Duro y a la cabeza: acusa Bautista que Ley de Medios de Cuitláhuac y Cazarín rechazada fue concebida para censurar y limitar a los medios de comunicación MEMORANDUM 1.- Luego de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar la Ley de Comunicación Social impulsada en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez – el peor gobernador de la historia de Veracruz -, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Esteban Bautista Hernández, acusó que la citada ley fue concebida como un mecanismo para censurar y limitar a los medios de comunicación. “Lo que vi era como una estrategia de censura”, aseguró el legislador morenista, al cuestionar las intenciones de la norma aprobada en 2021 que, a su juicio, buscaba restringir la actividad periodística y fragmentar a los medios de comunicación. Bautista Hernández consideró que la legislación atentaba contra la libertad de expresión y los derechos individuales, al establecer disposiciones que, desde su perspectiva, podían utilizarse para limitar el ejercicio informativo. La Suprema Corte anuló la Ley 841 de Comunicación Social de Veracruz el pasado 27 de octubre, al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El máximo tribunal determinó que el Congreso estatal excedió sus atribuciones al expedir una legislación sobre comunicación social gubernamental, materia cuya regulación corresponde al Congreso de la Unión. Aunque respaldó el sentido de la resolución, Bautista Hernández aclaró que el Poder Legislativo aún no recibe la notificación de la sentencia, por lo que deberá esperar el documento para revisar sus alcances y las disposiciones invalidadas. El diputado recordó que la norma fue aprobada por una legislatura anterior y aprovechó el pronunciamiento judicial para defender el derecho de los medios a cuestionar las decisiones de las autoridades. “Yo soy partidario de la pluralidad, de la libertad de expresión. Creo que alguna vez lo dije: no podré estar de acuerdo con su manera de pensar, pero yo la respeto porque es un derecho que tienen ustedes”, manifestó. Sostuvo que el ejercicio del poder exige escuchar opiniones distintas, pues consideró que los gobernantes que únicamente se rodean de personas que aprueban sus decisiones terminan por perder una visión de lo que ocurre fuera de su entorno. En cuanto a la impugnación presentada por Movimiento Ciudadano contra la reforma de revocación de mandato en Veracruz, Bautista Hernández defendió el trabajo jurídico realizado por el Congreso antes de aprobarla. Explicó que el Poder Legislativo cuenta con asesores encargados de revisar la constitucionalidad de sus propuestas, aunque reconoció que será la Suprema Corte la que determine si los argumentos del partido inconforme tienen sustento. Por último, admitió que dentro de las administraciones públicas existen diferencias en el desempeño de los funcionarios, pues mientras algunos asumen sus responsabilidades, otros no cumplen con el mismo compromiso. Así las cosas.
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Aprueba el Congreso la Cuenta Pública 2025 pese a probable daño patrimonial de 2 mil 756 millones 231 mil 698.94 pesos en ayuntamientos y otras instituciones MEMORANDUM 2.