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XALAPA.- Vaya caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que pese a ser uno de los centros con mayor capacidad de alojamiento del Instituto Nacional de Migración (INM), la estación migratoria de Acayucan operó durante 2025 sin personal de seguridad contratado. Aunque el organismo otorgó al inmueble una calificación de 87 puntos sobre 90 y consideró adecuadas sus condiciones de funcionamiento, la evaluación quedó incompleta debido a que ninguno de los extranjeros alojados aceptó responder las preguntas de los visitadores sobre el trato recibido y el respeto a sus derechos. La situación fue documentada en el Diagnóstico 2025 sobre las condiciones de las estancias y estaciones migratorias del INM, publicado en septiembre de 2026, que identifica a Acayucan entre los tres recintos del país que reportaron no contar con elementos de vigilancia bajo contrato. Los otros dos se encuentran en Villahermosa, Tabasco, y Palenque, Chiapas. La ausencia de personal contratado no significa necesariamente que la estación careciera de vigilancia. El informe también registra la existencia de cámaras de seguridad, controles de acceso y protocolos de protección civil, aunque no precisa quiénes asumían las funciones de vigilancia en el inmueble. En ese tenor, la CNDH refirió que, con capacidad para alojar a 366 personas, la estación de Acayucan tenía únicamente 11 migrantes al momento de la inspección, todos varones. La ocupación representaba apenas el 3 por ciento de los espacios disponibles. Sin embargo, el organismo no pudo recabar sus testimonios para determinar si recibían atención médica, información sobre su situación migratoria, asesoría jurídica o un trato conforme a sus derechos. “En el momento de la visita había 11 personas migrantes, sin embargo, estaban descansando y no quisieron contestar el cuestionario”, refirió el documento elaborado por la Quinta Visitaduría General. De esta manera, la calificación otorgada a Acayucan se sustentó en la revisión de instalaciones, servicios y procedimientos, sin incorporar las experiencias de quienes permanecían bajo resguardo del INM. El resultado contrasta con las deficiencias que el mismo organismo había identificado en evaluaciones anteriores. En 2023, la estación obtuvo un cumplimiento de 49.88 por ciento; en 2024 alcanzó 95 puntos de 100 y, durante 2025, recibió 87 de 90 posibles. Aunque las escalas de evaluación fueron distintas, los registros muestran un cambio en las condiciones observadas por los supervisores. En la revisión más reciente, el recinto obtuvo 31 puntos en alojamiento, 24 en seguridad, 10 en protección y defensa jurídica, 20 en salud y dos en alimentación. Las condiciones de seguridad habían motivado intervenciones en el inmueble. Según el diagnóstico, la malla perimetral presentaba daños y fue sustituida por una estructura de acero. También se repararon los portones de acceso y se realizaron trabajos en las instalaciones eléctricas, el drenaje sanitario, los dormitorios y las oficinas administrativas. El INM informó, además, sobre obras financiadas con recursos de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), entre ellas la perforación de un pozo profundo, la instalación de una planta potabilizadora y la impermeabilización de edificios. Las intervenciones incluyeron despachadores de agua y un toldo en el patio, así como modificaciones en los dormitorios para mejorar las condiciones de alojamiento. Durante la inspección, los visitadores encontraron comedor, espacios recreativos, áreas de visita, dormitorios con ventilación, servicios sanitarios y zonas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad. El Instituto también reportó la habilitación de habitaciones individuales con baño propio y la colocación de divisiones en los sanitarios compartidos para preservar la privacidad de las personas alojadas. En cuanto a la atención médica, la CNDH constató la presencia de personal de salud, medicamentos y servicios psicológicos. La estación también disponía de pruebas para detectar dengue y paludismo, enfermedades cuya transmisión representa un riesgo en la región. Refirió que los migrantes que requieren hospitalización son trasladados al Hospital General de Acayucan-Oluta, mientras que los casos que necesitan atención psiquiátrica especializada se canalizan al Hospital Psiquiátrico de Orizaba. El diagnóstico refirió que el inmueble pertenece al INM y que el servicio de alimentación está contratado con la empresa Operadora de Comedores Saludables S. A. de C. V. En materia jurídica, el organismo identificó sistemas de registro, disponibilidad de traductores, carteles con información sobre los derechos de las personas migrantes y protocolos para atender a víctimas de delitos. No obstante, la supervisión no encontró personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) dentro de las instalaciones, una circunstancia relevante para quienes requieren orientación o buscan solicitar protección internacional en México. La representación de la COMAR en Acayucan también atiende solicitudes provenientes de Oaxaca. De acuerdo con el documento, las estancias provisionales de La Ventosa y San Pedro Tapanatepec mantienen coordinación con esa oficina para canalizar a extranjeros interesados en obtener el reconocimiento de la condición de refugiado. La evaluación de Acayucan forma parte de una revisión nacional que comprendió 26 recintos migratorios durante 2025, aunque al cierre de ese año únicamente 25 continuaban en funcionamiento. Todas las estaciones migratorias examinadas obtuvieron calificaciones consideradas adecuadas por la CNDH, mientras que cuatro estancias provisionales presentaron resultados insuficientes". Pese a las mejoras materiales registradas en los inmuebles, el organismo advirtió que persisten obstáculos para garantizar que las personas migrantes conozcan sus derechos, reciban asesoría jurídica y puedan acceder a procedimientos de regularización o reconocimiento de la condición de refugiado. “Los principales desafíos ya no se encuentran únicamente en las condiciones físicas de alojamiento, sino en la garantía efectiva de los derechos a la información, a la asesoría jurídica, al acceso a procedimientos de regularización migratoria y al reconocimiento de la condición de refugiado”, señaló la Comisión. Ante estos resultados, la CNDH recomendó al INM mantener los programas de conservación de instalaciones y protección civil, asegurar revisiones médicas al ingreso y salida de los extranjeros y reforzar la capacitación del personal encargado de su atención. En el caso de Acayucan, la evaluación permitió documentar las condiciones materiales y los servicios disponibles, pero dejó sin verificar, mediante entrevistas con las personas alojadas, cómo se ejercían sus derechos durante su permanencia en la estación migratoria. Así las cosas.
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