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XALAPA.- Como si fuera el terror de los 212 Ayuntamientos, el diputado local de Morena, Paul Martínez Marié, advirtió que los expresidentes municipales que no entregaron documentación para comprobar el manejo de recursos públicos durante 2025 a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podrían enfrentar sanciones administrativas. El legislador morenista afirmó que el incumplimiento de los requerimientos de los órganos fiscalizadores, también constituye una falta que debe investigarse. Y es que, los exediles de nueve de 10 municipios que fueron requeridos, no informaron a la ASF, respecto del gasto público del 2025. A nivel local, El Higo no entregó información al ORFIS. En ese sentido, refirió que los ayuntamientos tienen la obligación de poner a disposición de las instituciones fiscalizadoras la información financiera y comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos. Por ello, consideró que la omisión de entregar documentos en tiempo y forma no debe quedar sin consecuencias. “Es una omisión que debe ser castigada. Obviamente, las cuentas deben estar a disposición de las instituciones encargadas de fiscalizar y quien no haga entrega en tiempo y forma, pues será acreedor a una sanción”, aseguró. Lo anterior, posterior a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó observaciones por 942 millones 269 mil 747.88 pesos en recursos federales correspondientes a diez municipios de Veracruz, durante la revisión de la Cuenta Pública 2025. En el caso de El Higo, destacó que la falta de documentación se relacionaría con las inundaciones del norte del estado en octubre del 2025, por lo que dijo que es necesario verificar si los archivos municipales fueron dañados o si realmente existían impedimentos para entregarlos. “Ahí, bueno, pues habría que revisar qué tanto se justifica y si efectivamente la documentación fue dañada o no contaban con ella en el momento para poderla entregar”. No obstante, Martínez Marié señaló que las omisiones en la entrega de información ante el ORFIS o el Congreso también pueden ser sancionadas, pero precisó que la responsabilidad de iniciar los procedimientos corresponde a la institución que solicitó los documentos. “Sí, obviamente. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones ante estas instituciones, ante el ORFIS o ante el Congreso, todas son sancionables”.
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