- A pesar del probable daño patrimonial de 2 mil 756 millones 231 mil 698.94 pesos en ayuntamientos, organismos paramunicipales e instituciones estatales, el Congreso del Estado aprobó este miércoles los informes de la Cuenta Pública 2025. El dictamen obtuvo 41 votos a favor, siete en contra y ninguna abstención. De ese monto, 2 mil 709 millones 874 mil 572.01 pesos corresponden a gobiernos municipales, que concentran el 98.3 por ciento de los recursos observados por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis). La revisión abarca el último año de las administraciones municipales del periodo 2022-2025 y el primero del gobierno de Rocío Nahle García. Las auditorías financieras y de obra pública detectaron irregularidades por 2 mil 703 millones 301 mil 531.62 pesos en 181 ayuntamientos. Otros 6 millones 573 mil 40.39 pesos fueron observados en seis municipios por incumplimientos en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera. Tantoyuca encabeza los municipios con mayores montos por aclarar, con 148 millones 427 mil 493.35 pesos, seguido de Santiago Tuxtla, con 86 millones 469 mil 239.63; Ixhuatlán de Madero, con 70 millones 225 mil 548.83; Coscomatepec, con 69 millones 280 mil 259.79, y Catemaco, con 64 millones 713 mil 338.97 pesos. La fiscalización también identificó un probable daño patrimonial de 42 millones 156 mil 725.55 pesos en 14 organismos paramunicipales, entre ellos comisiones de agua potable, saneamiento y otras instituciones encargadas de servicios públicos. En este grupo, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coatzacoalcos registró observaciones por 19 millones 354 mil 711.72 pesos; la de Lerdo de Tejada, por 8 millones 917 mil 861.24, y el Instituto Metropolitano del Agua, por 6 millones 758 mil 362.98 pesos. En el ámbito estatal, el Orfis determinó irregularidades por 3 millones 975 mil 377.90 pesos en 16 organismos públicos descentralizados, a los que se agregan 225 mil 23.48 pesos de la Universidad Veracruzana. En conjunto, las instituciones estatales acumularon observaciones por 4 millones 200 mil 401.38 pesos. El Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz concentra el monto más alto entre los organismos estatales, con un millón 835 mil 427.51 pesos, seguido del Instituto Tecnológico Superior de Naranjos, con 388 mil 22.36, y el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial, con 263 mil 978.24 pesos. Por el contrario, la revisión de la Cuenta Pública Consolidada del Poder Ejecutivo no arrojó irregularidades que hicieran presumir daño patrimonial. Sin embargo, el organismo fiscalizador formuló observaciones y recomendaciones por inconsistencias administrativas en dependencias y organismos del Gobierno estatal. El Congreso local, el Poder Judicial y los organismos autónomos tampoco registraron montos por probable daño patrimonial, aunque algunos presentaron observaciones de carácter administrativo. De los 212 ayuntamientos, 181 tuvieron observaciones por probable daño patrimonial en las auditorías financieras y de obra pública, mientras que 30 no registraron señalamientos de esa naturaleza. El municipio de El Higo quedó fuera del dictamen porque su Cuenta Pública fue entregada fuera del plazo establecido para la revisión legislativa. Los resultados forman parte del Informe General Ejecutivo y los informes individuales de la Cuenta Pública 2025, presentados por el Orfis a la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso de Veracruz. Con la votación de este 28 de octubre, los diputados aprobaron los resultados de la fiscalización y dieron continuidad a los procedimientos para investigar las irregularidades detectadas en el ejercicio de los recursos públicos. El decreto establece que el Orfis deberá iniciar o continuar las investigaciones correspondientes y, cuando existan elementos, promover acciones administrativas y presentar denuncias contra servidores y exservidores públicos por posibles afectaciones a la hacienda estatal o municipal. La aprobación de los informes no significa que las irregularidades hayan quedado solventadas ni libera de responsabilidades a los funcionarios involucrados. Los recursos observados representan posibles daños patrimoniales sujetos a investigación y no constituyen, por