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XALAPA.- Luego de que se ampliara el plazo para continuar con la investigación complementaria dentro del proceso penal que enfrenta por el presunto desvÃo de recursos federales por un monto de 5 millones de pesos, el juicio contra Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, se perfila para realizarse en 2027. Duarte permanece bajo prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, como parte de la causa penal relacionada con un presunto peculado por 5 millones de pesos. Durante una audiencia celebrada el 24 de septiembre de 2026, se autorizó una prórroga para la investigación complementaria, cuyo nuevo plazo vence el 24 de diciembre. Con esta ampliación, la etapa previa al juicio se prolongará y el inicio del juicio oral contra Javier Duarte podrÃa ocurrir hasta mediados de 2027, aunque el proceso todavÃa puede tener modificaciones derivadas de las decisiones judiciales. Duarte fue detenido en Guatemala en 2017 y posteriormente extraditado a México, donde fue sentenciado a 9 años de cárcel en otro proceso por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilÃcita. En este nuevo procedimiento, Javier Duarte mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal. Aunque el juicio podrÃa llevarse hasta 2027, la permanencia de Javier Duarte en prisión no necesariamente tendrÃa que prolongarse hasta esa fecha. Su defensa puede solicitar ante el juez una revisión de la prisión preventiva justificada y plantear que existen medidas cautelares menos restrictivas que permitan garantizar su comparecencia durante el proceso, como la presentación periódica, la prohibición de salir del paÃs o el uso de un dispositivo de localización. Sin embargo, la petición tendrÃa que ser valorada por el juez, particularmente ante el antecedente de que el exgobernador se dio a la fuga en 2016 y fue detenido en Guatemala en 2017. La defensa del exgobernador sostiene que Duarte no se apropió de recursos públicos y ha promovido diversos recursos legales para controvertir las decisiones adoptadas dentro del proceso. El caso corresponde a hechos atribuidos a su administración como gobernador de Veracruz, entre 2010 y 2016.
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