Ante corrupción, pide Javier Herrera, Presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso investigar compras del INE y de los OPLEs, incluido el de Veracruz MEMORANDUM 1.- Luego de afirmar que como Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, “son los vigilantes de los vigilantes”, el diputado federal Javier Herrera Borunda pidió investigar las compras del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos públicos locales electorales (OPLE), incluido el de Veracruz, pues consideró que la fabricación de material electoral en México podría registrar sobreprecios desde hace más de dos décadas debido a la concentración de contratos entre un reducido grupo de empresas. Y aunque hay quienes dicen que los vigilantes de los vigilantes no vieron en su momento el escándalo desatado en el INE por los reportajes relacionados con los contratos otorgados a empresas de personajes del círculo cercano de la ahora ex Presidenta del órgano electoral ni de sus subalternos, como el veracruzano Octavio García, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que no más de cinco empresas participan de manera recurrente en el suministro de estos materiales lo que, a su juicio, podría haber limitado la competencia y elevado los costos de las elecciones, constituyendo oligopolios. "Siento que el material electoral en general, no de ahorita, estoy hablando más de 20 años, hay oligopolios, son muy pocas las empresas que participan. Si vemos cómo está en los OPLEs, no hay más de cinco empresas que tienen los contratos y eso yo creo que ha generado una distorsión en el mercado", aseguró. El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reconoció que carece de pruebas para demostrar la existencia de sobreprecios, pero consideró necesario comparar los montos pagados por las autoridades electorales con los costos reales de fabricación. "No tengo todavía las pruebas, espero que las puedan conseguir las autoridades competentes, pero lo sospecho, donde se han inflado estratosféricamente los costos", sostuvo. Herrera Borunda planteó realizar un estudio del mercado de materiales electorales para identificar a las empresas proveedoras, revisar sus contratos y determinar si los precios corresponden a los costos de producción. "Yo lo que estoy queriendo impulsar es que realmente se haga una investigación de mercado de cuánto cuesta realmente hacer el material electoral, porque siento que si le entramos a fondo y con pruebas vamos a encontrar que hay sobreprecios irreales", aseguró. El diputado federal aclaró que sus señalamientos no se limitan a la administración del INE, encabezada por Guadalupe Taddei Zavala, pues la presunta concentración de contratos abarcaría distintas gestiones federales y estatales. En paralelo, informó que la ASF inició una investigación forense por las irregularidades denunciadas públicamente en torno al organismo electoral, para la cual ya solicitó información a autoridades y particulares. Explicó que las facultades de investigación vigentes desde mayo permiten a la Auditoría indagar posibles faltas administrativas sin esperar a que concluya la revisión ordinaria de la Cuenta Pública. Anteriormente, dijo, los procedimientos podían prolongarse hasta tres años antes de derivar en denuncias administrativas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o en acciones penales. Con las nuevas disposiciones, la ASF puede iniciar investigaciones a partir de denuncias ciudadanas o por decisión propia cuando advierta posibles irregularidades en el ejercicio de recursos públicos. Herrera Borunda estimó que las indagatorias en curso podrían arrojar resultados en aproximadamente seis meses, aunque insistió en que cualquier señalamiento sobre sobreprecios deberá sustentarse en pruebas documentales y estudios de mercado. Como parte de la revisión a los órganos de fiscalización, anunció que este viernes 30 de octubre comparecerá ante la Cámara de Diputados el titular del Órgano Interno de Control del INE. La sesión está programada para las 9:00 horas, con la participación de las comisiones de Vigilancia de la ASF y de Transparencia y Anticorrupción. Los legisladores podrán formular preguntas y réplicas sobre la actuación del organismo responsable de supervisar el funcionamiento interno del instituto electoral. Ese mismo día también está prevista la comparecencia del Auditor Superior de la Federación, con motivo de la entrega de los informes individuales de la Cuenta Pública, en la que podrían abordarse las investigaciones relacionadas con el INE. "Nosotros de alguna u otra manera somos los vigilantes de los vigilantes. Entonces, básicamente tenemos que cuestionarlos para ver que estén haciendo su labor como se les mandató", expresó. Respecto a las posibles repercusiones de estas investigaciones en los próximos procesos electorales, Herrera Borunda evitó anticipar consecuencias. Señaló que, de acuerdo con las declaraciones públicas de los consejeros del INE, la organización de los comicios no está en riesgo, pues todavía no se realiza la licitación del material electoral. El legislador sostuvo que la revisión debe permitir establecer si existen sobreprecios en las contrataciones, determinar sus causas y abrir la participación a más proveedores, con el propósito de reducir el gasto destinado a la organización de las elecciones.
