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César 'N', exfiscal Chihuahua ingresó al penal del Altiplano por presunta traición a la patria.
El exfiscal de Chihuahua enfrenta un proceso federal por el operativo contra un narcolaboratorio en el que participaron presuntos agentes de la CIA
Lunes 19 de Octubre de 2026
Por: El Heraldo de México
Foto: .
Ciudad de México.- César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, ingresó este lunes al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, en el Estado de México, donde quedará a disposición de una jueza federal por una investigación relacionada con el presunto delito de traición a la patria.

El caso deriva de un operativo realizado en abril pasado para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua, en el que presuntamente participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés).


De acuerdo con reportes periodísticos, el exfuncionario arribó al centro penitenciario alrededor de las 7:30 horas, luego de ser detenido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) al concluir una audiencia judicial en Chihuahua.


La detención federal se ejecutó después de que un juez estatal determinara que Jáuregui podía continuar en libertad mientras enfrenta la causa penal abierta en su contra en el fuero común.

¿Por qué detuvieron a César Jáuregui?
La investigación federal busca establecer la probable responsabilidad del exfiscal en la participación de personal extranjero en un operativo de seguridad realizado en territorio mexicano sin la autorización correspondiente de las autoridades federales.

La FGR sostiene que los hechos podrían constituir el delito de traición a la patria, debido a las presuntas irregularidades relacionadas con la intervención de agentes estadounidenses en el despliegue contra un laboratorio clandestino.

El caso cobró relevancia por la participación de presuntos integrantes de la CIA en el operativo y por las investigaciones posteriores sobre la forma en que se desarrolló la intervención.


La imputación federal constituye una causa distinta de la investigación que llevan las autoridades de Chihuahua, por lo que el exfuncionario deberá responder ante instancias judiciales de ambos fueros.

Jáuregui enfrenta dos procesos penales
El exfiscal tiene abiertos dos procedimientos relacionados con presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

En Chihuahua, la Fiscalía General del Estado lo acusa de presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, vinculados con el operativo contra el narcolaboratorio.

En esta causa, un juez de control determinó que podía continuar el proceso en libertad, sin imponerle prisión preventiva. Sin embargo, le ordenó presentarse mensualmente ante el tribunal, no salir del país sin autorización judicial y abstenerse de comunicarse o acercarse a los testigos relacionados con el expediente.

Se dispuso el resguardo de su pasaporte y visa
El abogado defensor, Héctor Villasana Ramírez, explicó que la resolución estatal corresponde a una investigación distinta de la causa federal.

Por ello, las medidas cautelares dictadas en Chihuahua no impedían que la FGR ejecutara la orden de aprehensión emitida por una autoridad judicial federal.

El caso del narcolaboratorio y la participación de la CIA
Los hechos que originaron ambas investigaciones se remontan a abril, cuando autoridades realizaron un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua.

La participación de agentes estadounidenses en ese despliegue dio lugar a indagatorias sobre las autorizaciones, los protocolos y la coordinación entre las autoridades estatales y federales.

La investigación busca determinar las responsabilidades correspondientes por las presuntas irregularidades cometidas durante el operativo.

Con su ingreso al penal del Altiplano, Jáuregui queda a disposición de la justicia federal para continuar el procedimiento relacionado con la imputación de traición a la patria, mientras permanece vigente la causa penal estatal en su contra.

Las acusaciones deberán ser examinadas por las autoridades judiciales competentes, conforme al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.


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