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XALAPA.- Vaya caso, en su segunda entrega de informes de fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que encabeza el veracruzano Aureliano Hernández Palacios Cardel, detectó un presunto daño patrimonial por 942 millones 269 mil 747 pesos en diez ayuntamientos de Veracruz, correspondiente a la Cuenta Pública 2025. De ese monto, 576 millones 300 mil 999 pesos, equivalentes al 61.16 por ciento, se concentran en cinco municipios cuyos alcaldes ganaron las elecciones con partidos distintos a MORENA, pero que posteriormente se incorporaron a ese movimiento político. De nada les sirvió. Y es que, la ASF documentó que las administraciones municipales de Soteapan, Tempoal, Pajapan, Chontla e Ixmatlahuacan no acreditaron el ejercicio de recursos provenientes de fondos federales y participaciones durante 2025, último año del periodo municipal que comenzó el 1 de enero de 2022. De los cinco presidentes municipales, Néstor Rodolfo Rivera Pérez, de Tempoal, y Claudio Trujillo Cruz, de Pajapan, anunciaron su adhesión a MORENA en diciembre de 2021, después de ganar las elecciones y antes de tomar posesión. Por su parte, los alcaldes de Soteapan, Chontla e Ixmatlahuacán se sumaron al movimiento durante sus administraciones, en enero de 2024. La mayor cantidad de recursos observados corresponde a Soteapan, donde la administración de Rafael Hernández Hernández acumuló un presunto daño patrimonial por 189 millones 868 mil 200 pesos. El alcalde fue electo por la coalición PAN-PRI-PRD y en enero de 2024 anunció su incorporación al proyecto político de MORENA, durante un acto encabezado por Rocío Nahle García. En ese municipio, la ASF identificó 113 millones 645 mil 97 pesos sin comprobar del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), 32 millones 816 mil 480 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y 43 millones 406 mil 623 pesos de participaciones federales. La revisión de Soteapan derivó, además, en una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción por irregularidades en cinco obras públicas, con un monto involucrado de 7 millones 514 mil 537 pesos. Los auditores encontraron tres obras sin evidencia de ejecución de los trabajos pagados y otras dos inconclusas e inoperantes. Esta cantidad está incluida en las observaciones del municipio. En Tempoal, el Gobierno de Néstor Rodolfo Rivera Pérez registró un presunto daño patrimonial por 173 millones 287 mil 822.99 pesos. El presidente municipal ganó las elecciones de 2021 postulado por el Partido Encuentro Solidario (PES), pero anunció su adhesión a MORENA en diciembre de ese año, antes de iniciar funciones. Las observaciones en Tempoal corresponden a 68 millones 87 mil 965 pesos del FAISMUN, 32 millones 838 mil 430 pesos del FORTAMUN y 72 millones 361 mil 427.99 pesos de participaciones federales, cuyo ejercicio no fue acreditado ante el organismo fiscalizador. Otro de los ayuntamientos señalados es Pajapan, donde Claudio Trujillo Cruz, electo por Redes Sociales Progresistas (RSP) y adherido a MORENA desde diciembre de 2021, dejó observaciones por 93 millones 263 mil 63.94 pesos. La ASF identificó 43 millones 358 mil 985.10 pesos sin comprobar del FAISMUN, 17 millones 7 mil 911 pesos del FORTAMUN y 32 millones 896 mil 167.84 pesos de participaciones federales. En Chontla, la administración de Néstor Enrique Sosa Peña acumuló observaciones por 83 millones 314 mil 950.78 pesos. El alcalde llegó al cargo por el PRI, partido al que renunció en diciembre de 2023, y en enero de 2024 confirmó su incorporación a MORENA. La ASF señaló que ese ayuntamiento no comprobó 35 millones 552 mil 822 pesos del FAISMUN, 12 millones 749 mil 610 pesos del FORTAMUN y 35 millones 12 mil 518.78 pesos de participaciones federales. Aunque las autoridades municipales presentaron documentación durante la auditoría, el organismo determinó que no era suficiente para acreditar las erogaciones. La quinta administración de este grupo corresponde a Ixmatlahuacan, encabezada por Raúl Andrade González, quien ganó la Alcaldía con el partido Unidad Ciudadana y se sumó al proyecto político de MORENA en enero de 2024. En ese municipio, la ASF determinó observaciones por 