De Veracruz al mundo
Reprueba diagnóstico de la CNDH a 14 de los 18 centros penitenciarios de Veracruz con un promedio estatal de 5.38 puntos .
El diagnóstico dejó a Veracruz con 14 centros penitenciarios reprobados, un promedio estatal de 5.38 puntos y deficiencias de personal médico y de custodia en la totalidad de los establecimientos supervisados.
Jueves 08 de Octubre de 2026
Por: REDACCION GOBERNANTES
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XALAPA.- Vaya caso. El sistema penitenciario de Veracruz fue reprobado por deficiencias en seguridad, atención médica y condiciones de internamiento. De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 2025 Veracruz obtuvo una calificación promedio de 5.38 sobre 10 puntos posibles. El diagnóstico dejó a Veracruz con 14 centros penitenciarios reprobados, un promedio estatal de 5.38 puntos y deficiencias de personal médico y de custodia en la totalidad de los establecimientos supervisados. Entre los establecimientos reprobados se encuentra Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, que obtuvo 5.10 puntos y donde la CNDH identificó sobrepoblación, falta de custodios, deficiencias médicas y presencia de actividades ilícitas. La evaluación también exhibió que las cárceles veracruzanas alojaban a 8 mil 669 personas privadas de la libertad, pese a contar con espacio solo para 7 mil 803, lo que representa 866 internos por encima de la capacidad conjunta del sistema penitenciario estatal. De los 18 centros supervisados en Veracruz, 11 operaban por encima de su capacidad y en 12 se detectaron condiciones de hacinamiento. La CNDH también encontró insuficiencia de personal de seguridad y custodia, así como deficiencias en los servicios médicos, en todos los establecimientos inspeccionados. Los resultados colocaron a Tuxpan como el penal con la peor evaluación de Veracruz, con 3.89 puntos, seguido de Chicontepec, con 4.30, y Poza Rica, con 4.37. En contraste, Zongolica alcanzó la calificación más alta, con 6.42, aunque también acumuló observaciones relacionadas con la protección de los derechos humanos. El penal de Poza Rica concentró señalamientos sobre el control de las instalaciones y las condiciones de seguridad. La CNDH identificó el "ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad (autogobierno/cogobierno)", además de actividades ilícitas y cobros por extorsión y sobornos. Con una calificación de 4.37, el establecimiento albergaba a 320 personas privadas de la libertad, aunque su capacidad era de 241 espacios. Es decir, operaba con 79 internos por encima del número de lugares disponibles. Los supervisores también documentaron hacinamiento, problemas de alimentación, deficiencias en los servicios médicos, insuficiencia de custodios y obstáculos en los mecanismos para presentar quejas por posibles violaciones a derechos humanos. La presencia de actividades ilícitas no se limitó a Poza Rica. El diagnóstico también registró este problema en los centros penitenciarios de Amatlán, Cosamaloapan, Tuxpan y Pacho Viejo. Sin embargo, Poza Rica fue el único establecimiento veracruzano donde la evaluación individual consignó simultáneamente autogobierno o cogobierno y cobros por extorsión o sobornos. Estas observaciones forman parte de las condiciones que la CNDH examina para determinar si las autoridades penitenciarias mantienen el control de los establecimientos y garantizan la seguridad de las personas bajo su custodia. En el Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo, ubicado en el municipio de Coatepec, la CNDH contabilizó mil 360 personas privadas de la libertad en instalaciones destinadas a 898. La diferencia fue de 462 internos, una de las mayores concentraciones de población por encima de la capacidad registrada en el estado. El establecimiento recibió una calificación de 5.10, después de que los supervisores encontraron hacinamiento, sobrepoblación, deficiencias en los servicios médicos y problemas en las condiciones de alojamiento y alimentación. El organismo también identificó insuficiencia de custodios, presencia de actividades ilícitas y deficiencias en las medidas destinadas a prevenir incidentes violentos dentro del penal. A estas observaciones se sumaron problemas en la atención de personas privadas de la libertad en aislamiento, integración de expedientes técnico-jurídicos y separación entre internos procesados y sentenciados. En materia de reinserción social, la evaluación registró carencias en las actividades educativas y deportivas, dos componentes previstos para la atención de la población penitenciaria. La sobrepoblación de Pacho Viejo fue superior a la documentada en otros centros que también excedieron su capacidad, como Jalacingo, con 150 personas adicionales; Poza Rica, con 79; Chicontepec, con 65, y Pánuco, con 62. El penal de Tuxpan obtuvo 3.89 puntos, la calificación más baja de los 18 establecimientos supervisados en Veracruz. En ese centro, la CNDH detectó deficiencias en los servicios de salud, alimentación, instalaciones de alojamiento, cocina y área médica, además de problemas en la capacitación del personal y en los procedimientos para imponer sanciones disciplinarias. El diagnóstico también reportó actividades ilícitas, insuficiencia de custodios y deficiencias en la separación entre hombres y mujeres, así como en los mecanismos para recibir y atender quejas por posibles violaciones a derechos humanos. Las observaciones abarcaron la atención a personas adultas mayores, indígenas, con discapacidad, que viven con VIH o sida y pertenecientes a la población LGBTTTIQ+. A diferencia de otros establecimientos reprobados, Tuxpan no registraba sobrepoblación general: tenía 719 internos para una capacidad de 745. Pese a ello, terminó con la evaluación más baja del estado. El resultado muestra que las calificaciones de la CNDH no dependen únicamente de la cantidad de internos, sino también de las condiciones de seguridad, infraestructura, servicios y respeto a los derechos humanos. Chicontepec ocupó el penúltimo