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Advierte titular de la Jucopo que aprobación de la Cuenta Pública 2025 no exime a exalcaldes que hayan desviado recursos MEMORANDUM 2.- Aunque aceptó que el Congreso del Estado aprobó el pasado miércoles la Cuenta Pública 2025, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Esteban Bautista Hernández, advirtió que esto no exime de responsabilidades a las administraciones municipales que ejercieron los recursos durante ese año, aunque sus titulares hayan concluido sus periodos el 31 de diciembre. Y es que, un total de 181 municipios de Veracruz registraron presuntas irregularidades por 2 mil 749 millones 658 mil pesos en la Cuenta Pública 2025, por lo que deberán solventar las observaciones ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis). El legislador morenista refirió que el hecho de que se apruebe la Cuenta Pública “no quiere decir que están a salvo o ahí los dejamos; quien tiene que proceder es el Órgano de Fiscalización”, sostuvo. Bautista Hernández dio a conocer algunos de los municipios con los montos más representativos de presunto daño patrimonial detectados en la fiscalización del ejercicio 2025. Entre estos se encuentran Santiago Tuxtla, con 86 millones 469 mil pesos; Ixhuatlán de Madero, con 70 millones 225 mil pesos; Coscomatepec, con 69 millones 280 mil pesos; Catemaco, con 64 millones 713 mil pesos, y Acayucan, con 63 millones 139 mil 789 pesos. También mencionó a Agua Dulce, con alrededor de 60 millones 213 mil pesos; Ilamatlán, con 59 millones 32 mil pesos; Ixhuatlán del Café, con 56 millones 952 mil pesos; Altotonga, con 56 millones de pesos, y San Rafael, con 50 millones 944 mil pesos. Otros municipios señalados fueron Jalacingo, con 50 millones 417 mil pesos; Isla, con 49 millones de pesos; Omealca, con 47 millones 292 mil pesos; Medellín de Bravo, con 45 millones 798 mil pesos; Filomeno Mata, con 44 millones 466 mil pesos, y Jilotepec, con 43 millones 826 mil pesos. La lista también incluye a Tatahuicapan de Juárez, con 37 millones 960 mil pesos; Mixtla de Altamirano, con 35 millones 627 mil pesos; Coyutla, con 31 millones 282 mil pesos; Huayacocotla, con 31 millones 296 mil pesos; Naranjos, con 30 millones 648 mil pesos; Villa Aldama, con 27 millones 627 mil pesos; Las Vigas de Ramírez, con 23 millones 730 mil pesos; Xico, con 21 millones 984 mil pesos; Álamo Temapache, con 20 millones de pesos; Alpatláhuac, con 13 millones de pesos, y Zozocolco de Hidalgo, con 775 mil pesos. De igual forma, señaló a Otatitlán, Jáltipan y Oluta, con presuntos daños patrimoniales de entre 47 y 49 millones de pesos cada uno. En el caso de los entes estatales, el diputado destacó a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), con 19 millones 300 mil pesos de presunto daño patrimonial. La CMAS de Huatusco registró observaciones por 8 millones 900 mil pesos, mientras que el Instituto de Espacios Educativos presentó un monto de 835 mil pesos. El coordinador de la Jucopo sostuvo que las observaciones involucran a exalcaldes y exalcaldesas de distintos partidos políticos, por lo que pidió que las investigaciones y los procedimientos correspondientes se apliquen sin distinciones partidistas. El legislador consideró que existe falta de voluntad y firmeza para sancionar las irregularidades detectadas por el Orfis. Recordó que la semana pasada las distintas fracciones parlamentarias acordaron impulsar un punto de acuerdo para dotar al organismo fiscalizador de más herramientas y evitar que las observaciones queden sin consecuencias. “Yo soy partidario, como son recursos públicos, de que quien vio dinero público que lo devuelva y