36 millones 566 mil 961.50 pesos, integradas por 20 millones 445 mil 203.50 pesos de participaciones federales, 10 millones 802 mil 24 pesos del FAISMUN y 5 millones 319 mil 734 pesos del FORTAMUN. Las cinco administraciones concentraron así 576 millones 300 mil 999.21 pesos pendientes de aclaración, más de seis de cada diez pesos observados por la ASF en los diez ayuntamientos veracruzanos incluidos en esta entrega de resultados. La fiscalización también alcanzó a Ilamatlán y El Higo, municipios gobernados durante el periodo 2022-2025 por presidentes municipales electos mediante el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado de MORENA. Entre ambos acumularon observaciones por 170 millones 617 mil 438.45 pesos. En Ilamatlán, la administración de Abad Tadeo Cortés registró un presunto daño patrimonial por 87 millones 69 mil 534.57 pesos, de los cuales 45 millones 770 mil 28 pesos corresponden al FAISMUN, 12 millones 766 mil 789 pesos al FORTAMUN y 28 millones 532 mil 717.57 pesos a participaciones federales. La ASF determinó que el Ayuntamiento no presentó los registros necesarios para comprobar el destino de los recursos. El Higo, gobernado por Víctor Manuel de la Garza Sánchez, también del PVEM, acumuló observaciones por 83 millones 547 mil 903.88 pesos. La revisión identificó 45 millones 168 mil 339.38 pesos de participaciones federales, 19 millones 862 mil 614.50 pesos del FAISMUN y 18 millones 516 mil 950 pesos del FORTAMUN sin la documentación requerida para acreditar su aplicación. Los otros tres municipios fiscalizados fueron Ixhuatlancillo, Moloacán y Landero y Coss, gobernados por alcaldes electos mediante el PRI o la coalición PAN-PRI-PRD. Sus administraciones acumularon observaciones por 195 millones 351 mil 309.34 pesos. En Ixhuatlancillo, el Gobierno de Fernando Ochoa Vergara, electo por la coalición PAN-PRI-PRD, registró un presunto daño patrimonial por 89 millones 342 mil 103 pesos. La ASF identificó 36 millones 331 mil 814 pesos sin comprobar del FAISMUN, 25 millones 265 mil 711 pesos del FORTAMUN y 27 millones 744 mil 578 pesos de participaciones federales. La documentación entregada por el Ayuntamiento no permitió solventar las observaciones. En Moloacán, Omar Augusto Ricárdez Chong acumuló observaciones por 76 millones 427 mil 575 pesos. De esa cantidad, 38 millones 950 mil 5 pesos corresponden a participaciones federales, 21 millones 736 mil 921 pesos al FAISMUN y 15 millones 740 mil 649 pesos al FORTAMUN. La Tesorería Municipal no proporcionó los documentos contables y presupuestales solicitados durante la revisión. Por su parte, en Landero y Coss, la ASF determinó un presunto daño patrimonial por 29 millones 581 mil 631.34 pesos durante la administración de Xóchitl Domínguez Rosado, electa por la coalición PAN-PRI-PRD. Las observaciones comprenden 13 millones 227 mil 888 pesos del FAISMUN, un millón 472 mil 614 pesos del FORTAMUN y 14 millones 881 mil 129.34 pesos de participaciones federales. En conjunto, la ASF emitió 30 pliegos de observaciones a los diez ayuntamientos por probables daños a la Hacienda Pública, principalmente por la falta de registros contables, comprobantes de gasto y documentación que acreditara la aplicación de los recursos federales. En sus informes, el organismo fiscalizador señaló que "se desconoce el destino de las erogaciones" ante la insuficiencia de documentación para justificar el uso del dinero público. También identificó incumplimientos de disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Código Fiscal de la Federación. Las observaciones corresponden exclusivamente al ejercicio fiscal 2025 y fueron dadas a conocer en octubre de 2026, una vez concluidas las administraciones municipales que estuvieron en funciones del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025. Los 942 millones 269 mil 747 pesos constituyen recursos pendientes de aclaración y presuntos daños a la Hacienda Pública sujetos al procedimiento de seguimiento y solventación de la ASF. El organismo concluyó que su identificación no implica que se haya acreditado de manera definitiva un desvío de recursos ni responsabilidades individuales de los exalcaldes.
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