MEMORANDUM 1.- En el marco del homenaje póstumo al diputado federal de Morena por el distrito de Córdoba, Zenyazen Roberto Escobar García, la legisladora del PRI, Lorena Piñón Rivera, exigió a las autoridades esclarecer las circunstancias en que murió su homólogo y lanzó una dura advertencia desde la tribuna de la Cámara de Diputados en el sentido de que, si las autoridades no frenan la impunidad y no esclarecen estos hechos, existe el riesgo de que la violencia alcance nuevamente al Poder Legislativo y cobre la vida de un cuarto legislador federal. La diputada priista llamó a las instituciones de procuración de justicia a actuar con rapidez para determinar qué ocurrió con el legislador de Morena, localizado sin vida el pasado 4 de septiembre en el municipio de Puente Nacional, Veracruz. Escobar fue encontrado dentro de un vehículo, a un costado de la carretera federal Veracruz-Xalapa, en la zona de la población de Chichicaxtle, con una herida provocada por arma de fuego. La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación debido al cargo que desempeñaba como diputado federal. En ese tenor, desde la tribuna de San Lázaro, Lorena Piñón puso el caso de Zenyazen Escobar dentro de un contexto más amplio de violencia contra integrantes de la actual LXVI Legislatura. Y es que, de acuerdo con reportes sobre el Congreso federal, Escobar es el tercer diputado de la actual Legislatura que ha muerto de manera violenta, después del priista Héctor Melesio Cuén Ojeda, asesinado en Sinaloa en julio de 2024, y Benito Aguas Atlahua, del PVEM, asesinado en Zongolica, en diciembre de 2024. La exigencia de una investigación transparente se ha extendido entre las diferentes fuerzas políticas representadas en San Lázaro. La muerte del legislador veracruzano ha generado preocupación entre diputados de distintos partidos, particularmente porque ocurre en una Legislatura que ya registra tres casos de legisladores muertos de manera violenta. Se trata de Benito Aguas Atlahua ? diputado federal del PVEM por Veracruz, integrante de la LXVI Legislatura. Fue atacado a balazos el 9 de diciembre de 2024, en Zongolica, Veracruz, y murió ese mismo día. Su suplente, Jonathan Puertos Chimalhua, asumió el cargo posteriormente. Zenyazen Escobar García ? diputado federal de Morena por Veracruz, distrito 16 con cabecera en Córdoba. Fue localizado sin vida el 4 de septiembre de 2026, dentro de un vehículo en Puente Nacional, Veracruz. La investigación está a cargo de autoridades ministeriales y la FGR atrajo el caso. Héctor Melesio Cuén Ojeda ? político sinaloense que fue diputado federal electo, pero murió antes de que iniciara la LXVI Legislatura. Fue asesinado en julio de 2024. Pese a ello, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados rechazó crear una comisión especial para dar seguimiento a los casos de los legisladores fallecidos violentamente y optó por esperar los resultados de las investigaciones ministeriales. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, también ha llamado a evitar especulaciones y esperar los resultados de la investigación de la FGR. Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente las circunstancias definitivas en las que murió Zenyazen Escobar. El vehículo en el que fue localizado no presentaba, en una primera revisión, signos evidentes de violencia externa, por lo que las investigaciones buscan determinar cómo ocurrió el disparo y qué sucedió antes de su fallecimiento.

