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XALAPA.- De acuerdo con Octavio Gracián, vicepresidente de Canacintra Orizaba, los asaltos en las carreteras de las Altas Montañas continúan poniendo en riesgo a transportistas, automovilistas y familias, sin que los operativos desplegados por las autoridades logren frenar de manera sostenida la delincuencia. Por lo anterior, exigió una revisión a fondo de los mandos y las estrategias de seguridad de los gobiernos federal y estatal. Y es que, el dirigente empresarial señaló que los resultados obtenidos hasta ahora no corresponden a la gravedad del problema, particularmente en los tramos de las Cumbres de Maltrata y Acultzingo, donde persiste el temor de sufrir robos y otros hechos delictivos durante los desplazamientos por carretera. El empresario cuestionó que, pese a las reuniones entre autoridades y representantes de los sectores afectados, así como a los despliegues de fuerzas de seguridad, las medidas implementadas pierden continuidad después de apenas dos o tres días, sin garantizar condiciones de protección para quienes utilizan estas vías de comunicación. Ante esta situación, consideró indispensable que las instancias responsables revisen tanto el desempeño de sus mandos como la efectividad de los planes operativos de seguridad, pues la permanencia de los delitos refleja que las acciones actuales no han conseguido resolver el problema. Como muestra de los riesgos que enfrentan los usuarios, Gracián Malpica hizo referencia al robo de cuatro vehículos ocurrido el viernes pasado a la altura de Magueyes, un hecho que, sostuvo, demuestra que la inseguridad no se limita al transporte de carga, sino que alcanza también a quienes viajan en unidades particulares. En ese tenor, el vicepresidente de Canacintra Orizaba manifestó su respaldo a las exigencias del sector transportista, que reclama mayores condiciones de seguridad para desarrollar sus actividades, aunque insistió en que la solución debe construirse mediante el diálogo y acuerdos entre las partes involucradas. No obstante, afirmó que las autoridades no pueden limitar su respuesta a reuniones y operativos temporales, sino que deben establecer medidas capaces de contener los delitos y devolver la confianza a quienes diariamente recorren las carreteras de la región. Advirtió que la inseguridad y los bloqueos carreteros generan consecuencias para la economía regional, al afectar el traslado de mercancías, la movilidad de la población y la actividad turística. El temor a sufrir algún incidente puede llevar a las personas a modificar sus rutas, posponer viajes o reducir sus desplazamientos. Por ello, insistió en que los gobiernos estatal y federal deben asumir su responsabilidad y demostrar, con resultados concretos, que las estrategias de seguridad están funcionando. “Es evidente que se debe realizar una evaluación muy profunda desde las secretarías de Seguridad Pública federal, porque los resultados están muy lejanos”, concluyó Gracián, al reiterar que transitar por las carreteras se ha convertido en una preocupación constante para ciudadanos y sectores productivos. Así las cosas.
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