sí mismos, desvíos acreditados mediante resoluciones definitivas. En el desglose de las auditorías financieras y técnicas a la obra pública, los 181 ayuntamientos señalados acumularon observaciones por 2 mil 703 millones 301 mil 531.62 pesos. Los montos individuales, expresados en pesos, son los siguientes: Acajete, $9,629,799.40; Acatlán, $4,987,248.68; Acayucan, $63,139,789.97; Actopan, $2,104,485.47; Acultzingo, $6,591,678.95; Agua Dulce, $60,213,938.55; Álamo Temapache, $20,328,457.82; Alpatláhuac, $13,091,125.57; Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, $5,713,007.55; Altotonga, $56,005,966.31; Alvarado, $15,602,555.50; Amatitlán, $10,860,888.36; Amatlán de los Reyes, $10,536,525.77; Apazapan, $336,935.70, y Aquila, $2,527,819.14. Astacinga, $4,094,158.78; Atlahuilco, $15,853,791.58; Atoyac, $50,162,422.06; Atzacan, $14,406,957.21; Atzalan, $11,277,484.09; Ayahualulco, $24,175,593.36; Banderilla, $7,238,357.30; Benito Juárez, $7,715,626.58; Calcahualco, $12,543,496.93; Camarón de Tejeda, $13,274,705.81; Camerino Z. Mendoza, $5,160,374.62; Carlos A. Carrillo, $11,296,942.49; Carrillo Puerto, $108,175.31; Castillo de Teayo, $761,764.62, y Catemaco, $64,713,338.97. Cazones de Herrera, $14,620,615.90; Cerro Azul, $11,792,907.65; Chacaltianguis, $1,717,528.58; Chalma, $3,984,125.58; Chiconamel, $5,308,305.52; Chiconquiaco, $4,368,755.15; Chinampa de Gorostiza, $11,366,441.31; Chocamán, $273,565.48; Chontla, $5,813,463.78; Chumatlán, $15,978,663.57; Citlaltépetl, $11,380,530.67; Coacoatzintla, $34,715,465.65; Coahuitlán, $2,290,413.07; Coatepec, $280,169.45, y Coatzacoalcos, $7,309,793.74. Coatzintla, $60,287,663.22; Coetzala, $6,512,772.67; Córdoba, $541,072.14; Cosautlán de Carvajal, $7,951,953.24; Coscomatepec, $69,280,259.79; Cosoleacaque, $15,572,929.70; Cotaxtla, $18,023,897.07; Coxquihui, $26,040,191.74; Coyutla, $31,232,345.70; Cuichapa, $2,027,990.14; Cuitláhuac, $1,285,205.66; Filomeno Mata, $44,460,979.51; Fortín, $208,667.00; Gutiérrez Zamora, $9,681,551.44, e Hidalgotitlán, $600,812.28. Huatusco, $7,467,987.62; Huayacocotla, $31,296,741.49; Hueyapan de Ocampo, $15,260,975.96; Huiloapan de Cuauhtémoc, $3,440,196.24; Ignacio de la Llave, $4,580,337.25; Ilamatlán, $59,032,865.75; Isla, $49,032,468.81; Ixcatepec, $27,280,588.50; Ixhuacán de los Reyes, $2,011,718.05; Ixhuatlán de Madero, $70,225,548.83; Ixhuatlán del Café, $56,952,771.73; Ixhuatlán del Sureste, $15,312,553.75; Ixhuatlancillo, $25,460,712.02; Ixmatlahuacan, $30,099,363.42, e Ixtaczoquitlán, $5,100,000.00. Jalacingo, $50,417,262.95; Jalcomulco, $4,657,605.51; Jáltipan, $13,890,216.87; Jamapa, $3,461,728.75; Jesús Carranza, $22,365,994.28; Jilotepec, $43,826,946.80; José Azueta, $22,751,548.65; Juan Rodríguez Clara, $6,308,871.36; Juchique de Ferrer, $1,633,467.27; La Antigua, $417,911.77; La Perla, $10,382,830.53; Landero y Coss, $1,249,355.69; Las Choapas, $1,723,215.74; Las Minas, $2,118,353.34, y Las Vigas de Ramírez, $23,730,196.89. Lerdo de Tejada, $14,981,077.90; Los Reyes, $486,502.00; Magdalena, $7,138,435.57; Maltrata, $2,143,390.27; Manlio Fabio Altamirano, $813,423.35; Mariano Escobedo, $334,016.04; Mecatlán, $20,237,300.01; Mecayapan, $1,321,498.05; Medellín de Bravo, $45,798,504.75; Miahuatlán, $7,888,649.60; Misantla, $3,178,903.48; Mixtla de Altamirano, $35,627,447.44; Moloacán, $7,099,490.55; Naolinco, $7,797,144.79, y Naranjal, $5,300,772.92. Naranjos-Amatlán, $30,648,959.40; Nautla, $6,774,622.86; Nogales, $3,401,460.32; Oluta, $178,296.56; Omealca, $47,292,724.86; Otatitlán, $281,983.52; Oteapan, $2,407,536.41; Ozuluama, $1,436,479.15; Pajapan, $17,658,431.60; Pánuco, $13,290,333.03; Paso del Macho, $806,578.75; Perote, $1,221,034.94; Poza Rica de