De Veracruz al mundo
A 10 meses de la sentencia de la CIDH que declaró responsable al Estado Mexicano por muerte de Ernestina, reparación ordenada siguen sin concretarse.
Advirtieron que los procesos administrativos y las mesas de interlocución no pueden sustituir el cumplimiento efectivo de la sentencia internacional, particularmente cuando están en juego la salud, el bienestar y la dignidad de los integrantes de la familia.
Jueves 22 de Octubre de 2026
Por: REDACCION GOBERNANTES
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XALAPA.- A diez meses de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificara la sentencia que declaró responsable internacionalmente al Estado mexicano por las violaciones cometidas contra la mujer indígena Ernestina Ascencio Rosario, su familia continúa a la espera de que se concreten las medidas de reparación ordenadas, denunciaron organizaciones que la representan. Advirtieron que los procesos administrativos y las mesas de interlocución no pueden sustituir el cumplimiento efectivo de la sentencia internacional, particularmente cuando están en juego la salud, el bienestar y la dignidad de los integrantes de la familia. A través de un pronunciamiento, Elizabeth Guevara Mitzi y María López de la Rica, abogada y representante, respectivamente, de Kalli Luz Marina, señalaron que, pese a los espacios de diálogo sostenidos durante los últimos seis meses con distintas instituciones gubernamentales, persisten retrasos en las acciones dirigidas a atender a las víctimas. Entre los pendientes mencionaron la atención médica y psicológica, las compensaciones económicas y el acto público de reconocimiento de responsabilidad. La abogada y representante señalaron que, a casi dos décadas de los hechos que derivaron en la muerte de Ernestina Ascencio, sus hijas e hijo continúan esperando respuestas concretas para reparar los daños sufridos. Uno de los puntos que más preocupa a las organizaciones es el incumplimiento de la medida que ordena brindar atención médica, psicológica y psiquiátrica a los familiares que la requieran como consecuencia de las violaciones sufridas. Señalaron que el plazo establecido para implementar estos servicios ya fue ampliamente rebasado y que persisten los obstáculos burocráticos que impiden el acceso efectivo a la atención de salud. También denunciaron que han transcurrido más de tres meses desde el vencimiento del plazo comprometido por el propio Estado para hacer efectivas las medidas de reparación económica, sin que estas se hayan concretado hasta la fecha del pronunciamiento. Otro de los reclamos es la realización de un Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional en la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, de donde era originaria Ernestina Ascencio. Las organizaciones sostuvieron que este acto tiene un significado especial para las víctimas, debido a que durante años enfrentaron no solo la falta de justicia, sino también declaraciones de autoridades que desacreditaron su palabra y contribuyeron a prolongar la impunidad. Por lo anterior, insistieron en que el reconocimiento público al más alto nivel del Estado constituye una parte fundamental de la reparación y una oportunidad para reivindicar la dignidad, la memoria y la verdad sobre lo ocurrido. En ese sentido, exigieron al Estado mexicano garantizar la atención integral de salud, responder a la petición de la familia sobre el acto público, cumplir sin más demoras con las reparaciones económicas y traducir los acuerdos institucionales en resultados verificables. Advirtieron que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos representa un avance histórico para la familia y para la defensa de los derechos de las mujeres indígenas, pero no alcanzará plenamente su propósito mientras las medidas ordenadas continúen pendientes. Así las cosas.

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