado pasantías en la guerra eslava. Este intercambio se tradujo en México en una auténtica batalla de contramedidas entre los criminales y el Estado, un juego del gato y el ratón en el que desafortunadamente los narcos marcan el paso y la oficialidad reacciona para contener. De acuerdo con Krame y Zerón García, nunca un sólo dominio expresó tan bien la dinámica que mantienen el narco y el Estado en materia de incorporación de capacidadas tecnológicas ni la ventaja que lleva uno sobre el otro, como el uso de drones. Estos aparatos surcan las serranías en México y la frontera con Estados Unidos al menos desde 2020, dos años antes de que la guerra desatase el potencial de los cuadricópteros, pero entonces su uso se limitaba casi por completo al trasiego de droga y al monitoreo. Luego, hacia 2023, al menos 260 ofensivas droneras con explosivos y armas químicas (gases tóxicos) habían desplazado a comunidades enteras y barrido enclaves en disputa entre cárteles en las estribaciones de por lo menos seis estados. Las primeras contramedidades del Estado mexicano hacia los narcodrones afloraron en buena medida tras la implementación del Plan Michoacán, en el epicentro del problema, y de cara a la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026, cuando se dotó al Ejército, Marina, policías estatales y algunas municipales de “rifles antidrones” e inhibidores fijos y semifijos de señales para interrumpir los vuelos de lo que en su totalidad eran modelos comerciales de drones apenas intervenidos. Ya para entonces estos modelos de cuadricópteros de First Person View (FPV) eran usados por los cárteles no solo para bombardear, también para realizar lo que en la jerga militar se conoce como misiones ISR, de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (por sus siglas en inglés: Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance). De carácter proteico, el narco saltó la contramedida estatal y resolvió el problema de las interferencias con drones comandados por fibra óptica, siguiendo las lecciones de Ucrania. ¿La exacerbación del valor de esta nueva adaptación? El ensayo de Krame y Zerón García la fija en el decomiso en el sur de Sinaloa, entre el 4 y el 11 de octubre pasado, de 63 cuadricopteros FPV “artesanales” dotados de baterías extra y al menos 59 bobinas de cable de fibra óptica. El golpe expone dos cuestiones importantes, por un lado el filamento óptico del cable no emite ni recibe ningún tipo de señal aérea que los inhibidores puedan bloquear, dejando sin efecto la respuesta de México a la aparición de los drones. Y segundo, los equipos incautados, en palabras del secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, no eran cuadricópteros terminados, sino destinados a ensamblaje; ello sugiere que en México existen lineas de producción clandestinas, y tendientes a industriales, de este tipo de herramientas.
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Félix Gallardo y el cártel de Guadalajara: cuna y piedra angular del narcotráfico en México MEMORANDUM 2.- Poco antes de las 14 horas del domingo murió el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Jefe de Jefes, en el hospital privado Country 2000 de Guadalajara, Jalisco. El capo, recluido en el penal de Puente Grande, ingresó con baja oxigenación, alteración de la conciencia y desorientación. Permaneció bajo observación médica, con pronóstico reservado, hasta que una falla orgánica múltiple provocó su muerte. Miguel Ángel Félix Gallardo, pasó de ser agente de la Policía Judicial estatal y escolta de la familia del ex gobernador de Sinaloa de 1963 a 1968, el priísta, Leopoldo Sánchez Celis, a fundador, junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, del cártel de Guadalajara, la organización que dominó el cultivo y tráfico de enervantes en México durante los años 70 y 80 del Siglo XX y las rutas de droga hacia Estados Unidos. La organización del también llamado Padrino es considerada la cuna de los grandes cárteles del narcotráfico en México. De su fragmentación surgieron los cárteles de Juárez, de los Carrillo Fuentes; de Tijuana, de los Arellano Félix, y el poderoso cártel de Sinaloa, con presencia en al menos 40 países, según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Félix Gallardo fue detenido en abril de 1989 y condenado a 37 años de prisión por los asesinatos del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena y del piloto, Alfredo Zavala, y a 40 años por delitos de narcotráfico. Félix Gallardo nació el 8 de enero de 1946 en Bellavista, Sinaloa. En su juventud ingresó a la Policía Judicial estatal y se desempeñó como escolta de los hijos de Leopoldo Sánchez Celis, con quien mantuvo una estrecha relación y a quien se le atribuye haber sido su protector político. Ante la sociedad proyectaba la imagen de un empresario exitoso, con inversiones en ranchos, hoteles y compañías. También figuró como accionista y consejero regional del desaparecido Banco Mexicano Somex. En los años setenta consolidó el cártel de Guadalajara junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto. Entre sus colaboradores estuvieron Héctor Luis El Güero Palma Salazar y Joaquín El Chapo Guzmán. La organización comenzó a fragmentarse tras el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, en 1985, y las posteriores capturas de sus dirigentes. La disputa por rutas y plazas alimentó nuevas organizaciones y enfrentamientos. Según investigaciones citadas por la prensa, Félix Gallardo habría ordenado el asesinato de la esposa y los dos hijos de El Güero Palma. En una carta manuscrita de 32 páginas, publicada por La Jornada el 9 de febrero de 2009, Miguel Ángel Félix aseguró que fueron las autoridades federales quienes distribuyeron las plazas del narcotráfico en México: “fue Guillermo González Calderoni (comandante de la extinta Policía Judicial Federal) y sus superiores inmediatos quienes repartieron plazas” a los narcotraficantes. Desde prisión, acusó a González Calderoni de traicionarlo y ordenar su captura en abril de 1989. También denunció que fue torturado para obligarlo a declararse culpable del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, ocurrido en 1985.
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PVEM en Cámara de Diputados pide reforzar presupuesto para niños en casas hogar: La protección de estos menores debe ser una responsabilidad del Estado MEMORANDUM 3.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados demandó que se preste mayor atención presupuestaria por parte del gobierno federal, a niños y adolescentes en situación de orfandad, abandono o sin cuidados parentales. El diputado federal Jesús Cuanalo, argumentó: “No podemos permitir que su futuro dependa únicamente de la generosidad de particulares, de las donaciones que reciben las casas-hogar o de las posibilidades económicas de las instituciones que los atienden”. La protección de estos menores debe ser una responsabilidad del Estado mexicano, respaldada por recursos públicos suficientes, específicos y transparentes, destacó. Cuanalo Araujo recordó que por esa razón presentó una reserva durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2027, a fin de reasignar 200 millones de pesos al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), específicamente al programa de Servicios de Protección y Asistencia Social. También subrayó que en 2025 presentó una iniciativa orientada a destinar recursos públicos federales para garantizar la atención de estos niños y adolescentes. En su planteamiento, explicó que incluyo apoyos para que este sector de la población pueda seguir estudiando después de cumplir 18 años y concluya una carrera universitaria o una formación profesional. Cumplir 18 años, no significa que una persona haya adquirido automáticamente los recursos económicos, emocionales y educativos para enfrentar sola la vida, puntualizó el pevemista. Demandó no permitir que una niña o un niño que ha pasado años bajo la protección de una institución llegue a la mayoría de edad y se encuentre, de pronto, sin hogar, sin recursos y sin oportunidades para continuar su preparación. “Tenemos que construir un sistema que acompañe su desarrollo y que les permita alcanzar sus aspiraciones”, abundó el legislador. Con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señaló que en 2020 había en México mil casas hogar para menores de edad.
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