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XALAPA.- En medio de los planteamientos del Gobierno federal para ampliar la capacidad penitenciaria del país, incluida la propuesta de construir seis centros de reclusión ante los problemas de sobrepoblación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este viernes que su administración revisará los recursos destinados al proyecto del penal de Papantla, así como las condiciones del contrato suscrito durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, antes de negociar la adquisición del inmueble. “Este de Papantla, como está casi al 90 por ciento construido, lo que nosotros queremos es adquirirlo”, aseguró durante su conferencia matutina. La mandataria federal explicó que el propósito es concluir las instalaciones y ponerlas en operación bajo un modelo distinto al de las asociaciones público-privadas (APP), mediante las cuales empresas particulares construyen y administran centros penitenciarios a cambio de pagos del Gobierno federal. Para determinar la viabilidad de la compra, Sheinbaum Pardo solicitó a Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, coordinarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar un avalúo, revisar los pagos efectuados y establecer contacto con la empresa responsable del proyecto. Sheinbaum Pardo señaló que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se renegociaron contratos de otros centros penitenciarios construidos bajo el esquema de asociaciones público-privadas, con lo que se redujeron los pagos gubernamentales prácticamente a la mitad. En el caso de Papantla, dijo que primero deberá establecerse cuánto dinero ha desembolsado la Federación, cuál es el valor actual de las instalaciones y qué recursos adicionales se requieren para terminar la construcción. El penal se ubica en la comunidad de Gildardo Muñoz, en el municipio de Papantla. Su construcción comenzó en 2001, durante la administración estatal de Miguel Alemán Velasco, y posteriormente recibió recursos federales para continuar los trabajos. Aunque las instalaciones fueron presentadas públicamente en 2012, durante el gobierno de Felipe Calderón, el centro penitenciario no comenzó a recibir personas privadas de la libertad. En julio de 2018, durante la administración de Peña Nieto, se firmó un contrato de asociación público-privada con la empresa Servicios Infraestructura y Tecnología Papantla para la construcción, rehabilitación, adecuación y equipamiento del complejo. De acuerdo con la Cuenta Pública 2024, el contrato fue establecido por un periodo de 22 años, con un valor presente de 15 mil 817 millones de pesos. Para ese ejercicio fiscal, el proyecto continuaba registrado en etapa de ejecución. En marzo de 2024, la entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, reconoció que el penal permanecía inconcluso, pese a que durante administraciones anteriores se habían destinado más de 10 mil millones de pesos. La funcionaria también informó sobre una investigación federal relacionada con el ejercicio de los recursos asignados a la construcción del centro penitenciario. Así las cosas.
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