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XALAPA.- Tras señalar que el inmueble habría quedado sin vigilancia permanente, familiares de tres personas detenidas por el caso de la muerte del menor Daniel Maximiliano, de cuatro años, denunciaron presuntos robos y actos vandálicos en la vivienda donde se realizaron diligencias ministeriales. El domicilio se ubica en la calle Río Santiago, de la colonia Benito Juárez, en Xalapa. De acuerdo con los denunciantes, durante varias semanas personas ajenas a su familia habrían ingresado a la propiedad, habrían dañado los mecanismos de acceso y se habrían llevado distintos objetos. La familia sostuvo que el inmueble permanecía bajo resguardo ministerial desde las actuaciones derivadas de la investigación por la muerte del menor, quien fue reportado como desaparecido el 13 de septiembre de 2026 y localizado sin vida el día 15 del mismo mes. Por estos hechos fueron detenidos Gilberto “N”, Ana Susana “N” y Fernanda “N”, quienes enfrentan señalamientos por su probable responsabilidad. Gilberto “N” habría sido padrastro del menor; Ana Susana “N” y Fernanda “N” serían, respectivamente, madre y hermana del padrastro. Los familiares relataron que comenzaron a detectar anomalías cuando acudían a revisar las condiciones de la casa. Señalaron que en diferentes ocasiones encontraron accesos abiertos, iluminación encendida y sellos colocados por las autoridades presuntamente manipulados. Indicaron que reportaron lo sucedido al 911 y solicitaron la intervención de corporaciones policiales. También afirmaron que después de la audiencia de continuación del 22 de septiembre, dentro del proceso penal 756/2026, agentes ministeriales habrían vuelto a ingresar al inmueble. Según su versión, la defensa no habría recibido notificación formal de esa intervención y tampoco habría tenido acceso a las actuaciones correspondientes. Otro de los señalamientos apunta a que durante esa diligencia habrían sido abiertos automóviles que, a decir de los denunciantes, no tendrían relación con la carpeta de investigación. Además, denunciaron que los sellos que habrían sido alterados se reemplazaron con papel y cinta adhesiva, condiciones que consideraron insuficientes para preservar el sitio. Uno de los primeros incidentes que identificaron, según su relato, ocurrió el 16 de octubre. Ese día, los vecinos habrían descubierto a un hombre que habría escalado las bardas para sacar un tanque de gas de la propiedad. Al percatarse de que había sido descubierto, el sujeto habría escapado y abandonado el cilindro, que quedó temporalmente bajo resguardo de un habitante de la colonia. El incidente de mayor afectación habría ocurrido entre la noche del 31 de octubre y las primeras horas del 1 de noviembre. Durante ese periodo, personas desconocidas habrían utilizado estructuras metálicas para violentar las entradas y acceder nuevamente a la vivienda. De acuerdo con los denunciantes, los responsables habrían sacado muebles, utensilios y diversos artículos del hogar, hasta dejar prácticamente desocupado el inmueble. Incluso señalaron que el sitio habría servido como refugio durante las noches para algunas de las personas que ingresaron. Los afectados también reprocharon las dificultades que enfrentaron para denunciar el presunto robo de sus pertenencias. Explicaron que inicialmente el Ministerio Público se habría negado a recibir la querella porque, presuntamente, no contaban con personalidad jurídica para promoverla, ya que los propietarios se encuentran detenidos. Por último, indicaron que la denuncia fue admitida bajo el concepto de quebrantamiento de sellos, pero no se habría incorporado de manera integral el reclamo por los bienes presuntamente sustraídos. Vaya caso.
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