Hidalgo, $3,069,589.95; Rafael Delgado, $3,409,621.47, y Rafael Lucio, $797,114.75. Saltabarranca, $1,750,907.31; San Andrés Tenejapan, $168,707.01; San Andrés Tuxtla, $2,872,562.46; San Juan Evangelista, $296,374.69; San Rafael, $50,944,244.79; Santiago Sochiapan, $11,768,449.68; Santiago Tuxtla, $86,469,239.63; Sayula de Alemán, $9,699,074.96; Sochiapa, $8,514,646.78; Soconusco, $1,000,587.17; Soledad de Doblado, $1,530,247.01; Soteapan, $6,507,711.40; Tamalín, $13,520,769.46; Tamiahua, $41,362,664.70, y Tampico Alto, $3,872,343.26. Tancoco, $1,350,080.94; Tantima, $10,774,171.94; Tantoyuca, $148,427,493.35; Tatahuicapan de Juárez, $37,960,376.97; Tatatila, $9,477,737.18; Tecolutla, $8,326,994.00; Tehuipango, $34,897,236.73; Tempoal, $13,878,488.74; Tenampa, $3,675,928.96; Tenochtitlán, $6,555,922.53; Teocelo, $3,972,040.73; Tepetlán, $8,214,109.56; Tepetzintla, $18,378,718.44; Tequila, $22,624,569.80, y Texcatepec, $20,915,315.17. Texhuacán, $5,026,306.40; Texistepec, $6,384,396.78; Tezonapa, $15,155,130.96; Tihuatlán, $5,050,239.93; Tlachichilco, $9,115,958.44; Tlacojalpan, $8,979,921.28; Tlacolulan, $1,488,430.95; Tlacotepec de Mejía, $2,722,483.45; Tlalixcoyan, $1,653,729.12; Tlalnelhuayocan, $4,214,039.08; Tlaltetela, $22,070,172.77; Tlapacoyan, $7,492,404.60; Tlaquilpa, $10,627,459.31; Tlilapan, $3,038,308.77, y Tomatlán, $5,289,068.61. Tonayán, $1,554,025.11; Totutla, $292,142.85; Tuxpan, $2,663,599.80; Tuxtilla, $5,983,271.14; Úrsulo Galván, $3,697,444.08; Uxpanapa, $5,914,574.81; Villa Aldama, $27,627,209.69; Xico, $21,984,847.94; Xoxocotla, $3,594,208.59; Yanga, $2,524,611.21; Yecuatla, $1,142,148.30; Zacualpan, $458,846.07; Zentla, $13,210,801.23; Zongolica, $12,440,494.01; Zontecomatlán, $1,798,421.95, y Zozocolco de Hidalgo, $46,725,010.08. En una revisión por separado, correspondiente a deuda pública, obligaciones y disciplina financiera, el Orfis encontró irregularidades adicionales por 6 millones 573 mil 40.39 pesos en seis municipios. Altotonga registró $3,348,115.14; Atzalan, $160,077.21; Catemaco, $1,048,603.58; Chalma, $182,809.59; Chiconquiaco, $505,007.82, y Jilotepec, $1,328,427.05. Estas cantidades se agregan a las observaciones de sus respectivas auditorías financieras y de obra pública. En los 14 organismos paramunicipales, las observaciones alcanzaron 42 millones 156 mil 725.55 pesos, distribuidos entre las siguientes instituciones: Comisión Municipal de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Banderilla, $828,002.64; Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, $2,138,776.00; Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coatzacoalcos, $19,354,711.72; Comisión de Agua y Saneamiento de Coscomatepec, $130,990.38; Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata, $1,568,236.19; Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín, $112,779.84, y Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de La Antigua, $184,279.76. Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Lerdo de Tejada, $8,917,861.24; Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Naolinco, $40,399.51; Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de San Andrés Tuxtla, $23,706.69; Hidrosistema de Córdoba, $1,359,458.97; Instituto Metropolitano del Agua, $6,758,362.98; Sistema Intermunicipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial (SIGIRES), $159,320.93, e Instituto Municipal de las Mujeres de Perote, $579,838.70. Por su parte, las observaciones a los 16 organismos públicos descentralizados del Gobierno estatal sumaron 3 millones 975 mil 377.90 pesos. Los montos corresponden a las siguientes instituciones: El Colegio de