MEMORANDUM 1.- En medio del escándalo que atraviesa el Instituto Nacional Electoral, en especial su presidenta Guadalupe Taddei, quien anunció que este lunes presentará su renuncia ante la Cámara de Diputados, entre otras cosas por favorecer a empresas propiedad de José Alfredo Hernández Casillas, ha salido a la luz que algunas de esas compañías han sido contratadas por el Organismo Público Local Electoral de Veracruz en años pasados. Quizá por eso la propia Auditoría Superior de la Federación ha informado que investigará irregularidades cometidas por el INE y los OPLE en las distintas entidades federativas. De igual forma, destaca que el actual secretario ejecutivo del Consejo General del OPLE, Luis Fernando Reyes Rocha ha sido señalado por diversas investigaciones periodísticas, de haber sido apoderado legal de la empresa Cajas Graf, una de las más beneficiadas por el INE y los OPLE en todo el país. En el caso de Veracruz, en pasados procesos electorales, se tienen detectados contratos de algunas de las empresas de José Alfredo Hernández Casillas con el OPLE por más de 100 millones de pesos. Cabe precisar que dicho empresario, es quien ha aparecido en videos y fotografías con la propia Guadalupe Taddei en fiestas que le organizó a ella, así como un viaje con el hijo de la presidenta del INE en París, Francia, tomando champagne. El registro de mayor importe identificado corresponde al Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Veracruz), mediante el procedimiento 1/LPN/OPLEV-401A02-001/2018. El documento consigna un monto de 141 millones 775 mil 200 pesos y clasifica la contratación como licitación pública. El periodo reportado comprende del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018. El contrato detalla que Cajas Graf se comprometió a entregar 12,000 paquetes que incluyeron canceles electorales, patas para el cancel, tres urnas y dos cajas para lo que se traduce en un costo de 11,814.6 por paquete electoral que se usaron en la elección de 2018. Tal empresa, es una de las que está señalada en el tráfico de influencias, por parte de la presidenta del INE a favor del empresario Hernández Casillas. El segundo caso corresponde al año 2016, cuando el entonces aspirante a la gubernatura de Veracruz, como candidato independiente, Juan Bueno Torio, promovió un recurso de impugnación en contra del OPLE por la contratación de una empresa, de la cual, en su momento cuestionó su legalidad. En dicho año, Bueno Torio promovió queja ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, en contra de los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV, por la contratación del Corporativo ZEG, sociedad anónima de capital variable, por presuntamente causar daños irreversibles a su candidatura, y por violar la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Administración y Enajenación de Bienes Inmuebles de Veracruz. Dicha empresa fue la encargada de revisar la legalidad de las credenciales de elector, de las personas que apoyaban su candidatura independiente, y le eliminó la gran mayoría.

25 de Octubre de 2026 / 22:45:56

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MEMORANDUM 2.- Los señalamientos de irregularidades en los trámites vehiculares en la Secretaría de Finanzas y Planeación, Sefiplan, continuaron de la administración anterior a la actual. Prueba de ello, es que en marzo de 2026, el secretario de Finanzas, Miguel Santiago Reyes Hernández, reconoció que trabajadores de oficinas de Hacienda presuntamente participaban con gestores en prácticas de intermediación para atender a contribuyentes. El funcionario informó que la dependencia presentó denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por hechos detectados en oficinas de Xalapa, Boca del Río y Córdoba, donde personas ajenas a la institución presuntamente apartaban turnos y cobraban por facilitar la realización de trámites. ?En Córdoba teníamos una red de gente interna vinculada con los gestores?, declaró Reyes Hernández al referirse a las irregularidades detectadas. Según los reportes difundidos entonces, los intermediarios exigían pagos de entre 100 y 500 pesos a los usuarios. La dependencia también informó que inició procedimientos administrativos, cambió de área a trabajadores de base y retiró a personal que no contaba con esa condición laboral. Ante estas prácticas, la Sefiplan anunció modificaciones al sistema de atención, entre ellas la sustitución de fichas físicas por turnos electrónicos, con el propósito de reducir la intervención de intermediarios en las oficinas de Hacienda. El hecho es que en la Sefiplan los trámites vehiculares han sido objeto de señalamientos de corrupción, denuncias por la intervención de gestores y procedimientos contra servidores públicos. Entre los casos que derivaron en sanciones administrativas figura el de Alfredo Lannoy Lara, un empleado de la dependencia que fue inhabilitado durante 10 años por realizar trámites irregulares y dar de baja vehículos sin la documentación correspondiente. La sanción, que también incluye una multa de 19 mil 32 pesos, quedó registrada en la Plataforma Digital Anticorrupción, luego de que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) determinara la responsabilidad del trabajador por una falta administrativa grave. Lannoy Lara se desempeñaba como oficial administrativo de la Sefiplan. Su caso se remonta a un procedimiento iniciado en 2022, durante la administración del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, emanado de MORENA, aunque la resolución fue emitida el 12 de julio de 2024. De acuerdo con la información del expediente PRA 61/2022/SRC-IX, la Sala Regional Unitaria Centro del TRIJAEV impuso al servidor público una inhabilitación que comenzó el 3 de octubre de 2024 y concluirá el 3 de octubre de 2034. La conducta sancionada fue descrita en el registro como resultado de ?realizar trámites vehiculares irregulares y bajas sin documentación correspondiente?. La ficha, cuya última actualización corresponde al 29 de abril de 2026, identifica tanto al servidor público como a la dependencia donde desempeñaba sus funciones. El procedimiento también aparece entre los asuntos que fueron transferidos al TRIJAEV tras la reorganización del sistema de justicia administrativa de Veracruz. La Gaceta Oficial del Estado del 22 de febrero de 2023 incluyó el expediente PRA/61/2022/3a-I en la relación de procedimientos de responsabilidad administrativa asignados a la Sala Regional Unitaria Centro. Las irregularidades señaladas corresponden a operaciones del padrón vehicular estatal, administrado por la Sefiplan, en el que se registran altas, bajas y modificaciones relacionadas con los vehículos inscritos en Veracruz. La baja de una unidad requiere documentación que permita acreditar la procedencia del movimiento y verificar la identidad de quien lo solicita. La ausencia de estos requisitos compromete los controles administrativos mediante los cuales la autoridad mantiene actualizado el registro. Sin embargo, la información disponible sobre la sanción no establece cuántos vehículos estuvieron involucrados, qué documentos fueron omitidos ni si las operaciones ocasionaron un daño económico al erario. La versión íntegra de la sentencia tampoco fue localizada para conocer los elementos que sustentaron la multa y el periodo de inhabilitación..

