| Visitas: |
|
| Académicos, juristas y organizaciones respaldan a la jueza Martha Magaña ante el Tribunal de Disciplina Judicial. | ||||||
| A través de un pronunciamiento conjunto, juristas advirtieron que sancionar las decisiones jurisdiccionales vulnera la independencia y exigieron al Tribunal de Disciplina detener las represalias. | ||||||
| Martes 13 de Octubre de 2026 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
 |
||||||
El desplegado cuenta con el respaldo de docentes e investigadores de renombradas instituciones de educación superior, entre las que destacan el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad Iberoamericana, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el ITESO. Asimismo, se suman especialistas de universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Países Bajos e Irlanda, además de exservidores públicos y representantes de asociaciones de juzgadores. El procedimiento disciplinario —un mecanismo interno para investigar y determinar posibles faltas administrativas en el servicio público— contra la jueza Martha Magaña se originó en agosto de 2024, cuando la juzgadora concedió una suspensión provisional, es decir, una medida cautelar u orden temporal para detener los actos del procedimiento legislativo de la reforma constitucional en materia judicial de 2024. A raíz de esta determinación, el tribunal le imputó una presunta falta grave calificada como “descuido” en el ejercicio de sus funciones, por lo que podría enfrentar la inhabilitación o destitución de su cargo. Revisión de resoluciones de los jueces y límites del régimen disciplinario En la declaración, los especialistas advierten que recurrir a medidas disciplinarias para sancionar el sentido de las decisiones jurisdiccionales vulnera de forma directa la independencia de la función judicial. “Consideramos especialmente grave que una decisión jurisdiccional pueda dar lugar a responsabilidad disciplinaria por el hecho de sostener una interpretación jurídica distinta de la compartida por las autoridades que la investigan”. El documento precisa que el ordenamiento legal prevé medios de impugnación —como recursos de revisión o apelación— para que las partes inconformes con un fallo soliciten a un tribunal superior su modificación o anulación, asegurando que la “discrepancia interpretativa no constituye una infracción disciplinaria”. El debate de “corregir” reformas constitucionales: referencias internacionales Respecto al control constitucional de las reformas a la Constitución Federal, los firmantes recordaron que el examen judicial de las modificaciones de la ley fundamental forma parte de un análisis jurídico plenamente vigente. Como antecedente, destacan que “en Colombia, Brasil e India, sus tribunales han emitido sentencias que cuestionan reformas constitucionales”, lo que a su juicio “confirma la legitimidad de la discusión constitucional” en diversos países. En ese marco, señalan que la independencia judicial abarca “la libertad de interpretar y aplicar el derecho sin temor a represalias disciplinarias por el contenido de las resoluciones”, por lo que enfatizan que “la potestad disciplinaria no debe convertirse en un mecanismo para imponer criterios jurídicos ni para inhibir decisiones que resulten incómodas para otros poderes públicos”. Casos adicionales de procesos disciplinarios contra jueces El texto señala que el caso de la jueza Magaña no es un hecho aislado, al indicar que “las situaciones de los juzgadores Gelacio Villalobos, Sergio Sigales, Gabriela Ruiz, María Citlallic Vizcaya, Agustín Buenrostro, Juan Gerardo Anguiano, Luis Fernando Arreola Villa y José Antonio Lozano Batarse, entre otros, también ameritan atención pública y un examen cuidadoso de las garantías de independencia judicial y debido proceso”. El pasado 8 de octubre, Animal Político dio a conocer que el Tribunal de Disciplina Judicial analiza un proyecto de resolución elaborado por el magistrado Bernardo Bátiz Vázquez, el cual propone la destitución e inhabilitación definitiva del juez de Colima, Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido. Este procedimiento sancionador inició a finales de octubre de 2025, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum, a petición de la Secretaría de Marina (Semar), solicitara actuar en contra del juzgador por presuntas irregularidades en su desempeño. Las acusaciones contra el juez de Colima se centran en su presunta intervención irregular en cuatro procedimientos abreviados mediante los cuales supuestamente redujo las penas de cinco personas acusadas de delitos como posesión de drogas y portación de armas. Frente a esta situación, los firmantes manifestaron su apoyo a los juzgadores y la jueza Martha Eugenia Magaña, solicitaron el respeto a sus garantías procesales y realizaron un llamado al Tribunal de Disciplina Judicial para que respete la libertad de interpretación constitucional de los juzgadores. “Defender la independencia de una jueza no significa compartir necesariamente sus resoluciones. Significa defender el derecho de todas las personas a ser juzgadas por tribunales libres de presiones y represalias”. |
||||||
|
|
||||||
Nos interesa tu opinión |
||||||
|
||||||
| > Directorio > Quiénes somos |
| ® Gobernantes.com Derechos Reservados 2016 |