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XALAPA.- A 25 años de su muerte, la memoria de Digna Ochoa y Plácido, abogada y defensora de derechos humanos veracruzana, continúa ligada a una pregunta que permanece abierta: qué ocurrió realmente aquel 19 de octubre de 2001 y si su labor como defensora de los derechos humanos fue el motivo que la convirtió en blanco de sus agresores. Para su hermano Jesús, los avances registrados durante 2026 todavía no significan que la justicia haya llegado, pero sí permiten mirar el futuro con una expectativa que durante mucho tiempo parecía perdida: “una pequeña luz al final de un largo túnel”. Y es que, nuevas diligencias de la Fiscalía Especial de la Ciudad de México abrieron una posibilidad distinta en un expediente que durante más de dos décadas estuvo marcado por la hipótesis del suicidio. El 19 de octubre de 2001, Digna Ochoa fue localizada sin vida en su despacho de la colonia Roma, en la Ciudad de México, presentaba heridas producidas por arma de fuego en el muslo y en el cráneo. Su muerte abrió una investigación que, con el paso de los años, generó controversia y cuestionamientos por parte de su familia y de organizaciones defensoras de derechos humanos, sobre todo por la manera en que se abordó su trabajo como abogada y defensora de víctimas. Para Jesús Ochoa y Plácido, uno de los principales pendientes ha sido que durante años las autoridades mantuvieron como “verdad histórica” la tesis del suicidio, dejando de lado líneas relacionadas con la actividad que Digna desarrollaba en defensa de los derechos humanos. Entre esos antecedentes se encuentra su trabajo en la sierra de Petatlán, Guerrero, donde su labor habría entrado en contacto con intereses y grupos de poder de la región. Hace cuatro años, en enero de 2022, el Estado mexicano fue notificado de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó la responsabilidad de México por las deficiencias en la investigación del asesinato, así como por afectaciones a su imagen, memoria y labor como defensora de derechos humanos. La resolución estableció diversas medidas de reparación y garantías de no repetición, entre ellas mejorar las investigaciones de crímenes cometidos contra personas defensoras, reconocer públicamente su labor, modificar prácticas basadas en estereotipos de género y retomar el caso bajo la perspectiva de que se trató de un asesinato. También contempló medidas relacionadas con la autonomía de los servicios periciales y reformas al marco jurídico nacional. A poco más de cuatro años de aquella sentencia, la familia considera que todavía existen obligaciones pendientes, pero también identifica señales que podrían representar un cambio en la forma de abordar el expediente. Uno de los elementos que Jesús Ochoa y Plácido considera más relevantes ocurrió recientemente, cuando la Fiscalía Especial encargada del caso informó a él, a su hermano Ismael y a sus representantes legales, integrantes del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, sobre los resultados de nuevas diligencias. De acuerdo con la familia, la Fiscalía visitó zonas militares, cotejó listados y nombres de oficiales y profundizó en la relación que habría existido entre integrantes del 19º Batallón de Infantería y cacicazgos locales. Como resultado, se identificó a un grupo reducido de militares que habría mantenido relación con Rogaciano Alva Álvarez, señalado por la familia como autor intelectual del asesinato de Digna Ochoa. El dato, aunque pudiera parecer solamente una pieza más dentro de un expediente de 25 años, adquiere otra dimensión para la familia: por primera vez, consideran que una investigación oficial vuelve a explorar de manera directa la posibilidad de que el trabajo de la defensora en Guerrero haya afectado intereses de grupos con capacidad para ejercer violencia. Ahora, el reto es reconstruir una historia fragmentada por los años: recuperar testimonios, revisar documentos, contrastar nombres y establecer responsabilidades sobre hechos ocurridos hace un cuarto de siglo. La propia dimensión temporal del caso evidencia la dificultad de la tarea, pero también explica el significado que la familia concede a cada nuevo elemento incorporado a la investigación. Luego de años de cuestionamientos, silencio e impunidad, la reapertura de líneas relacionadas con el trabajo de Digna Ochoa en Guerrero representa, para sus familiares, algo más que un avance procesal: es la posibilidad de que su historia deje de ser contada únicamente desde las conclusiones que durante años prevalecieron. Así las cosas.
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