lugar, con 4.30 puntos. Sus instalaciones estaban diseñadas para 50 personas, pero alojaban a 115, más del doble de su capacidad. Los supervisores identificaron hacinamiento, sobrepoblación, problemas de alimentación, deficiencias en servicios médicos y condiciones de alojamiento, además de carencias en cocina, talleres y área médica. La falta de personal penitenciario también formó parte de las observaciones que contribuyeron a su calificación. Falta de médicos y custodios en los 18 penales. Más allá de las calificaciones individuales, la supervisión identificó deficiencias que se repiten en prácticamente todo el sistema penitenciario veracruzano. En los 18 establecimientos se reportaron problemas en los servicios médicos e insuficiencia de personal de seguridad y custodia. La CNDH también encontró deficiencias en la separación entre personas procesadas y sentenciadas en 17 centros, mientras que en 16 detectó insuficiencia de programas para prevenir adicciones y facilitar tratamientos de desintoxicación voluntaria. 12 establecimientos presentaron hacinamiento, un indicador relacionado con las condiciones de ocupación de dormitorios y espacios de alojamiento, mientras que 11 registraron una población superior a su capacidad total. Las deficiencias alcanzaron tanto a los centros con menores calificaciones como a aquellos que obtuvieron resultados superiores a seis puntos. En Amatlán, por ejemplo, el organismo otorgó 5.83 puntos y encontró mil 621 internos para una capacidad de mil 576. La inspección identificó sobrepoblación, hacinamiento, deficiencias médicas, falta de custodios y actividades ilícitas. También registró problemas en la clasificación de personas privadas de la libertad y en los programas de reinserción social. Cosamaloapan obtuvo 5.02 puntos, con 393 internos en instalaciones destinadas a 366. En ese centro fueron señaladas deficiencias en alimentación, servicios médicos, seguridad y condiciones de internamiento, además de actividades ilícitas. Pánuco, evaluado con 5.36, tenía 129 internos para 67 espacios disponibles, casi el doble de su capacidad. La CNDH documentó hacinamiento, sobrepoblación y deficiencias en atención médica, seguridad, instalaciones y programas de reinserción. Hay penales sin sobrepoblación que también reprobaron. La evaluación identificó deficiencias incluso en cárceles donde el número de personas privadas de la libertad no superaba los espacios disponibles. En Coatzacoalcos, que recibió 5.68 puntos, había mil 606 internos para una capacidad de mil 632. Pese a ello, la CNDH detectó problemas en los servicios médicos, alimentación, condiciones de alojamiento, capacitación del personal y número de custodios. También señaló deficiencias en la integración de expedientes y en los procedimientos para clasificar a las personas privadas de la libertad. San Andrés Tuxtla obtuvo 5.24 puntos. Tenía 397 internos en instalaciones con capacidad para 420, pero presentó hacinamiento, deficiencias médicas, falta de custodios y problemas en la separación de procesados y sentenciados. El Módulo de Prisión Preventiva, con 45 personas para 50 espacios, recibió 5.58 puntos. La inspección registró hacinamiento, problemas de salud, seguridad y alojamiento, así como deficiencias en la atención a personas con discapacidad o VIH y en las actividades laborales y de capacitación. En otros establecimientos, la sobrepoblación se combinó con evaluaciones reprobatorias. Misantla, con 5.13 puntos, tenía 338 internos para 306 lugares; Papantla, calificado con 5.47, albergaba a 436 personas para una capacidad de 405. Huayacocotla registró 57 internos para 48 espacios y obtuvo 5.25 puntos, mientras que Ozuluama alcanzó 5.88. En las evaluaciones de estos centros se consignaron problemas relacionados con los servicios de salud, personal de custodia, infraestructura y organización penitenciaria. Sólo cuatro cárceles alcanzaron calificación aprobatoria. De los 18 establecimientos evaluados, únicamente Zongolica, Tantoyuca, Acayucan y Jalacingo alcanzaron seis puntos o más. Zongolica encabezó la clasificación estatal con 6.42 puntos, seguido de Tantoyuca, con 6.15; Acayucan, con 6.12, y Jalacingo, con 6.00. Sin embargo, ninguno estuvo exento de observaciones. En Zongolica, la CNDH identificó deficiencias en los servicios médicos, falta de custodios, problemas en las condiciones materiales de alojamiento y separación entre procesados y sentenciados. También encontró carencias en las actividades deportivas y programas de prevención de adicciones, pese a tratarse del establecimiento mejor evaluado de Veracruz. En Tantoyuca, la población ascendía a 211 internos frente a una capacidad de 151, por lo que operaba con 60 personas por encima de sus espacios disponibles. Jalacingo, que alcanzó exactamente seis puntos, tenía 294 personas privadas de la libertad en instalaciones destinadas a 144, una diferencia de 150 internos. En ese penal se documentaron hacinamiento, sobrepoblación, deficiencias médicas, insuficiencia de custodios, problemas de separación entre hombres y mujeres e incumplimientos relacionados con los planes de actividades. Acayucan también presentó observaciones sobre los servicios médicos, la separación entre hombres y mujeres, los procedimientos disciplinarios y las actividades educativas y deportivas. El organismo señaló además deficiencias en la atención a mujeres privadas de la libertad y a menores que viven con ellas. No obstante, este establecimiento obtuvo valoraciones favorables en las condiciones de ocupación, la ausencia de cobros por extorsión o sobornos y la atención a personas con VIH o sida y población LGBTTTIQ+. A los problemas de infraestructura y sobrepoblación se sumaron las observaciones sobre actividades ilícitas y, particularmente en Poza Rica, la intervención de internos en funciones de autoridad y los cobros por extorsión y sobornos, condiciones que la CNDH identificó durante la supervisión del sistema penitenciario estatal.

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