quien no lo devuelva, pues que lo pague; que se aplique la ley como tal. Aunque sea de la 4T, esto nos lastima a todos porque es presupuesto del pueblo”, aseguró. Bautista Hernández también señaló que durante la revisión de la Cuenta Pública 2025, detectaron un ayuntamiento que presuntamente justificó gastos de eventos sociales y lonas que, según sus declaraciones, habrían sido utilizadas en una campaña política. De acuerdo con el legislador, también se habrían reportado materiales destinados a personas en situación vulnerable que presuntamente terminaron vinculados con actividades de campaña. Advirtió que estos hechos deben investigarse y determinarse conforme a la ley. Como antecedente, destacó un caso de su región relacionado con una obra pública del gobierno anterior, en la que, según dijo, no se justificó el gasto de 18 millones de pesos. Entre las presuntas irregularidades citó el reporte de un terraplén con piedra por 1.5 millones de pesos, el cobro de 2.8 millones por geomalla y la facturación de 36 toneladas de cemento, aunque aseguró que en el sitio solo se utilizaron tres toneladas de cal. El diputado afirmó que acudieron al lugar para revisar los trabajos y cuestionó la actuación de los responsables de la auditoría. También criticó que las observaciones se repitan año con año, pese a las capacitaciones dirigidas a los ayuntamientos, y pidió fortalecer la actuación de las instancias encargadas de investigar y sancionar posibles actos de corrupción. Por último, sostuvo que la credibilidad del Orfis dependerá de que la ciudadanía observe resultados concretos, como la recuperación de recursos públicos o la detención de quienes resulten responsables.
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Acusa abogado a los notarios José Alberto Polito Sánchez y Eugenio Vázquez Muñoz de estar coludidos con el cartel inmobiliario MEMORANDUM 3.- Buscando erigirse en una especie de Robin Hood de los desamparados, el abogado Eduardo de la Torre Jaramillo no deja títere con cabeza. Y es que, este jueves dio a conocer que solicitó a las autoridades estatales que le retiren las patentes a dos notarios públicos de la entidad a los que acusó de estar presuntamente relacionadas con el denominado cártel inmobiliario, de acuerdo con denuncias de algunas de las personas afectadas. Durante una conferencia de prensa, el abogado señaló que presentó un oficio dirigido a la titular del Poder Ejecutivo estatal – a quien desde hace años le anda queriendo aplicar la revocación de mandato - con atención al secretario de Gobierno, para solicitar acciones en contra de José Alberto Polito Sánchez, titular de la Notaría Pública número 10 de Ayahualulco, y Eugenio Vázquez Muñoz, titular de la Notaría Pública número 27 de Xalapa. "Hace dos días le solicité a la gobernadora y al propio secretario general de Gobierno que le retire la patente a dos notarios públicos que están vinculados con el cártel inmobiliario", aseguró. De la Torre refirió que incluso hay una carpeta de investigación abierta desde 2022 en contra del notario de Ayahualulco, sin embargo, su caso permanece sin avances desde hace aproximadamente cuatro años. "Hay una denuncia penal en contra del notario número 10 de Ayahualulco [...] donde tiene una denuncia y la Fiscalía, por supuesto, no ha hecho absolutamente nada", aseguró. Explicó que también pidió a la Fiscalía General del Estado proporcionar a la Secretaría de Gobierno los elementos relacionados con esa investigación, con el propósito de que sean considerados dentro de los procedimientos administrativos de revisión de las notarías. Así las cosas.
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