25 de Octubre de 2026 / 22:30:10

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MEMORANDUM 3.-De acuerdo con el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUV Mujeres), durante los primeros nueve meses de 2026 documentó 44 feminicidios en Veracruz. Aunque la cifra representa una disminución respecto del año anterior, el registro revela que, entre enero y septiembre, casi cinco mujeres fueron asesinadas cada mes por razones de género. La estadística de la Universidad Veracruzana (UV) muestra que la mayor concentración de casos ocurrió entre abril y mayo, cuando se contabilizaron 17 víctimas. Ambos meses reunieron el 38.6 por ciento de los feminicidios registrados en lo que va del año. Abril fue el mes con más casos, con nueve, seguido de mayo, con ocho. En contraste, marzo tuvo el menor número de víctimas, con una. En enero se documentaron seis feminicidios; en febrero, tres; en junio, tres; en julio y agosto, cinco en cada mes, y en septiembre, cuatro. En comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 54 feminicidios, la cifra de este año representa una reducción de 18.5 por ciento, equivalente a diez casos menos. La diferencia se observa particularmente en septiembre. Mientras que en ese mes de 2025 el Observatorio contabilizó 12 feminicidios, en septiembre de 2026 fueron cuatro. Se trata de una disminución de 66.7 por ciento en la comparación anual de ese mes. Sin embargo, los registros de la Universidad Veracruzana muestran que la violencia feminicida ha tenido variaciones a lo largo de la última década, con periodos de incrementos y disminuciones que no han seguido una tendencia constante. Desde 2014 y hasta septiembre de 2026, el Observatorio ha documentado mil 267 feminicidios en Veracruz. El periodo de mayor incidencia se concentró entre 2016 y 2019, cuando se contabilizaron 598 víctimas, casi la mitad de todos los casos registrados en esos años de seguimiento. El año más violento de la serie fue 2017, con 176 feminicidios, un promedio cercano a 15 víctimas por mes. Le siguieron 2019, con 151 casos; 2016, con 142, y 2018, con 129. Después de ese periodo, las cifras comenzaron a descender. En 2020 se registraron 95 feminicidios; en 2021, 83, y en 2022, 85. Para 2023, el número se redujo a 56, el registro anual más bajo desde 2014. La disminución, no obstante, se interrumpió en los dos años siguientes. En 2024 se contabilizaron 60 feminicidios y en 2025 la cifra aumentó a 73, un incremento de 21.7 por ciento respecto del año previo. Este comportamiento sitúa los 44 casos documentados hasta septiembre de 2026 por debajo de los 54 registrados durante los mismos meses de 2025, aunque aún falta incorporar el último trimestre para establecer el balance anual. El Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres elabora sus estadísticas mediante el seguimiento de información periodística y otras fuentes sobre hechos de violencia contra mujeres en Veracruz. Su metodología es distinta de la utilizada por las autoridades de procuración de justicia, que reportan las carpetas de investigación iniciadas por feminicidio.

25 de Octubre de 2026 / 22:10:31

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