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XALAPA.- Poniendo los puntos sobre las íes, la gobernadora Rocío Nahle aseguró que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) no ha contratado desde 2022 – es decir en tiempos de Cuitláhuac García, el peor gobernador de la historia de Veracruz - a las empresas señaladas por presuntas irregularidades en la asignación de recursos públicos, aunque precisó que será la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la encargada de revisar las adjudicaciones y determinar si existieron irregularidades. La mandataria estatal explicó que solicitó información al OPLE después de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identificó contratos por 570.4 millones de pesos otorgados en Veracruz a empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas entre 2014 y 2023. “Yo pregunté al OPLE cuando sale todo esto, que es lamentable y vergonzoso y que se tiene que auditar, sea quien sea. La información que nos hizo llegar es que desde el 2022 a la fecha ninguna de esas empresas se contrató en el OPLE de Veracruz, ninguna”, aseguró. Nahle García aclaró que su afirmación se basa en la información proporcionada por el propio organismo electoral, por lo que corresponderá a la ASF verificar los contratos, montos y procedimientos de adjudicación correspondientes al periodo investigado. “Del 2022 hacia atrás, pues está ahí la auditoría haciendo la revisión”, aseguró. La gobernadora insistió en que las autoridades fiscalizadoras deberán establecer las condiciones en que fueron asignados los contratos y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes. “Ahí la auditoría tiene que revisar y auditar el costo, el monto, cómo se asignó, etcétera”, sostuvo. El pasado 5 de noviembre, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, informó que Veracruz concentró el mayor monto de adjudicaciones a empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas entre 2014 y 2023. De los 570.4 millones de pesos identificados en la entidad, 302.9 millones correspondieron a Cajas Graf; 263.3 millones, a Seriplast de México, y 4.2 millones, a Corporativo ZEG. De acuerdo con la investigación federal, las compañías presuntamente simulaban competir entre sí en los procedimientos de contratación, pese a mantener vínculos empresariales y familiares. Cuestionada sobre las declaraciones del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Esteban Bautista Hernández, quien aseguró que José Alfredo Hernández Casillas intentó acercarse a la presidenta del OPLE, Marisol Delgadillo Morales, durante 2025, Nahle afirmó que desconocía esa información. “Eso sí yo no sé si Esteban tiene esa información”, respondió. Ante la posibilidad de solicitar al organismo electoral que transparente sus contrataciones, la mandataria sostuvo que corresponde a la ASF presentar los resultados de las investigaciones. “Yo creo que la Auditoría Superior de la Federación ya está trabajando con todos los OPLE del país. Vamos a esperar a que den la información correcta el ente encargado”, refirió la mandataria. En un posicionamiento difundido el 5 de noviembre, Nahle también respaldó las investigaciones sobre contrataciones electorales y sostuvo que la autonomía de los organismos no los exime de rendir cuentas sobre el ejercicio de recursos públicos. “Autonomía no significa ausencia de vigilancia, ni tampoco estar exentos de la responsabilidad pública”, sostuvo. La gobernadora consideró que las investigaciones deben realizarse con transparencia y apego a la legalidad, sin utilizar a las instituciones electorales como instrumentos de confrontación política. Así las cosas.
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