09 de Septiembre de 2026 / 22:45:36

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MEMORANDUM 2.- A fin de evitar que el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) enfrente un escenario de colapso financiero que comprometa el pago de las pensiones, organizaciones sindicales y de jubilados advirtieron que es urgente la asignación de un presupuesto cercano a los 13 mil millones de pesos para el organismo en 2027. Durante una conferencia de prensa, los representantes sindicales señalaron que los recursos contemplados para el próximo ejercicio fiscal deben cubrir de manera suficiente las obligaciones del IPE, particularmente las relacionadas con el pago puntual de las prestaciones a más de 38 mil jubilados y pensionados. En ese tenor, Raúl Augusto Maldonado Loeza, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado (STIPE), hizo un llamado al Gobierno de Veracruz y al Congreso local para garantizar que en el Presupuesto de Egresos 2027 se contemplen los recursos necesarios para mantener la operación financiera del instituto. Advirtió que una asignación menor a las necesidades reales del organismo podría traducirse en dificultades para cumplir oportunamente con las pensiones y generar una situación financiera cada vez más complicada. Los sindicatos también plantearon que el Gobierno estatal mantenga su responsabilidad como responsable solidario del IPE, conforme a lo establecido en el artículo 98 de la Ley de Pensiones vigente, y que se utilicen mecanismos presupuestales como el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) para atender esta obligación. De igual manera, manifestaron su rechazo a cualquier intento por sustituir el actual sistema solidario de pensiones por un modelo basado en cuentas individuales, al considerar que representaría una afectación para los trabajadores en activo y para quienes ya reciben una pensión. Las organizaciones insistieron en que la seguridad social constituye un derecho que debe ser garantizado por las instituciones y recordaron recomendaciones emitidas tanto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz, relacionadas con la obligación de asegurar el pago oportuno de las pensiones. Entre los antecedentes mencionaron la Recomendación 32/2018 de la CNDH y la 16/2016 de la CEDHV, en las que se plantearon medidas para evitar afectaciones a las personas pensionadas. El pronunciamiento fue respaldado por el STIPE, la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados de Veracruz A.C., el STIRTT y el Sindicato Solidaridad Urbana de Trabajadores Municipales al Servicio del Ayuntamiento de Xalapa. Los representantes sindicales advirtieron que no garantizar los aproximadamente 13 mil millones de pesos solicitados podría llevar al IPE a enfrentar un escenario financiero crítico, con consecuencias directas para miles de jubilados y pensionados. Por último, señalaron que cualquier retraso o incumplimiento en el pago de las pensiones podría provocar movilizaciones y protestas en distintos puntos del estado, al considerar que se trata de un sector que depende de manera directa de estos recursos para cubrir sus necesidades.

09 de Septiembre de 2026 / 22:30:33

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MEMORANDUM 3.- Para la investigadora de la Universidad Veracruzana, Celia del Palacio Montiel, coautora del libro ?Periodistas en México hoy?, la violencia contra periodistas en México se ha desplazado hacia nuevas regiones, pero Veracruz mantiene una situación constante de agresiones y asesinatos. En ese tenor, refirió que la entidad continúa como uno de los estados donde persiste la violencia contra periodistas en México. De acuerdo con la académica, alrededor de 33 periodistas han sido asesinados en la entidad desde el año 2000. La especialista advierte que las zonas de riesgo para quienes ejercen el periodismo han cambiado con el paso de los años. Estados que anteriormente no registraban niveles importantes de violencia contra periodistas, como Oaxaca, actualmente enfrentan casos de asesinatos y hostigamiento. Sin embargo, reiteró que Veracruz mantiene una constante en las agresiones letales contra periodistas, particularmente en determinadas regiones donde quienes ejercen esta profesión deben desarrollar su trabajo en contextos de alta vulnerabilidad. ?Esto es muy móvil?, aseguró la Doctora, al referirse a las zonas donde se concentra la violencia contra periodistas. La investigadora destacó que la situación de Veracruz resulta especialmente preocupante debido a la continuidad de las agresiones. Al referirse a los periodistas asesinados durante el presente año, Celia del Palacio señaló que dos o tres eran veracruzanos, una cifra que considera especialmente grave por tratarse de violencia letal contra integrantes del gremio. ?Uno sería mucho, pero tres en un año?, enfatiza para dimensionar la gravedad del problema. La violencia contra periodistas, explica, también se concentra en zonas específicas del país, particularmente en regiones del norte y sur de México, donde existen condiciones que dificultan el ejercicio libre y seguro del periodismo. Uno de los principales riesgos para los periodistas que trabajan en estas regiones es la cercanía cotidiana con quienes pueden convertirse en sus agresores. Del Palacio Montiel explicó que los periodistas pueden encontrarse expuestos a políticos, caciques locales y grupos relacionados con el narcotráfico, actores que en determinados territorios pueden coexistir y ejercer presión sobre quienes realizan trabajo periodístico. La investigadora describe estos contextos como una combinación particularmente peligrosa para los comunicadores. El riesgo aumenta para quienes trabajan en medios pequeños o en plataformas autogestionadas, debido a que suelen contar con menos recursos, menor infraestructura y, en algunos casos, menor preparación especializada. La especialista también advierte sobre la posible infiltración de plataformas periodísticas por parte del crimen organizado, lo que representa un desafío adicional para la libertad de expresión y la seguridad de los comunicadores. Ante este escenario, del Palacio Montiel considera fundamental fortalecer la capacitación y profesionalización de los periodistas, particularmente de quienes trabajan en zonas de alto riesgo. No se trata únicamente de aprender técnicas de autoprotección, concluye, sino también de adquirir herramientas para determinar qué información publicar, cómo comunicarla y cuándo hacerlo, especialmente cuando una cobertura puede incrementar el nivel de riesgo.

09 de Septiembre de 2026 / 22:16:07

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