Veracruz, $52,945.36; Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, $1,835,427.51; Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial, $263,978.24; Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, $63,200.00; Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec, $186,973.67; Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, $161,929.00; Instituto Tecnológico Superior de Huatusco, $210,000.00, e Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza, $137,603.63. Instituto Tecnológico Superior de Naranjos, $388,022.36; Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, $80,374.29; Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, $135,950.15; Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, $87,807.68; Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, $89,040.16; Radiotelevisión de Veracruz, $18,000.00; Universidad Politécnica de Huatusco, $51,664.75, y Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, $212,461.10. Por último, la Universidad Veracruzana registró observaciones por $225,023.48, derivadas de las auditorías financiera y técnica a la obra pública correspondientes al ejercicio fiscal 2025.
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Ante señalamientos, niega secretario ejecutivo del OPLE Veracruz relación con Cajas Graf; dice que presentó una denuncia ante la FGR por suplantación de identidad MEMORANDUM 3.- Como más vale prevenir que lamentar, el secretario ejecutivo del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Luis Fernando Reyes Rocha, por un lado negó tener vínculos con la empresa Cajas Graf señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y por el otro, afirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de suplantación de identidad. Con relación a los antecedentes de proveeduría en el organismo local, el funcionario confirmó que Cajas Graf aparece en los registros y obtuvo contratos en los procesos de 2017, 2018 y 2021. No obstante, señaló que dichos acuerdos correspondieron a la gestión de Alejandro Bonilla Bonilla (2015-2022) y sostuvo que desde su nombramiento, en enero de 2023, bajo la presidencia de Marisol Delgadillo, la compañía no ha vuelto a ser contratada. Indicó que supo de un documento notarial que lo relacionaba con Cajas Graf a través de publicaciones en la red social X. Ante estas versiones, acudió formalmente a la FGR para dar inicio al proceso legal. “Afirmo categóricamente que desde que tomé protesta ante el Consejo General del OPLE no tengo, ni he trabajado, ni he tenido relación contractual con Cajas Graf. Presenté una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la posible suplantación de identidad; yo jamás he acudido a un notario a firmar, a hacer el trámite o a entregar mi credencial de elector para que me expidan un poder”. Refirió que las investigaciones deberán requerir la información correspondiente al notario involucrado y a los registros de comercio. De igual forma, en torno a los procesos de contratación en las autoridades electorales, el secretario ejecutivo refirió que en el país existen únicamente cuatro o cinco empresas con la capacidad técnica requerida para la impresión de papelería con medidas de seguridad. Agregó que este sector ha sido objeto de revisión por parte de autoridades en materia de competencia económica debido a concentraciones de mercado, lo que restringe las alternativas disponibles para los organismos locales y el INE durante las licitaciones públicas nacionales. Por último, Reyes Rocha explicó que, tras las contrataciones celebradas con Cajas Graf hasta 2021, la empresa Litho Formas asumió la provisión del material electoral en el organismo, y planteó la necesidad de analizar la estructura corporativa y accionaria de las compañías que participan en este rubro.
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