De Veracruz al mundo
Aprueban en lo general la 'Ley Antimemes'; prevé hasta cinco años de cárcel.
La disposición no menciona los memes ni prohíbe expresamente la sátira o la crítica política; tampoco establece que usar un logotipo gubernamental sea suficiente para cometer el delito, pues exige que ese uso sea a escala comercial, busque engañar sobre su origen oficial y tenga la intención de cometer un acto ilegal.
Miércoles 21 de Octubre de 2026
Por: animalpolitico.com
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Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la llamada “Ley Antimemes”, que contempla de uno a cinco años de prisión y multas de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) por utilizar identidad gráfica oficial a escala comercial para engañar sobre su origen oficial con la intención de cometer un ilícito, mientras la oposición cuestionó la falta de excepciones expresas para proteger el periodismo, la sátira y la parodia.


Con 312 votos a favor, 119 en contra y ninguna abstención, avanzó la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y previamente aprobada por el Senado, con la que Morena y sus aliados sostienen que buscan combatir la piratería, la falsificación y los fraudes cometidos mediante la suplantación de instituciones públicas.


La reforma modifica el artículo 402 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para sancionar la falsificación de marcas y la producción, almacenamiento, transporte o venta de productos falsificados a escala comercial, además de incorporar el artículo 403 Bis, que concentra la controversia por el uso de identidad gráfica gubernamental.



Este último establece las penas de prisión y multas de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones de los tres órdenes de gobierno, bajo las condiciones de escala comercial, engaño e intención de cometer un ilícito.


La disposición no menciona los memes ni prohíbe expresamente la sátira o la crítica política; tampoco establece que usar un logotipo gubernamental sea suficiente para cometer el delito, pues exige que ese uso sea a escala comercial, busque engañar sobre su origen oficial y tenga la intención de cometer un acto ilegal. Sin embargo, no excluye expresamente los usos periodísticos, informativos, artísticos, humorísticos o de crítica, como exigió la oposición.

Ese fue el principal reclamo de los legisladores opositores, quienes pidieron que la protección a esas expresiones quedara escrita en la ley, en lugar de depender de la interpretación de las autoridades. Gibrán Ramírez, de Movimiento Ciudadano (MC), cuestionó qué actos abarcaría la expresión “intención de cometer un ilícito” y preguntó: “Si de verdad no quieren castigar la sátira y la parodia, ¿por qué se niegan a escribir esa exclusión en la ley?”.


Oposición ve riesgos en Ley Antimemes
Por el Partido Acción Nacional (PAN), Luis Agustín Rodríguez advirtió que el riesgo no se limita a una condena, sino al uso de investigaciones penales para intimidar a quienes cuestionan al poder. “No afirmamos que cualquier meme vaya a constituir un delito. Señalamos algo que debemos prevenir: que una redacción insuficientemente delimitada permita utilizar una investigación penal para intimidar a quien cuestione o critique al poder”, sostuvo.

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, propuso excluir los usos periodísticos, informativos, educativos, artísticos, humorísticos, paródicos, satíricos y de crítica u opinión, y aseguró que esa modificación permitiría alcanzar un acuerdo.


“Yo creo que esta ley saldría por unanimidad si ustedes agregan cuatro renglones, cuatro renglones. Si uno escucha lo que ha dicho el Ejecutivo federal, ellos dicen que en esto no se va a aplicar, sí, nada más que eso no dice la ley. Agreguen esto”, afirmó.

El pleno desechó las solicitudes del PRI, PAN y MC para suspender la discusión y devolver el dictamen a comisiones, donde planteaban revisar su redacción e incorporar protecciones expresas a la libertad de expresión.

Otra de las dudas planteadas por la oposición fue cómo se determinaría la “escala comercial” al utilizar imágenes o documentos gubernamentales, pues el dictamen define ese concepto mediante criterios de mercado, como obtener beneficios económicos, ventajas frente a competidores o causar un perjuicio significativo a los titulares de derechos, incluso sin obtener ganancias, y establece un umbral de al menos 170 UMA calculado con el precio del producto o servicio legítimo.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Julio César Moreno, explicó que el nuevo delito busca perseguir casos como el de una página que imita a una institución pública para cobrar fraudulentamente por un supuesto trámite. “Esta reforma no está dirigida a prohibir los llamados memes, la crítica al gobierno ni la sátira política”, aseguró.


Desde el Partido del Trabajo (PT), Mary Carmen Bernal puso como ejemplo los anuncios que utilizan logotipos de Pemex para ofrecer supuestas inversiones y pedir depósitos, y sostuvo que la crítica está protegida por los artículos 6 y 7 constitucionales. “No confundamos la suplantación con la sátira política, ni el fraude con un meme”, expresó.



El debate también llegó a la tribuna con caricaturas que el morenista Arturo Ávila mostró para rechazar las acusaciones de censura, mientras la diputada de MC Irais Reyes insistió en que la diferencia entre falsificar una página para robar dinero y utilizar símbolos oficiales para hacer una crítica debía quedar escrita en la ley, sin depender de las promesas de quienes la impulsan.

Además del artículo sobre identidad gubernamental, la reforma modifica las disposiciones contra la piratería y la falsificación, incorpora mecanismos para compensar a las víctimas por los daños y permite que opten por una cantidad de entre 340 y 50 mil UMA, además de extender la aplicación de las disposiciones sobre propiedad industrial a mercancías bajo control aduanero, incluidas aquellas en tránsito, transbordo o depósito fiscal.

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